La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para ratificar un acuerdo entre El Salvador y Guatemala que permitirá a familiares dependientes de personal diplomático, consular, administrativo y técnico ejercer actividades remuneradas de forma legal en el país donde se encuentren acreditados.

El convenio, suscrito el pasado 25 de marzo, establece un mecanismo de reciprocidad mediante el cual cónyuges e hijos dependientes de funcionarios de ambos países podrán incorporarse al mercado laboral del Estado receptor, previa autorización de las autoridades competentes.

Según lo expuesto durante el análisis legislativo, la medida busca brindar mayores oportunidades de desarrollo profesional a las familias que acompañan a funcionarios destacados en el exterior, además de contribuir a su estabilidad económica y fortalecer la integración entre ambas naciones.

Entre los beneficios señalados se encuentran el acceso a experiencia laboral internacional, la ampliación de oportunidades profesionales y una mayor seguridad jurídica, ya que quienes trabajen bajo este acuerdo estarán sujetos a normas claras en materia laboral, tributaria y de seguridad social.

El convenio también pretende fortalecer las relaciones bilaterales entre El Salvador y Guatemala mediante el intercambio de conocimientos, capacidades técnicas y experiencia profesional.

De acuerdo con el documento, serán considerados:

• Familiares dependientes el cónyuge

• Los hijos solteros menores de 21 años que dependan económicamente de sus padres.

• Los hijos menores de 25 años que cursen estudios superiores.

• Aquellos con discapacidad física o mental que permanezcan bajo la dependencia económica de sus progenitores.

Proceso

Para obtener la autorización de trabajo, la solicitud deberá ser presentada por la misión diplomática correspondiente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor. En caso de que el beneficiario cambie de empleo, deberá gestionar una nueva autorización.

El acuerdo establece además que las personas autorizadas a trabajar estarán sujetas a la legislación local en materia de impuestos, previsión social y seguridad social. Asimismo, aclara que la autorización laboral no implica el reconocimiento automático de títulos académicos, estudios o credenciales profesionales.

Aspectos a considerar

Otro de los aspectos contemplados es que los familiares que ejerzan actividades remuneradas no gozarán de inmunidad civil o administrativa en asuntos relacionados con su empleo. En el ámbito penal, el Estado acreditante podrá evaluar solicitudes de renuncia a la inmunidad cuando exista una investigación o acusación vinculada directamente con la actividad laboral desempeñada.

La autorización para trabajar concluirá, como máximo, dos meses después de que el funcionario diplomático o consular del que dependa el beneficiario finalice sus funciones en el país receptor.

El convenio entrará en vigor una vez que ambos Estados notifiquen el cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos de aprobación y tendrá vigencia indefinida. No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciarlo mediante una notificación escrita, la cual surtirá efecto 90 días después, sin afectar las autorizaciones laborales que ya hayan sido otorgadas.

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