La Asamblea Legislativa aprobó extender por un año la normativa que faculta a las autoridades a inspeccionar establecimientos de combustibles y gas licuado para verificar precios, calidad y cantidad de los productos comercializados
La Asamblea Legislativa aprobó extender por un año la normativa que faculta a las autoridades a inspeccionar establecimientos de combustibles y gas licuado para verificar precios, calidad y cantidad de los productos comercializados

La Asamblea Legislativa aprobó, durante la sesión plenaria 113, una nueva prórroga a la Ley Especial Transitoria para Sancionar Infracciones a la Cadena de Comercialización de Productos Derivados del Petróleo, una normativa que permite al Estado mantener controles especiales sobre la venta de combustibles y gas licuado de petróleo (GLP) en todo el país.
La iniciativa fue avalada con 58 votos y permitirá que las autoridades continúen realizando inspecciones en estaciones de servicio y plantas envasadoras de gas para garantizar el cumplimiento de los precios máximos de venta, la calidad de los productos y el despacho de las cantidades exactas a los consumidores.
La extensión de la normativa entrará en vigencia el próximo 1 de julio, una vez sea publicada en el Diario Oficial, y permanecerá vigente hasta el 30 de junio de 2027.
La ley otorga facultades a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), dependencia del Ministerio de Economía, para desarrollar operativos de verificación en los distintos puntos de comercialización de combustibles y gas licuado.
Según lo aprobado por los legisladores, estas acciones buscan prevenir abusos en la cadena de distribución y garantizar que los consumidores reciban el producto en las condiciones establecidas por la normativa.
Las inspecciones incluyen la verificación de precios máximos autorizados, la calidad de los combustibles y el contenido exacto de los cilindros de gas licuado de petróleo comercializados en el país.
La legislación contempla sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones establecidas o dificulten las labores de inspección realizadas por las autoridades.
De acuerdo con la normativa, las multas para distribuidores de combustibles o gas licuado que impidan las verificaciones o incumplan los precios máximos de venta oscilan entre $500 y $100,000.
Asimismo, las sanciones pueden alcanzar entre $10,000 y $100,000 cuando los establecimientos se nieguen a acatar instrucciones emitidas durante una inspección o cuando se detecte que los cilindros de GLP contienen una cantidad inferior a la que corresponde.
Los diputados señalaron que la continuidad de esta legislación permitirá fortalecer las acciones de supervisión y proteger a los consumidores frente a posibles irregularidades en la comercialización de productos derivados del petróleo.
Con la prórroga aprobada, las autoridades mantendrán durante un año adicional las herramientas legales para inspeccionar, regular y sancionar a los establecimientos que incumplan las disposiciones establecidas en la ley.
En la misma sesión plenaria, los diputados también aprobaron con 59 votos declarar el 20 de mayo de cada año como el Día del Mercadólogo Salvadoreño, una fecha que busca reconocer el aporte de estos profesionales al desarrollo económico, empresarial y comercial del país.
Según lo aprobado por la Asamblea Legislativa, los especialistas en mercadotecnia desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de los sectores productivos y de servicios, al contribuir al análisis de mercados, el estudio del comportamiento de los consumidores y el diseño de estrategias comerciales y de comunicación.
La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, destacó que la mercadotecnia trasciende la promoción de productos y servicios, ya que implica responsabilidad ética y una estrecha relación entre las organizaciones y la ciudadanía. Asimismo, señaló que diversos profesionales del sector habían impulsado desde 2012 la creación de una fecha conmemorativa para reconocer su labor.
Con esta declaratoria, los legisladores buscan visibilizar el trabajo de los mercadólogos y su contribución a la competitividad, la innovación y el crecimiento de las instituciones públicas y privadas, mediante estrategias orientadas a generar valor para los consumidores y fortalecer la actividad económica del país.
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