Detrás de los chorros secos en las colonias Valle Verde 1 y 2 existe una compleja red de factores técnicos, financieros y sociales que van más allá de una simple falla administrativa. Así lo afirmó el licenciado Eduardo Alejandro Orellana Cuenca, representante legal de la Administradora de Pozos, S.A. de C.V. (AMPO), empresa que provee el servicio en la zona desde 2006, quien respondió a las quejas de desabastecimiento total hechas por los residentes y anunció una posible transición del sistema hacia el Estado.

Según Orellana Cuenca, la falta absoluta de agua reportada por los habitantes en las últimas semanas responde a un evento técnico fortuito e impredecible: la quema de la bomba sumergible, el motor y el cableado del pozo número 1, el cual abastece al 60% de la urbanización.

El representante atribuyó este daño a severas fluctuaciones y «choques eléctricos» en la red de energía de la zona de Apopa. Reparar este sistema, de acuerdo con la empresa Hidrotec, requiere una inversión inmediata de $40,000 dólares, fondos con los que la distribuidora privada no cuenta debido a deudas arrastradas desde la pandemia de COVID-19 y a una abultada mora de los usuarios que asciende a $57,000 dólares.

Un manto acuífero sobreexplotado

El vocero de AMPO desmintió que la escasez sea un problema nuevo o exclusivo de su gestión, catalogando la crisis como un fenómeno estructural. Orellana explicó que en los últimos años la demanda en Valle Verde casi se duplicó, pasando de 9,000 habitantes a más de 15,000 en el año 2025.

A este crecimiento poblacional se suma la perforación de pozos masivos y profundos a menos de 200 metros de la zona por parte de grandes comercios y la misma Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

«Ellos jalan agua a 1,000 pies de profundidad con infraestructura monumental. Los pozos de AMPO operan apenas a 560 y 610 pies. El manto freático de Apopa disminuyó drásticamente; antes llenábamos un tanque de 600 metros cúbicos en cuatro horas, hoy requerimos hasta 8 o 10 horas de espera para la recarga del pozo», detalló el representante legal.

Conexiones ilegales, «achicadoras» y distorsión de cifras

Al ser confrontado con las quejas vecinales sobre la pérdida progresiva de presión en los pasajes, Cuenca señaló directamente el uso de «achicadoras» (bombas caseras de succión) por parte de los mismos habitantes, un problema respaldado por estudios que ellos han realizado.

«Tenemos denuncias con nombres y fotografías de 700 personas que usan estas bombas de succión. Cuando un vecino en la casa 8 activa una achicadora, rompe la presión hidráulica de toda la tubería y deja sin una sola gota a las casas del final del pasaje. Las achicadoras destruyen la red y contaminan», argumentó.

Asimismo, calificó de «dato falso» (fake) la cifra de 2,000 familias afectadas que sostienen los manifestantes. Según los registros contables y el software de la empresa, la urbanización cuenta con 2,647 viviendas, de las cuales solo 1,700 son clientes activos a los que se les facturará, existiendo un remanente de más de 640 casas con conexiones presuntamente ilegales o perfiles de hurto de fluido.

Respecto al cobro de $1.10 en concepto de «Canon ASA» en los recibos, aclaró rotundamente que no se trata del traslado de ninguna multa a los usuarios, sino del cobro de tarifa por metro cúbico extraído que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) exige legalmente a la administradora privada.

Negociación de salida y una transición ordenada

El panorama político y el «acoso sistemático en redes sociales» han llevado a la junta directiva de AMPO a tomar una decisión drástica: la empresa prepara su salida definitiva de Valle Verde.

Orellana Cuenca confirmó que mantiene mesas de trabajo activas con delegados de la ASA, la Fiscalía General de la República (FGR) y las juntas de agua locales para ejecutar una transición ordenada el próximo mes de julio, donde el Estado o la propia comunidad asuman el control de los pozos.

«Nosotros nos vamos a salir de ahí. No queremos problemas con nadie. Le estamos heredando a la comunidad un sistema formal, con balances al día en el CNR y controles mensuales de potabilidad avalados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, para que el sistema funcione en el futuro, el Estado tendrá que invertir en profundizar los pozos a 1,000 pies e instalar micromedidores a toda la población, algo a lo que la gente siempre se opuso», concluyó Orellana.

Respecto a las denuncias de los habitantes sobre el suministro de agua sucia y con lodo en los breves momentos en que se activa el servicio, Orellana Cuenca enfatizó que la empresa mantiene un control estricto de potabilidad. El representante legal aseguró que el Ministerio de Salud, a través de la unidad de salud de Popotlán, realiza mensualmente análisis de laboratorio a las muestras extraídas de los pozos de AMPO para verificar la calidad del recurso. Asimismo, catalogó como parte de una «campaña de desprestigio en redes sociales» las acusaciones de insalubridad vertidas por sectores de la comunidad, aunque reconoció que las averías mecánicas y el uso de bombas succionadoras caseras suelen alterar la dinámica y la pureza del flujo dentro de la red interna de tuberías.

Finalmente, el representante legal aseguró que presentará ante la junta directiva de la empresa la posibilidad de aplicar un descuento o compensación en la próxima facturación para aquellos usuarios que demuestren no haber recibido el recurso debido al colapso del motor, buscando aminorar las tensiones sociales en la urbanización.

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