Unas ochenta organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales pidieron el jueves -a través de una carta- la liberación del sindicalista Geovanni Antonio Aguirre López, detenido desde 2022 en el contexto de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y con el que el Gobierno combate a las pandillas o maras.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por la continua detención arbitraria y periodos de desaparición forzada del sindicalista Geovanni Antonio Aguirre López, quien actualmente está siendo procesado en un juicio masivo. Exigimos su liberación inmediata, así como el pleno cumplimiento de las órdenes judiciales que ya han determinado que no debe permanecer detenido», dice la carta difundida por el Bloque de Resistencia Popular (BRP).

El documento, dirigido al Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado en El Salvador, señala que Aguirre era «empleado de la Alcaldía de San Salvador y dirigente sindical», y que «fue detenido el 8 de mayo de 2022, días después de participar en una marcha pacífica con motivo del Día Internacional de los Trabajadores».

«Desde entonces, ha sido privado arbitrariamente de su libertad bajo el régimen de excepción, sin que se le hayan garantizado los derechos al debido proceso que le corresponden», denuncian las organizaciones.

La misiva alega que las autoridades judiciales «han emitido dos órdenes de liberación», pero que estas «no se han ejecutado» y que «tras ser puesto en libertad el 1 de junio de 2023, Geovanni fue detenido nuevamente de inmediato, sin previo aviso a su familia ni a su abogado».

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«En septiembre de 2024, los defensores de Geovanni presentaron denuncias formales calificando su situación como una desaparición forzada, dado que mantener a una persona incomunicada tras una orden de libertad no sólo viola el debido proceso, sino que constituye una grave violación constitucional y de tratados internacionales de los cuales El Salvador es firmante», sostuvieron.

La carta añade que se ha dado la «negación de información sobre el paradero de Geovanni a su familia y representantes legales por parte del Estado durante largos períodos a lo largo de los más de cuatro años desde su detención».

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Zehar-Errefuxiatuekin Euskal Herria (País Vasco), Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, Unidos por amor a ti (México), Veterans For Peace (Estados Unidos), entre otras.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó recientemente la prórroga número 52 del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que a la fecha ha dejado más de 92.480 detenciones.

El régimen de excepción, que cuenta con amplio respaldo popular, se aprobó tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, pero esto también ha dejado 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y se estima que más de 530 personas han muerto bajo custodia del Estado en las cárceles.

Esta crisis de asesinatos, que dejó más de ochenta muertes en un fin de semana, fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro. 

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