Medidas pendientes que sitúan al país en mora ante la Justicia Interamericana
Casos como el de Beatriz, Manuela y la Masacre de El Mozote continúan bajo la supervisión del tribunal internacional ante el retraso en indemnizaciones, reformas legales e investigaciones penales
Monumento sobre la masacre de El Mozote. Foto EDH/Archivo.
El Estado de El Salvador continúa bajo el escrutinio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El organismo internacional mantiene un seguimiento riguroso sobre el cumplimiento de las sentencias emitidas en casos emblemáticos que abarcan desde vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, hasta graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado o fallos del sistema judicial.
Aunque el tribunal interamericano ha dado por concluidas o cumplidas algunas medidas operativas y económicas de carácter puntual, la lista de obligaciones pendientes revela deudas estructurales en materia de reformas legales, garantías de no repetición e investigaciones penales para sancionar a los responsables.
Salud materna y derechos reproductivos: los casos de Beatriz y Manuela
En el Caso Beatriz y otros Vs. El Salvador, la Corte IDH supervisa de cerca las garantías para que el personal médico y judicial cuente con directrices claras al atender embarazos que pongan en riesgo la vida y salud de las mujeres.
El Estado tiene pendiente:
La emisión o adecuación de protocolos normativos que brinden seguridad jurídica en la atención médica de estos casos.
Programas permanentes de capacitación y sensibilización dirigidos al personal hospitalario y operadores de justicia.
Tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico gratuito para la familia de Beatriz, además del pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
Entre las medidas declaradas totalmente cumplidas en este proceso figura el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Por su parte, el Caso Manuela Vs. El Salvador contempla una amplia lista de repararaciones pendientes. El Estado aún no realiza el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, ni ha concretado la entrega de becas de estudio para los hijos de Manuela. En el ámbito normativo, siguen pendientes:
La regulación del secreto profesional médico y la confidencialidad del expediente clínico.
La creación de protocolos para emergencias obstétricas y la adecuación de la dosimetría de la pena para el delito de infanticidio.
Programas de educación sexual e integral, así como la adecuación de las normas sobre prisión preventiva.
En el Caso Cuéllar Sandoval y otros, la justicia internacional exige la continuidad en la búsqueda de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, así como avances en las investigaciones penales. Además, el Estado debe modificar el «Monumento a la Memoria y la Verdad», reglamentar la Ley del Banco de Datos de ADN y asegurar la autonomía de la Comisión Nacional de Búsqueda (CONABÚSQUEDA).
Respecto al Caso Rochac Hernández y otros, relativo a la desaparición forzada de niños durante la guerra, la Corte destacó avances importantes: se concluyó la supervisión de la búsqueda de José Adrián Rochac Hernández —quien fue localizado y decidió mantener su identidad actual— y se dio por cumplida la construcción del «jardín museo». No obstante, la supervisión continúa activa para determinar el paradero de Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, además de completar el pago de indemnizaciones y el acceso público a los archivos del conflicto.
Garantías judiciales: el Caso Ruano Torres
El expediente de José Agapito Ruano Torres y otros expuso fallas históricas en el sistema de defensa pública y aprehensiones arbitrarias.
Si bien El Salvador cumplió con la colocación de una placa en la sede de la Unidad de Defensoría Pública para concientizar al personal y realizó las publicaciones de ley, mantiene deudas de fondo:
Investigar y sancionar los tratos crueles o tortura sufridos por Ruano Torres.
Determinar las responsabilidades de los defensores públicos que actuaron en su perjuicio.
Dejar sin efecto todos los antecedentes penales y policiales derivados del proceso irregular.
Otorgar becas universitarias o técnicas a la víctima y a sus familiares, junto a la adopción de controles estrictos en la selección de la defensa pública.
Masacre de El Mozote, durante el conflicto armado en El Salvador. Foto EDH/Archivo.
El Mozote y Contreras: los vacíos de justicia y reparación que El Salvador no logra cerrar
A más de una década de emitidas las sentencias continentales por las mayores atrocidades del conflicto armado salvadoreño, el Estado de El Salvador continúa arrastrando un importante nivel de incumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Un balance de las resoluciones de supervisión dictadas por el tribunal evidencia que, aunque se han cerrado capítulos formales —como la nulidad de la Ley de Amnistía o la creación de piezas audiovisuales y simbólicas—, las deudas de fondo sobre investigación penal, búsqueda de desaparecidos e indemnizaciones a sobrevivientes siguen abiertas.
El caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños encabeza las alertas del tribunal interamericano. En sus resoluciones de seguimiento, la Corte IDH ha llamado la atención sobre el vencimiento de los plazos para resarcir económicamente a las víctimas, urgiendo al Estado a aplicar un «criterio reforzado de celeridad», dada la avanzada edad y extrema vulnerabilidad de los sobrevivientes.
El análisis sobre el grado de acatamiento del Fallo de El Mozote muestra un claro contraste entre los compromisos de forma y la justicia efectiva. Entre las medidas declaradas cumplidas figuran:
La inaplicabilidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz como obstáculo de juzgamiento.
La realización y difusión del documental audiovisual oficial sobre la masacre.
La implementación de programas obligatorios sobre derechos humanos para los miembros de la Fuerza Armada.
Las publicaciones oficiales y la devolución de costas procesales.
Sin embargo, los ejes centrales de la sentencia continúan en la lista de reparaciones pendientes:
Atraso en indemnizaciones: La Corte constató que el plazo de cinco años fijado para resarcir a las víctimas venció en diciembre de 2017. A la fecha de revisión, el Estado aún debe la indemnización total a 437 víctimas ejecutadas (y el pago parcial de una más), a 5 víctimas sobrevivientes y a 4 familiares de ejecutados, además de los intereses moratorios acumulados por los retrasos.
Junto al compromiso financiero, el Estado salvadoreño tiene pendiente juzgar a los autores materiales e intelectuales de la matanza, investigar a los funcionarios que obstaculizaron las investigaciones en las últimas décadas, garantizar el presupuesto del Registro Único de Víctimas y ejecutar un plan riguroso de exhumaciones, desarrollo comunitario, vivienda y atención en salud integral en El Mozote, Joya, Los Toriles, Ranchería, Jocote Amarillo y Cerro Pando.
Caso Contreras y Hermanas Serrano Cruz: la búsqueda pendiente de la niñez desaparecida
La desaparición forzada de niñas y niños durante las operaciones militares del conflicto armado constituye otra herida abierta donde la supervisión de la Corte IDH permanece activa.
En el Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, la Corte valoró como cumplidos aspectos simbólicos y de reparación individual, tales como:
La restitución de la identidad y nombre de Gregoria Herminia Contreras.
La determinación del paradero de Serapio Cristian Contreras y José Rubén Rivera Rivera.
La asignación de nombres de las víctimas a tres centros escolares del sistema público.
El acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Pese a ello, el Estado sigue sin determinar el paradero de Julia Inés Contreras, Ana Julia Mejía Ramírez y Carmelina Mejía Ramírez. Además, no se ha producido el documental sobre la niñez desaparecida y la labor de la Asociación Pro-Búsqueda, ni se han establecido las garantías técnicas para el acceso público y sistematizado a los archivos militares y estatales del conflicto armado.
También persiste un pago pendiente de intereses moratorios a favor de las víctimas e instituciones representantes.
Un panorama similar se reporta en el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, donde, a pesar de haberse establecido el día nacional de la niñez desaparecida y realizado el acto público de desagravio, el Estado aún no ha presentado resultados efectivos en la investigación para dar con el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, ni ha concretado la consolidación del sistema de información genética para la filiación de los reencontrados.
Caso García Prieto: violencia de posguerra sin esclarecer
El monitoreo de la Corte IDH abarca también crímenes ocurridos tras la firma de los Acuerdos de Paz. En el Caso García Prieto y otro Vs. El Salvador, relativo al homicidio del joven Ramón Mauricio García Prieto en 1994 y los posteriores actos de hostigamiento contra sus padres, el tribunal registra el cumplimiento del pago de indemnizaciones y las publicaciones legales.
No obstante, el punto medular del fallo continúa incumplido: el Estado no ha concluido en un plazo razonable las investigaciones penales para sancionar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales del homicidio, ni de las amenazas contra la familia García Prieto Giralt, manteniendo el caso en una impunidad parcial.
