El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 15 años y seis meses de prisión a cada uno de los 20 procesados por el delito de extorsión agravada, cometido contra una persona que contaba con régimen de protección.

Los hechos comenzaron en 2019, en Lourdes, distrito de Colón, La Libertad Oeste, donde los ahora condenados exigían a la víctima el pago de $100 mensuales bajo la amenaza de atentar contra su vida si no cumplía con las entregas.

Durante el proceso judicial se estableció que los involucrados tenían diferentes niveles de participación dentro de la estructura extorsiva. Cada uno cumplía determinadas funciones para ejecutar las amenazas, coordinar las exigencias y recolectar el dinero.

Los condenados son Max Darwin Rodríguez Donis, Bladimir Isaac Duarte, Noé Antonio Fuentes Sánchez, Ismael Isaac Ramírez Henríquez, Nahun Ernesto Ávalos Navarro, Carlos Alejandro Morales Palacios, Obdulio Flores Arévalo, René Alberto Palacios Reyes, José Elder Díaz González, Jairo Adonay Molina Paz, José Eduardo Cardona Cardona, Óscar Armando Shunico Shunico, Jairo Josué Alberto Ayala, Francisco Alberto Castellanos Luna, William Alfredo Criollo Sibrián, José Reynaldo Landaverde García, Edwin Mauricio García Valle, César Alexander Amaya Mendoza, Edwin Alexander Ramírez Peraza y Casimiro Oswaldo Maravilla Mancía.

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Tres condenados por participar en el cobro de una extorsión

En otro caso, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso 15 años de prisión a Hugo Alexander Torres Ramos, Karla Julissa Torres Hernández y al imputado rebelde Julio Antonio Recinos Mejía, por el delito de extorsión agravada.

El caso se remonta al 7 de abril de 2015, cuando un empleado de una víctima fue interceptado en el distrito de San Marcos por un sujeto que le entregó un papel con un número telefónico y amenazas dirigidas contra su empleador.

Al día siguiente, la víctima llamó al número y el interlocutor aseguró pertenecer a la pandilla 18. Le exigió $300 cada 15 días a cambio de no atentar contra su vida, la de sus familiares, sus empleados y su patrimonio.

La víctima explicó que no podía pagar esa cantidad y logró negociar el monto hasta $150.

Posteriormente, interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió realizar varias entregas controladas.

De acuerdo con lo establecido en el juicio, el 7 de septiembre de 2015 los ahora condenados participaron en la recolección del dinero exigido.

Diez años de prisión por extorsión mediante una cuenta bancaria

En Santa Ana, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 10 años de prisión a Claudia Estefany Navas Pastrán por el delito de extorsión y le impuso además el pago de $400 en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2025, cuando la víctima recibió una llamada telefónica mientras se encontraba en su vivienda, en el distrito de Santa Ana.

Un sujeto le aseguró que había privado de libertad a su hermano y a su madre y le exigió $1,500 para no atentar contra sus vidas.

Ante la imposibilidad de reunir esa cantidad, la víctima negoció con los extorsionistas y acordó entregar $400.

Para realizar el pago, le proporcionaron un número de cuenta bancaria registrado a nombre de Claudia Estefany Navas Pastrán, por lo que la víctima efectuó el depósito solicitado.

La supuesta privación de libertad nunca ocurrió

Después de realizar la transferencia, la víctima regresó a su vivienda y recibió una llamada de su madre, quien le confirmó que tanto ella como su hermano se encontraban bien y que nunca habían sido privados de libertad.

La madre explicó que ambos habían sido contactados previamente por una persona que les ofreció la venta y entrega de frutas.

Sin embargo, mientras recibían indicaciones para llegar al supuesto lugar de encuentro, fueron conducidos hacia una zona cada vez más desolada. Ante la situación, decidieron regresar y acudir a una delegación policial.

Los tres casos forman parte de los procesos judiciales por extorsión agravada y extorsión que han llegado a sentencia en los tribunales salvadoreños.

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