El incremento de casos de deportación de salvadoreños desde Estados Unidos ha llevado a muchas familias a preguntarse qué ocurre con las viviendas, cuentas bancarias, vehículos o negocios cuando una persona es obligada a abandonar ese país.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, 2,546 salvadoreños fueron retornados desde Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias tras el cambio de administración estadounidense.

Mientras que el año pasado cerró con un total de 16,051 salvadoreños deportados, cifra que representó un aumento del 7 % en comparación con la del año 2024.

Según las cifras actualizadas por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Estados Unidos es el país de donde más salvadoreños fueron deportados, con un total de 14,794 (92 %) en el 2025; seguido de México, con 896 y 361 de otros países.

Especialistas consultados coinciden en que una deportación no implica la pérdida automática del patrimonio, ya que la legislación estadounidense protege el derecho a la propiedad mediante el debido proceso.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que las autoridades no pueden realizar confiscaciones arbitrarias de bienes sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

El mayor riesgo por deportación es la falta de administración

Aunque los bienes permanecen bajo la titularidad de su propietario, mantener una vivienda, un negocio o cuentas bancarias desde otro país puede convertirse en un desafío si no existe una persona autorizada para administrarlos.

La Coordinadora de Justicia Migrante de Alianza Américas, Yanira Arias, ha explicado que el Gobierno estadounidense no puede confiscar inmediatamente las propiedades de una persona deportada, ya que cualquier acción de ese tipo debe pasar por mecanismos legales.

Sin embargo, advierte que la ausencia de planificación puede provocar problemas prácticos, como el incumplimiento de pagos, dificultades para administrar negocios o incluso el cierre de algunas cuentas bancarias cuando las instituciones financieras detectan que el titular ya no reside en Estados Unidos.

«La planificación, la información y la educación de la persona juegan un rol muy importante para entender cada uno de los pasos que debe desarrollar para prepararse en caso de ser deportada y salvaguardar sus bienes», señala Arias.

Poderes notariales y fideicomisos, entre las principales herramientas

Los especialistas recomiendan buscar asesoría de abogados especializados en temas migratorios para diseñar una estrategia acorde con cada caso.

Una de las alternativas más utilizadas es otorgar un Poder Notarial (Power of Attorney) a una persona de confianza para que pueda administrar cuentas, realizar pagos, vender propiedades o representar legalmente al propietario mientras este permanece fuera del país.

Otra figura ampliamente utilizada es el Living Trust o fideicomiso en vida revocable, mediante el cual una tercera persona administra temporalmente los bienes conforme a las instrucciones establecidas por el propietario.

Organizaciones de apoyo a migrantes indican que cada vez más salvadoreños están recurriendo a familiares, amigos, líderes comunitarios e incluso representantes religiosos para delegar estas responsabilidades ante el riesgo de una deportación.

Recomendaciones para proteger el patrimonio ante una posible deportación

Entre las principales medidas sugeridas por especialistas destacan:

• Elaborar un inventario completo de propiedades, cuentas bancarias, vehículos y negocios.
• Mantener organizada toda la documentación legal de cada bien.
• Identificar a socios, copropietarios o personas vinculadas a cada activo.
• Definir un plan específico para la administración de cada propiedad.
• Otorgar un poder notarial a una persona de absoluta confianza.
• Conservar en un solo lugar documentos como hipotecas, pólizas de seguro, contratos, impuestos y estados de cuenta.
• Mantener recursos económicos para cubrir pagos pendientes o evaluar el alquiler o venta de propiedades si la ausencia será prolongada.

Los consulados también pueden orientar

Especialistas recuerdan que los consulados salvadoreños pueden brindar orientación legal básica y apoyo consular a las personas deportadas, aunque sus facultades para intervenir en procesos civiles o patrimoniales dentro de Estados Unidos son limitadas.

Por ello, recomiendan que quienes consideren que podrían enfrentar un proceso migratorio preparen con anticipación la administración de sus bienes y busquen asesoría profesional antes de que ocurra una eventual deportación.

Datos relevantes

• 2,546 salvadoreños fueron retornados desde Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025.
• La deportación no implica la pérdida automática de propiedades o cuentas bancarias.
• El Power of Attorney permite que una persona de confianza administre bienes en nombre del propietario.
• Un Living Trust puede facilitar la administración temporal del patrimonio.
• Los especialistas recomiendan elaborar un plan patrimonial antes de enfrentar un proceso migratorio.

Elaborada con información de elsalvador.com

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