Introducción

La muerte de cuatro periodistas holandeses en marzo de 1982, llevada décadas después a juicio penal contra tres mandos de la Fuerza Armada —el Ministro de Defensa, el Director de la Policía de Hacienda y el Comandante de la 4.ª Brigada—, exige un análisis con rigor técnico. El caso ha sido objeto de interpretaciones políticas y narrativas ideológicas que, más que esclarecer, han buscado imponer mitos. La pregunta central es: ¿hubo una emboscada o un asesinato?

Definición y contexto

Emboscada: acción militar de nivel táctico, donde un grupo se oculta para sorprender a un enemigo en movimiento. Puede ser en área (lugar específico) o en línea (a lo largo de una ruta). Puede vincularse a objetivos mayores, como interdicción de rutas o desgaste del enemigo.

La diferencia entre asesinato y muerte en enfrentamiento militar es crucial. Los periodistas que acompañan a columnas guerrilleras o militares en zonas de disputa asumen riesgos inherentes. En una emboscada, nadie está a salvo del fuego cruzado.

Permitir el ingreso de periodistas a áreas de persistencia sin advertir los riesgos constituye una irresponsabilidad grave.

Los hechos, según la Comisión de la Verdad

El informe de la Comisión de la Verdad, iniciado diez años después del conflicto y cuarenta años después de los hechos, establece: “En marzo de 1982, cuatro periodistas acompañados por seis miembros del FMLN, algunos armados, se dirigían a territorio en disputa. Cayeron en una emboscada de una patrulla del Batallón Atonal, muriendo cuatro periodistas y cuatro guerrilleros».

Esto confirma que hubo una emboscada. La responsabilidad de las FPL fue evidente al trasladar clandestinamente a los periodistas por una ruta conocida como corredor logístico de la insurgencia, vigilada permanentemente por la Fuerza Armada.

El periodista Koster mantenía reuniones con miembros del FMLN y era considerado contacto. Otro periodista había advertido sobre los riesgos. El 17 de marzo se reunieron con el “comandante Óscar” y un joven guía, único conocedor de la ruta. Tras avanzar unos 400 metros, fueron emboscados. El único sobreviviente fue Martín, quien conocía el punto de reunión y la ruta.

¿Puede afirmarse que la emboscada estaba dirigida a los periodistas? Los hechos muestran lo contrario: se trataba de un enfrentamiento en una zona de disputa.

El juicio y los implicados

Los señalados fueron vinculados al Estado Mayor Conjunto, aunque sus cargos no correspondían directamente a la operación.

• El Ministro de Defensa planifica políticas de seguridad.
• El comandante de brigada responde en el nivel estratégico.
• El Director de la Policía de Hacienda no tenía autoridad sobre esas unidades.

El juez de paz de Santa Rita, el 17 de marzo de 1982, declaró: “Tuve conocimiento de un enfrentamiento armado entre miembros del Ejército y elementos de la guerrilla en el cantón Piedras Gordas. Se encontraron ocho cadáveres con heridas de bala, armas y mochilas en el lugar”.

Esto confirma que hubo un enfrentamiento armado, no un asesinato selectivo.

Derecho internacional

El proceso omitió referencias al derecho internacional. El artículo 79 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra establece que los periodistas en zonas de conflicto armado son considerados civiles, aunque realizan misiones peligrosas.

Acompañar a una facción armada los convierte en objetivo legítimo dentro de un conflicto. La columna de las FPL era un objetivo militar legítimo para la Fuerza Armada. El FMLN, al autorizar el trabajo periodístico en esas condiciones, asumió la responsabilidad de protegerlos bajo el derecho internacional.

Argumento central

1. Existencia de la emboscada: confirmada por testimonios y documentos, no fue un asesinato dirigido específicamente contra periodistas.
2. Responsabilidad compartida: las FPL trasladaron clandestinamente a los periodistas por una ruta conocida y peligrosa.
3. Manipulación posterior: se buscó responsabilizar a mandos militares sin rigor técnico ni jurídico, ignorando el contexto de guerra.
4. Omisión del derecho internacional: el proceso ignoró normas que reconocen la peligrosidad de la misión periodística en zonas de conflicto.

Reflexión final

La verdad es incómoda: hubo una emboscada, no un asesinato selectivo. La memoria de los periodistas merece respeto, pero también exige claridad: se expusieron a riesgos inherentes a una misión peligrosa en zona de guerra. La responsabilidad de quienes los trasladaron clandestinamente es innegable.

Este caso revela cómo la verdad puede ser distorsionada por intereses políticos y narrativas ideológicas. Reconocerlo es esencial para defender la democracia y la libertad de prensa, sin caer en mitos ni manipulaciones.

General (r) de la Fuerza Armada de El Salvador.