PEDIDO A LA MINISTRA. Un cartel artesanal dirige un mensaje directo a la Ministra de Educación. Los padres denuncian que sus hijos están faltando a la escuela debido a la falta de agua en las viviendas, lo que impide un aseo básico. Foto EDH/ Jessica Orellana
Con reportes de Jessica Orellana
Residentes de las comunidades Valle Verde 1 y 2 realizaron este viernes una concentración frente al Centro Escolar Valle Verde para denunciar la persistente falta de agua potable que, según afirman, afecta desde hace años a cientos de familias y ha comenzado a impactar la asistencia de los estudiantes, las condiciones sanitarias de los hogares y la salud de la población.
Durante la actividad, madres de familia, líderes comunitarios y habitantes exigieron una solución definitiva al problema y cuestionaron el servicio brindado por la empresa AMPO, responsable del suministro en la zona, mientras reclamaron una intervención más activa de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Cabe recordar que en la zona el servicio de agua corresponde a la empresa Administradora de Pozos, S.A. de C.V. (AMPO).
CLAMOR DE UNA ABUELA. Una mujer mayor levanta los brazos al cielo exigiendo agua potable. Los residentes denuncian que pagan por un servicio que no reciben, mientras los recibos por un servicio inexistente siguen llegando puntuales. Foto EDH/ Jessica Orellana
Con consignas como «Fuera AMPO» y llamados al presidente Nayib Bukele y a la primera dama Gabriela de Bukele, los habitantes señalaron que la escasez de agua los obliga a depender de la lluvia, del abastecimiento mediante pipas y de la compra de agua para consumo y uso doméstico.
«Los niños se están enfermando constantemente. Estamos agarrando agua de lluvia, hay muchos zancudos y ya no hallamos qué hacer», expresó Zulema García durante la concentración.
La protesta se realizó frente a la escuela de la comunidad debido a que, según los organizadores, la falta de agua en los hogares ha provocado dificultades para que algunos estudiantes asistan regularmente a clases.
Familias aseguran que pagan recibos sin recibir servicio constante
Nuria Majano, residente de la zona, afirmó que el servicio llega de forma irregular y que, pese a ello, continúan recibiendo facturación.
«Cada diez días nos cae un poquito de agua y el recibo viene alto. Pagamos alrededor de $9.71, pero además tenemos que comprar agua para tomar y para las necesidades básicas», señaló.
Según la habitante, una familia puede gastar entre $10 y $12 semanales en la compra de agua, sin contar el costo adicional de contratar pipas cuando estas están disponibles.
Majano sostuvo que la situación afecta directamente a los estudiantes, ya que muchos hogares no cuentan con suficiente agua para el aseo personal o para lavar uniformes escolares.
EL CLAMOR COMUNITARIO INICIAL. Residentes de Valle Verde 1 y 2 sostienen una gran manta exigiendo la expulsión de la empresa privada AMPO. La comunidad denuncia llevar dos mes sin agua potable, afectando su calidad de vida y economía.. Foto EDH/ Jessica Orellana
«El agua es un derecho y ese derecho se lo están violando a los niños», manifestó.
Norma González coincidió en que la crisis repercute especialmente en la niñez y pidió apoyo de las autoridades nacionales.
«Los niños tienen derecho a jugar, ensuciarse y lavarse las manos. A veces nosotros mismos les negamos cosas porque nos cuesta estar comprando agua o jalándola. No es justo», expresó.
«La situación cada día empeora»
Oseas Menéndez, uno de los representantes comunitarios, aseguró que los habitantes llevan años escuchando promesas sobre una transición del sistema hacia ANDA sin que hasta ahora exista una solución concreta.
«Nos dijeron que en julio se retiraban y que estaban en proceso de transición con ANDA, pero no hemos visto nada claro. Ya pasó otro mes y seguimos igual», afirmó.
El dirigente explicó que Valle Verde 1 y 2 comprende aproximadamente 60 pasajes y que el abastecimiento mediante pipas se ha reducido en los últimos meses.
«Antes llegaban entre ocho y nueve pipas. Ahora hemos contado hasta tres diarias. A veces el agua nos llega cada diez días y ya no da abasto para toda la comunidad», indicó.
Meléndez señaló que muchas familias han improvisado sistemas para recolectar agua de lluvia utilizando láminas, barriles y recipientes de almacenamiento.
«Para nosotros que llueva es un alivio. Si pasan tres días sin lluvia, vuelve la preocupación porque el agua se acaba», dijo.
También afirmó que los habitantes han solicitado jornadas de fumigación debido a la proliferación de zancudos, pero aseguran no haber recibido respuesta.
Madres denuncian dificultades para enviar a sus hijos a clases
Durante la actividad, varias madres relataron que la escasez de agua ha complicado la rutina escolar de sus hijos.
Katia Fuentes aseguró que algunos padres enfrentan dificultades para mantener limpios los uniformes y garantizar condiciones adecuadas de higiene para que los estudiantes asistan a clases.
La habitante también señaló que la acumulación de agua en recipientes y las limitaciones para realizar labores de limpieza favorecen la proliferación de insectos y generan preocupación entre las familias.
Por su parte, Abigail Hernández, representante comunitaria, pidió la intervención de la Primera Dama y del Ministerio de Educación para atender la situación.
«Hago un llamado a Gabriela de Bukele y a la ministra de Educación porque los niños están siendo afectados. Muchos faltan a clases porque los padres no tienen agua para lavar los uniformes o para atender sus necesidades básicas», expresó.
Los habitantes insistieron en que su reclamo responde a una necesidad comunitaria y no a intereses políticos.
«Aquí no estamos politizando nada. Lo que estamos pidiendo es una solución para las familias y para los niños», sostuvo Hernández.
El 25 de junio pasado, Eduardo Alejandro Orellana Cuenca, representante legal de la Administradora de Pozos, S.A. de C.V. (AMPO), empresa que provee el servicio en la zona desde 2006, anunció una posible transición del sistema hacia el Estado.
Según Orellana Cuenca, la falta absoluta de agua reportada por los habitantes en las últimas semanas responde a un evento técnico fortuito e impredecible: la quema de la bomba sumergible, el motor y el cableado del pozo número 1, el cual abastece al 60% de la urbanización.
En declaraciones a este medio, comentó que este daño a severas fluctuaciones y «choques eléctricos» en la red de energía de la zona de Apopa. Reparar este sistema, de acuerdo con la empresa Hidrotec, requiere una inversión inmediata de $40,000 dólares, fondos con los que la distribuidora privada no cuenta debido a deudas arrastradas desde la pandemia de COVID-19 y a una abultada mora de los usuarios que asciende a $57,000 dólares.
