El Gobierno salvadoreño sigue incrementando sus reservas de Bitcoin, una estrategia que mantiene prácticamente sin cambios desde que el presidente Nayib Bukele anunció las primeras compras de la criptomoneda en 2021 y que continúa incluso después de que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligara al país a reducir la participación estatal en las actividades vinculadas con este activo digital.

Los registros de la Oficina Nacional de Bitcoin muestran que la reserva estatal asciende actualmente a más de 7,715 Bitcoins (BTC), valorados en hasta $489.06 millones según el precio de la criptomoneda hasta la noche de ayer miércoles, luego de la incorporación de las compras del último mes.

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Las transacciones públicas de la billetera estatal reflejan, de hecho, que durante los últimos días se ha comprado un Bitcoin cada jornada, con operaciones que han oscilado entre los $61,840 y $64,942, dependiendo del precio al momento de la compra.

No obstante, la continuidad de esta estrategia va contra los compromisos que asumió en su momento el gobierno dentro del programa de financiamiento por $1,400 millones acordado con el FMI, el cual contempla una reducción del involucramiento estatal con las operaciones relacionadas con Bitcoin, incluyendo que dicha reserva se mantenga sin cambios, algo que no está ocurriendo.

Aún así, y como parte de esos compromisos, la Asamblea Legislativa reformó el año pasado la Ley Bitcoin y eliminó el carácter obligatorio que tenía la criptomoneda desde septiembre de 2021 y, a partir de esos cambios, aceptar Bitcoin dejó de ser una obligación para los comercios y pasó a convertirse en una opción voluntaria, uno de los principales cambios solicitados por el organismo internacional para reducir los riesgos asociados con el uso de ese tipo de activo.

Además, cinco años después de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, la presencia de la criptomoneda en las transacciones diarias fue mucho menor de lo que se esperaba cuando fue presentada como una herramienta para aumentar la inclusión financiera en el país, sobre todo, porque tampoco fue utilizada de forma masiva en el envío de remesas desde el exterior, pese a que ese era uno de los más grandes beneficios, según explicó el presidente Bukele en 2021.

Mientras tanto, la decisión de seguir adquiriendo BTC ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento del programa de asistencia financiera con el Fondo. De hecho, hace algunas semanas, la calificadora Fitch Ratings señaló que la falta de avances en algunos compromisos pactados con el Fondo mantiene «estancado» dicho acuerdo, algo que podría explicar por qué aún no se han completado la segunda y tercera revisión del programa, las cuales estaban establecidas para septiembre de 2025 y para marzo de 2026. Estas revisiones son claves dentro del acuerdo porque permiten que el país continúe accediendo a los desembolsos de dinero dentro del programa.

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Asimismo, entre los factores mencionados por la agencia como causa de los retrasos figura, precisamente, la acumulación de Bitcoin. Fitch señaló que las autoridades salvadoreñas todavía no han aclarado la naturaleza de las compras realizadas por el Estado y señaló que el programa con el FMI establece que no deben incrementarse las reservas de Bitcoin utilizando recursos públicos.

Según datos de portales de monitoreo, como DropsTab, hasta la fecha el gobierno habría destinado más de $423 millones provenientes de fondos públicos para la compra de Bitcoin. La razón por la que el monto gastado no es similar al valor total de las reservas es porque el criptoactivo es fluctuante en su valor, por lo que algunas monedas se compraron a precio bajo y se han revalorizado en la actualidad.