El Gobierno salvadoreño informó al Grupo de Expertos de Naciones Unidas que «no tenía conocimiento de la presencia de ciudadanos salvadoreños» en la República Democrática del Congo (RDC) y que «el Estado no había autorizado ningún reclutamiento ni despliegue de este tipo».

Lo anterior consta en el último informe del Grupo de Expertos sobre la RDC del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y donde se expresa que «al menos 300 mercenarios de El Salvador fueron reclutados desde julio de 2025 para ser desplegados» en el conflictivo del este de aquel país africano.

«Según algunos testimonios, las empresas militares privadas han seguido desempeñando un papel militar estratégico y operativo en las líneas del frente de (las provincias orientales de) Kivu del Norte y Kivu del Sur», señaló el informe, publicado esta semana.

El documento indicó que «el personal salvadoreño presente en la República Democrática del Congo desde al menos julio de 2025 ha ampliado su ámbito de actuación, pasando de prestar apoyo logístico en Kinsangi (provincia de Tshopo, centro-norte) a despliegues activos en primera línea, en particular, en Walikale (Kivu del Norte), Baraka (Kivu del Sur) y Kalemie (Tanganica)».

Entre sus fuentes, los expertos citan a servicios de inteligencia, autoridades militares, la sociedad civil y un investigador.

Altos salarios

El informe habla de una empresa registrada en El Salvador que supuestamente actuó como «intermediaria» en la contratación de «al menos 300 ciudadanos salvadoreños», con salarios mensuales de 4,225 dólares.

«La mayoría de los reclutas eran antiguos militares y policías reclutados con contratos de un año a partir de julio de 2025, a cambio de una remuneración mensual de 4.225 dólares», detalló el informe.

El documento destaca que la empresa no hace referencia explícita entre sus objetivos «a la contratación de personal de seguridad en el extranjero, lo que sugiere una ampliación de sus funciones más allá de su descripción comercial oficial».

Regresan por enfermedades o impago

Sin embargo, «varias de estas personas regresaron a El Salvador debido a retrasos o impagos de su salario o problemas de salud surgidos durante su despliegue», incluyendo entre los retornados casos de malaria y hospitalizaciones en su país de origen, añadió el informe.

Asimismo, incluye imágenes de los «campamentos improvisados» donde se habrían alojado estos mercenarios en Kisangani, con «fortificaciones de sacos de arena, refugios rudimentarios y una infraestructura limitada».

Tras la extensión del mandato del Grupo de Expertos el 30 de junio de 2025, este informe cubre sus investigaciones hasta el pasado 15 de abril, antes de una nueva extensión hasta el 1 de agosto de 2027 concedida el pasado lunes.

El conflicto del este de la RDC se agravó a finales de enero de 2025, cuando el grupo Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte y, semanas después de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ese país se ha visto desangrado por los enfrentamientos entre la alianza rebelde AFC/M23, que según la ONU, cuenta con el apoyo de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, y el Ejército congoleño, junto con milicias aliadas, en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). 

La ONU alertó en junio sobre el deterioro de la situación humanitaria: desde el 19 de marzo, la MONUSCO ha documentado 632 muertes de civiles y la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU registró 1.221 violaciones y abusos en contra de los derechos humanos en todo el país, incluidos numerosos casos de violencia sexual relacionada con el conflicto que afectaron a 2.968 víctimas.

Además, destacó el aumento de la actividad del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), responsable de la muerte de 287 civiles en la provincia de Ituri y otros 66 en Kivu del Norte.

La ONU subrayó que la crisis humanitaria sigue «agravándose» y que cerca de 27 millones de personas padecen inseguridad alimentaria.