El gobierno tendrá que comenzar a pagar la deuda que ha acumulado con el sistema de pensiones a partir de 2027, cuando termine el período de gracia establecido con la reforma previsional de 2023, una situación que podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas y que la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) identifica como uno de los riesgos que podrían provocar que disminuya la calificación crediticia de El Salvador.

Lo anterior debido a que, solo en intereses, el gobierno se enfrentaría a un total de hasta $2,400 millones en pagos pendientes desde que entró en vigencia la reforma anterior, incluyendo los intereses de 2027. Esta suma, según la firma, representarían hasta un 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Según la misma agencia crediticia, el período de gracia le permitió al gobierno «ahorrarse» hasta $500 millones anuales en pagos de intereses desde 2023.

En este sentido, calificadora confirmó recientemente la nota de El Salvador en B- para la deuda de largo plazo y B para la de corto plazo, con una perspectiva estable, lo que en síntesis podría interpretarse como algo positivo si se compara con las notas que tuvo el país en años anteriores; No obstante, también advirtió que podría reducirla durante el próximo año si las finanzas públicas vuelven a deteriorarse por el riesgo de que existan dificultades para cumplir estas obligaciones con el sistema previsional.

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«Podríamos reducir nuestras calificaciones de El Salvador durante el próximo año si una reversión notable del reciente fortalecimiento fiscal aumenta la probabilidad de un impago soberano al acercarse al final del periodo de gracia de la deuda con los fondos privados de pensiones nacionales», señaló S&P en su análisis más reciente.

En términos más sencillos, el gobierno ha tenido durante cuatro años un alivio en los pagos de esta deuda, ya que desde abril de 2023 no ha tenido que pagar ni capital ni intereses por los nuevos Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los instrumentos con los que obtiene recursos de los ahorros de los trabajadores para financiar el pago de las pensiones del sistema público. Ese período terminará en 2027, por lo que el Estado deberá comenzar a hacer frente a esos pagos.

El problema es que la deuda ha seguido creciendo mientras esos pagos han estado suspendidos ya que, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda previsional pasó de un monto de $8,444.62 millones en enero de 2023 a $11,714.38 millones en julio de 2026, un aumento de $3,269.76 millones en 41 meses, equivalente a un crecimiento de 38.7 % y a un promedio de $79.75 millones que se suman a dicha deuda cada mes.

De hecho, solo entre enero y julio de este año, la deuda ha aumentado en hasta $380.93 millones, al pasar de $11,333.45 millones a $11,714.38 millones en siete meses, lo que refleja un crecimiento de 3.4 %. Esto significa que, en lo que va de 2026, la deuda aumentó, en promedio, $54.42 millones cada mes.

Algo que cabe señalar es que el BCR ha modificado algunos de los montos relacionados con esta deuda, por lo que difieren de los reportados en notas periodísticas anteriores. Según la entidad, estas cifras son preliminares debido a que, desde 2025, está realizando un proceso de conciliación de cifras junto con el Ministerio de Hacienda.

Aun así, la llegada de 2027 significa que el gobierno tendrá que atender una deuda mucho mayor que la que existía cuando comenzó el período de gracia, además de asumir nuevamente el pago de intereses. S&P señala que esta situación será uno de los principales retos para las finanzas públicas durante el próximo año y advierte que también podría bajar la calificación si el país pierde acceso a fuentes de financiamiento o si realiza una operación de deuda que implique que quienes le prestaron dinero reciban menos de lo que se les debe.

Esta presión sobre las cuentas públicas se avecina mientras el gobierno busca reducir el déficit fiscal y estabilizar las finanzas del país y, de hecho, el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por hasta $1,400 millones, forma parte de ese esfuerzo e incluye una serie de compromisos enfocados en las cuentas estatales, además de una reforma al sistema de pensiones que el gobierno se comprometió a presentar como parte del programa con el Fondo.

Sin embargo, dicha propuesta de reforma debió haberse presentado a más tardar el 10 de febrero de este año, pero a la fecha no se ha conocido ningún proyecto de ley relacionado con ello. Aun así, el FMI considera que una modificación al sistema es necesaria para reducir el ritmo al que aumenta la deuda de pensiones y para hacer que el sistema sea sostenible en el largo plazo.

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También hay mejorías

A pesar de las presiones que se acercan para las arcas del Estado, S&P también reconoce que las cuentas del gobierno han mejorado en comparación con ejercicios anteriores. Por ejemplo, la agencia destaca que los ingresos públicos aumentaron en los últimos años y que el gobierno consiguió un resultado positivo antes del pago de intereses de la deuda en 2025, una situación que espera que continúe durante este año.

La calificadora también considera que el país tiene actualmente más opciones para conseguir financiamiento, entre ellas los organismos internacionales, los inversionistas nacionales y los mercados internacionales. En este escenario, el acuerdo con el FMI adquiere especial relevancia porque, además de los recursos que puede aportar, establece medidas para ordenar las cuentas públicas y reducir las necesidades de financiamiento del gobierno.