El tema de esta columna es provocador. No se trata de polarizar, señalar culpables o justificar acciones, sino de integrar a toda la sociedad en una discusión sobre la justicia que enfrentan, en este momento, miembros de nuestra Fuerza Armada. “Nada es casual. Todo es causal”. Justicia: un vacío en la campaña militar de 1980 a 1992.

Vivimos una justicia ideologizada y politizada. El uso de la Fuerza Armada responde a las órdenes del poder político, a su mandato y a su principio de empleo. Todo el gobierno y la sociedad política deben asumir su responsabilidad, sin pretender desconocer que, en alguna parte de la historia, la convirtieron en instrumento de múltiples usos.

1. Haré una aproximación muy general que ubique, de manera simple, las relaciones cívico-militares en nuestra vida republicana, como introducción al tema.

2. Señalaré hechos e historias no contadas que, en este cuarto de siglo, han llevado a juicios amañados, ilegales e inconstitucionales.

Hace tiempo sonó la hora de darnos a la tarea de restaurar el respeto y la confianza en nuestra institución. Debemos asumir la discusión como sociedad, por ser de una dimensión preocupante, ya que se ha convertido en venganza y en una cacería de brujas.

No comprendo cómo la institucionalidad, en activo y en retiro, así como la sociedad política y civil, han postergado tanto este debate. En honor de la verdad: no creo que sea por pereza intelectual. Tengo dudas razonables para pensar que se trata de conveniencias personales, políticas o ideológicas.

En tiempos normales, las enormes diferencias entre el mundo militar y el poder civil no generan mayores problemas. Pero cuando, por las circunstancias que sean, los militares se transforman en soporte directo de un gobierno, los roces entre ambos sistemas de vida se multiplican y derivan en conflictos. En nuestra historia republicana, dichas relaciones han sido anormales. En el momento actual, se han convertido en escarmiento, venganza o aprovechamiento político, creado a raíz del tratamiento que se da a las violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, se omiten recuerdos, acciones e historias, y se presentan verdades unilaterales, en donde no están todos los que son, ni son todos los que están.

En el pasado reciente debo decirlo: “La Fuerza Armada solo defendió una agresión totalitaria al país«. Los agresores, en sus prédicas, anunciaban “nuevas justicias” que no encajaban con las normas de derecho de una sociedad civilizada. Los oficiales y subalternos lo hacían con uniforme, enfrentando una insurgencia que no tenía miramientos para realizar sus acciones, incluso contra víctimas desarmadas, acusándolas de defender a los ricos. Negociaban con cadáveres, colocaban bombas en el transporte de un fiscal general, secuestraban empresarios nacionales y extranjeros, entre muchas otras acciones.

No se puede igualar el papel desempeñado por el personal de la Fuerza Armada y el de los alzados en armas. Los primeros defendían, a costa de sus vidas, una democracia imperfecta y una institucionalidad con defectos. Los segundos se ungían como individuos que decidían sobre vidas ajenas y buscaban la toma del poder por la vía armada.

La Fuerza Armada es una institución de rango constitucional, con un rol de control, protegiendo el régimen y el sistema político. A su vez, es un instrumento de los órganos del Estado en sus áreas de competencia. La Defensa y la Seguridad Nacional son misiones del quehacer nacional que se inician con la decisión del poder político. La acción de la Fuerza Armada es instrumental.

La Defensa Nacional es de implementación técnica y conducción en el campo militar. La Seguridad Nacional es más amplia: su responsabilidad es societal y su fin es la búsqueda del desarrollo nacional, donde convergen todos los campos del quehacer nacional, permitiendo el crecimiento de los ciudadanos y una sociedad tranquila y en paz. No se trata de policías, botas ni fusiles, ni de una teoría del garrote, como ideológicamente se nos ha presentado en falsas narrativas.

No tengo dudas en decirlo por el recorrido de mi vida: “Debemos colocarnos del lado correcto de la historia”. Por el bien de El Salvador, su seguridad y su gente, se debe restaurar el respeto y la confianza en nuestra institución. Es una tarea impostergable.

Sustanciación para el análisis: Juicios amañados, ilegales e inconstitucionales

Mediante el decreto legislativo del 30 de marzo de 1995, El Salvador reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reconocimiento fue depositado en la OEA el 6 de junio de 1995, con la reserva de que los casos comprendieran única y exclusivamente hechos o actos jurídicos de ejecución posteriores a esa fecha, siempre y cuando la competencia de la CIDH fuera compatible con la Constitución de la República.

No obstante, el 26 de diciembre de 2011, con la anuencia del canciller Hugo Martínez, el embajador en Costa Rica, Sebastián Alvarado López y David Morales —en funciones en Cancillería, nombrado por contrato y no por acuerdo ejecutivo— declararon de manera unilateral que la reserva no era aplicable en el caso de El Mozote. El Estado salvadoreño renunció a la posibilidad de oponer excepciones y no ofreció declarantes ni peritos.

En la audiencia pública en Guayaquil, el 23 de abril de 2012, aceptaron la culpabilidad del Estado sin sustentación jurídica, cuando la reserva no había sido removida por la Asamblea Legislativa. Levantar la reserva es competencia exclusiva de la Asamblea, no del Ejecutivo. Esto constituye una violación a la Constitución y a nuestras leyes.

Hoy, en el juicio de El Mozote, el señor Morales es querellante (acusador). ¿Será juez y parte? ¿Por qué razón funcionarios del Ejecutivo ejercieron defensa de los intereses del Estado, usurpando funciones que corresponden a la Fiscalía General de la República? ¿Dónde queda el Estado de derecho, la seguridad jurídica y el debido proceso?

Lo que nace ilegal, nada ni nadie lo legaliza. “Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos lo hacen”.

La estabilidad de un sistema político basado en principios liberales depende de normas limitantes. Los límites legales a la arbitrariedad y la responsabilidad política del gobierno sobre los gobernados son parte sustancial de todo orden socio jurídico y fundamento de toda Constitución.

No pido que me crean: investiguen, busquen los hechos, estúdienlos. La verdad es una.