Mirian Arely T. deberá comparecer en un juicio bajo cargos de estar involucrada en una operación informática para sustraer dinero de cuentas de las víctimas que participaban en una supuesta inversión en bolsa de valores, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La acusada deberá responder por el delito de estafa informática, que tiene una pena de dos a cinco años de prisión, pero que puede aumentar de cinco a ocho años si concurren agravantes.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la víctima vio en su celular un anuncio en el que se invitaba a las personas a invertir en la bolsa de valores. A cambio, el participante no solo recibiría el monto invertido, sino que también obtendría un buen porcentaje de ganancia.

Ante tal propuesta, la víctima, de 73 años y residente en Soyapango, San Salvador Este, se inscribió en una plataforma web, tal como indicaba el anuncio.

Posteriormente, la afectada recibió una llamada telefónica del exterior en la que una mujer le indicó que debía depositar $250 dólares en una cuenta para comenzar el proceso de inversión.

El 23 de mayo de 2025, la víctima hizo la operación y cinco días después recibió otra llamada telefónica internacional.

En esta ocasión, un sujeto que se hizo pasar por agente financiero le hizo crecer que su inversión inicial de $250 le había generado $46,000 dólares de ganancia.

No obstante, le manifestó que para poder recibir ese dinero debía descargar tres aplicaciones en su teléfono celular, incluida la de un banco.

La víctima siguió la indicación que el sujeto le dio. Al siguiente día, el 29 de mayo, revisó su cuenta bancaria en línea y se percató de que le habían sustraído $108 mil.

La afectada interpuso la denuncia el 30 de mayo ante las autoridades y el caso fue judicializado.

Según la investigación de la Fiscalía, dos de las aplicaciones fueron utilizadas para vulnerar el teléfono celular de la víctima, y la otra para trasladar los $108,000 a dos cuentas bancarias de la imputada. A una cuenta fueron transferidos $57,500 y a la otra, $50,500.

La FGR cuenta con documentación que comprueba ambas transferencias, así como un video de una cámara de seguridad que muestra que la imputada fue a retirar el dinero en una agencia bancaria de Santa Ana.

Inmediatamente, dice la Fiscalía, la imputada habría transferido el dinero hacia una cuenta bancaria extranjera por medio de varias transacciones que realizó en distintos comercios de Santa Ana.

Como parte de la investigación, la vivienda de la procesada, situada en Santa Ana Oeste, fue allanada por la FGR y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el 30 de marzo de 2026.

El procedimiento logró la incautación de tres teléfonos celulares, dos memorias USB, dos computadoras y una tableta, así como una libreta de una cuenta bancaria utilizada para trasladar el dinero.

Según el expediente fiscal, de estos dispositivos fue extraída prueba pericial para robustecer la investigación y lograr una condena contra la acusada.