El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que el retiro de los cargos contra Hernán López y Full Play responde a prioridades de la administración y no representa un reconocimiento de que las condenas de otros implicados fueran erróneas. Reynaldo Vásquez busca recuperar además los $360,000 que entregó al Gobierno de EE. UU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se opone a que sea revocada la condena del salvadoreño Reynaldo Vásquez, ex presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), y de otros exdirigentes sentenciados en el escándalo internacional conocido como FIFAGate.
Vásquez y otros exdirigentes (de otras federaciones) habían acudido nuevamente ante la justicia estadounidense para solicitar que sus condenas fueran anuladas y que les fuera devuelto el dinero que pagaron o entregaron como parte de sus respectivas sentencias.
La nueva disputa judicial surge después de que el Gobierno estadounidense retirara en mayo los cargos contra Hernán López, exejecutivo de 21st Century Fox, y la empresa argentina Full Play Group, dos de los involucrados en una de las causas derivadas de la investigación sobre corrupción en el fútbol internacional.
El DOJ sostiene, sin embargo, que esa decisión no implica que el Gobierno haya cambiado su posición sobre las demás condenas del caso.
De acuerdo con la posición presentada por el Departamento de Justicia, la decisión de desistir de la persecución contra López y Full Play responde a un ejercicio de discreción de los fiscales y a las prioridades de la administración estadounidense, y está limitada a esos casos.
El Gobierno estadounidense sostiene que el retiro de esas acusaciones no constituye una admisión de que las condenas anteriores hayan sido jurídicamente erróneas ni significa que exista un desacuerdo con el fondo de las investigaciones por corrupción en el fútbol.
La postura adquiere relevancia porque los abogados de otros condenados están intentando utilizar los cambios recientes en el tratamiento judicial del caso López-Full Play para cuestionar sus propias sentencias.
En mayo de 2026, la jueza federal Pamela K. Chen aceptó la solicitud del Gobierno para desestimar el proceso contra López y Full Play, después de que el fiscal federal Joseph Nocella argumentara que continuar con ese caso ya no encajaba entre las prioridades de la administración.
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La decisión se produjo después de un largo recorrido judicial: López y Full Play habían sido condenados en 2023, posteriormente Chen anuló esas condenas, pero una corte de apelaciones las restableció en 2025. Finalmente, el Departamento de Justicia decidió abandonar el proceso.
En el caso del salvadoreño Reynaldo Vásquez, la solicitud tiene además una dimensión económica.
El exdirigente pidió que le sea devuelto el dinero que entregó al Gobierno estadounidense como consecuencia de su condena: $360,000.
Vásquez se declaró culpable en agosto de 2021 de conspiración para participar en una organización criminal relacionada con el esquema de corrupción.
Según el Departamento de Justicia, admitió haber participado en el cobro de sobornos y pagos ilegales relacionados con la comercialización de derechos de transmisión y mercadeo de partidos de la selección salvadoreña.
Los fiscales estadounidenses señalaron que en 2012 Vásquez y otros funcionarios recibieron aproximadamente $350,000 en sobornos vinculados con la venta de derechos de medios y mercadeo de partidos de clasificación de El Salvador para el Mundial de 2018.
También admitió acuerdos relacionados con partidos amistosos de la selección disputados en Estados Unidos.
En septiembre de 2022, la jueza Pamela Chen lo sentenció a 16 meses de prisión y ratificó el pago de $360,000.
El llamado FIFAGate comenzó a tomar dimensión internacional en mayo de 2015, cuando autoridades estadounidenses y suizas emprendieron una investigación contra dirigentes y empresarios vinculados al fútbol internacional.
La investigación estadounidense reveló una extensa red de sobornos, lavado de dinero y esquemas para obtener derechos comerciales y de transmisión de importantes competiciones.
La causa involucró a funcionarios de FIFA, CONMEBOL, CONCACAF y federaciones nacionales, así como a empresas de marketing y medios deportivos.
En uno de los procesos, la Fiscalía estadounidense demostró que empresarios deportivos utilizaron pagos ilegales para obtener derechos de transmisión de partidos de eliminatorias mundialistas, amistosos, Copa América, Copa Libertadores y otros torneos.
El Departamento de Justicia ha señalado que la investigación generó cargos contra más de 50 personas de más de 20 países, con decenas de declaraciones de culpabilidad y condenas en juicio.
Vásquez no es el único que intenta aprovechar el nuevo escenario jurídico.
Entre los nombres vinculados a las solicitudes aparecen Juan Ángel Napout, expresidente de la CONMEBOL; Alfredo Hawit, exdirigente de la Federación Hondureña de Fútbol; Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y los representantes de la sucesión del fallecido exdirigente brasileño José María Marín.
Eduardo Li, por ejemplo, solicitó recientemente la anulación de su condena y la devolución de aproximadamente $668,000 que había entregado como parte de su proceso.
Marín, quien fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, había sido condenado a cuatro años de prisión y a pagar $3.3 millones en decomiso y una multa de $1.2 millones. Posteriormente obtuvo libertad por razones humanitarias debido a su edad y estado de salud.
El caso de Hernán López y Full Play se convirtió en un punto de referencia para las nuevas solicitudes debido a las discusiones sobre el alcance de las leyes estadounidenses utilizadas para perseguir determinados esquemas de corrupción cometidos fuera de Estados Unidos.
En 2023, la jueza Chen había anulado las condenas de López y Full Play al considerar que decisiones recientes de la Corte Suprema estadounidense habían limitado el alcance de las normas utilizadas para procesarlos. Una corte de apelaciones posteriormente revirtió esa decisión.
Ahora, los abogados de otros condenados pretenden que esos antecedentes tengan consecuencias sobre sus propios casos.
El Departamento de Justicia, por el contrario, sostiene que cada procesamiento debe analizarse de manera individual y que su decisión de retirar el caso contra López y Full Play no obliga a revocar las demás condenas.
La jueza Pamela K. Chen dio a los exdirigentes un plazo para responder a la posición del Gobierno estadounidense.
Por ello, la condena de Vásquez continúa vigente por ahora y la solicitud para recuperar los $360,000 todavía debe ser resuelta.
Los exdirigentes aún pueden presentar argumentos adicionales ante la jueza y, dependiendo de la decisión que adopte el tribunal, el litigio podría continuar ante instancias superiores.
Más de una década después de que el FIFAGate sacudiera al fútbol mundial, sus consecuencias judiciales todavía están lejos de terminar.
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