El posible fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos mantiene altas las posibilidades de que una parte de los beneficiarios tenga que regresar al país, aunque esto no significa que el 10 de septiembre se produzca una deportación masiva o automática. Aún así, el programa está previsto para finalizar el 9 de septiembre y, mientras tanto, los permisos de trabajo vencidos que tienen solicitudes de renovación pendientes fueron extendidos hasta esa fecha.

En este escenario, el impacto sobre el mercado laboral dentro del territorio nacional dependerá de las condiciones con las que regresen los salvadoreños, según explicó el economista y exvicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Otto Boris Rodríguez, quien planteó distintos escenarios sobre su posible incorporación a la economía.

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“Buena parte va a depender de los recursos que traigan; algunos pueden optar, temporalmente, por tomarse un periodo de descanso o adaptación. No van a buscar empleo, por lo tanto, no son técnicamente desempleados”, señaló Rodríguez.

Otro grupo podría regresar con ahorros suficientes para iniciar un negocio, lo que evitaría que necesariamente busquen una plaza como trabajadores. Sin embargo, existe un tercer escenario que podría generar una mayor presión sobre el mercado laboral, el de quienes vuelvan sin recursos y necesiten encontrar rápidamente una fuente de ingresos.

“Lo que no sabemos es cuántos son los que vienen, sin nada, a buscar empleo, es difícil saberlo. Pero esos sí podrían incrementar el desempleo y también podrían incrementar la informalidad”, advirtió el economista.

La posibilidad de que una parte de los retornados termine en actividades informales se daría en un panorama salvadoreño en el que este tipo de empleo ya tiene un peso considerable. Según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2025 el 38.3% de la población ocupada en el área urbana trabaja en la informalidad, principalmente en actividades relacionadas con el comercio y las ventas en mercados.

En este sentido, esa situación es todavía más significativa si se toman en cuenta otros aspectos como la falta de cobertura de seguridad social y previsional, una condición que, de acuerdo con la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), la enfrentan hasta un 70% de los trabajadores salvadoreños, algo que es suficiente para que el organismo los considere como empleados informales.

A lo anterior se suma que el mercado laboral enfrenta una importante presencia del subempleo y bajos ingresos, según los datos de la misma EHPM 2025, la cual señala que el 33.5% de la Población Económicamente Activa urbana está en situación de subempleo, mientras que el 84.1% de los trabajadores del país gana, en promedio, menos de $435 mensuales, lo que implica que las condiciones económicas para los salvadoreños que, actualmente, están en Estados Unidos, no son las mejores en caso de un regreso masivo a su país de origen.

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En este contexto, el eventual regreso de los tepesianos podría convertirse en una presión adicional para un mercado laboral que ya tiene dificultades diversas y, además, el posible retorno de esta población se produciría mientras persiste la incertidumbre sobre su reinserción económica, tal como lo han dicho expertos en semanas anteriores, los cuales han señalado que el país no cuenta con una política pública diseñada específicamente para incorporar a trabajadores que llevan décadas desarrollándose laboralmente en Estados Unidos.

Asimismo, y más allá del impacto en el mercado laboral, la situación actual de la diáspora pone en riesgo un indicador importante para la economía del país: las remesas familiares, las cuales son un pilar clave para la economía de los hogares. Solo en el primer semestre, los salvadoreños en el exterior enviaron más de $5,000 millones a sus familias en el país por lo que, un endurecimiento en las políticas migratorias en Estados Unidos podría tener un impacto directo en esta entrada de dinero en el país.