La deuda pública del país ha crecido de forma bastante acelerada en los últimos años, puntualmente, en un promedio de hasta $171 millones cada mes, de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR), los cuales apuntan que, entre enero de 2020 y mayo de 2026, el total de los compromisos financieros del gobierno pasó de $21,631.67 millones a $34,630.96 millones.

Lo anterior se traduce en un incremento de $12,999.2 millones, una suma que es bastante significativa, sobre todo, por el contexto actual: el gobierno necesita disminuir esas presiones sobre sus finanzas de cara a encontrar sostenibilidad en sus cuentas, algo que ha asumido como compromiso en el marco de un Programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), es decir, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitirá acceder al gobierno a $1,400 millones con el fin de estabilizar situación fiscal.

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De hecho, el FMI señaló en el anuncio del acuerdo alcanzado con el país que la meta era (y sigue siendo) disminuir la proporción que la deuda pública tiene con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño, la cual situó en un 85% del PIB al cierre de 2024.

Lo anterior significa que, al cierre de ese año, el país debía hasta $85 de cada $100 producidos, lo que se traduce en una situación insostenible en la que los compromisos de deuda superan por mucho la capacidad del gobierno de generar ingresos. Aun así, el FMI espera que para el 2029 esa proporción de la deuda/PIB caiga hasta un máximo de 81%.

En este sentido, si se toman los datos oficiales del BCR con respecto al cierre de 2025, en el que PIB nacional cerró con $36,708.1 millones y la deuda pública total alcanzó los $33,807.11 millones, se podría concluir, de manera preliminar, que la relación deuda/PIB se situó en más del 92%, algo que coincide con los análisis publicados por algunas firmas como Fitch Ratings, las cuales también prevén que, tras el cumplimiento de los compromisos con el FMI, la deuda pública salvadoreña podría bajar hasta un 87.4% del PIB en 2026, y a un 85.2% en 2027.

En febrero de 2025, el Fondo explicaba en una nota de prensa que «El Salvador sigue afrontando profundos desequilibrios macroeconómicos, derivados de un elevado endeudamiento y débiles colchones externos y financieros, así como de obstáculos a la inversión y la productividad. El programa económico de las autoridades, respaldado por un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo, tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa, creando al mismo tiempo las condiciones para un crecimiento más fuerte y más inclusivo».

Dentro del programa, tal como han reportado diversos medios internacionales, como la AFP, se ha implementado un ajuste fiscal desde el año pasado que incluye, entre varias cosas, el despido de miles de empleados públicos con el fin de reducir la masa salarial y, con ello, el gasto público. Sin embargo, la deuda y las necesidades de financiamiento del gobierno se mantienen altas, sobre todo por el lado de las pensiones.

Con respecto a esto último, del gran total de deuda pública que acumula el país, hasta $11,567.3 millones corresponden a la deuda previsional que el gobierno obtiene de forma interna con los fondos de pensiones de los trabajadores del sector privado, quienes cotizan a través de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y las cuales, a su vez, están obligadas a adquirir los Certificados de Obligación Previsional (COP).

Estos COP, por su parte, son destinados a, precisamente, inyectar liquidez al aparato público, con el fin de que haya capacidad para pagar las pensiones de los trabajadores del sector público que se jubilaron en el sistema previsional anterior a las AFP.

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El tema de las pensiones también es algo clave dentro del acuerdo con el FMI, ya que la alta dependencia que el gobierno tiene con estos fondos ha provocado que el sistema sea, en sí mismo, cada vez más insostenible si no realizan reformas estructurales críticas que eviten un colapso. Por ello, el país debió presentar una propuesta de reforma al sistema previsional en febrero de este año, sin embargo, aún no ha presentado dicha reforma y tampoco se han conocido mayores datos sobre el avance del SAF.

No obstante, y pese a la incertidumbre por una posible ruptura del acuerdo debido a los atrasos en el cumplimiento de los compromisos, el propio FMI confirmó recientemente que el programa sigue en pie y que «hay grandes avances hacia la finalización de las próximas revisiones del acuerdo», las cuales debieron haberse completado en septiembre de 2025 y en marzo de 2026.