La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa continuó este lunes el estudio de la propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), una normativa que, afirma el oficialismo, busca fortalecer la inversión en infraestructura pública mediante la participación conjunta del Estado y la empresa privada.

Como parte del análisis, los diputados recibieron al director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, quien explicó el papel que desempeñará la institución dentro del nuevo marco legal en caso de que la normativa sea aprobada.

La iniciativa tiene como objetivo regular la creación, ejecución y finalización de alianzas entre entidades públicas y empresas privadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la prestación de servicios públicos.

Durante su intervención, Trigueros señaló que El Salvador ha experimentado avances significativos en materia institucional, jurídica y económica, lo que ha permitido fortalecer las condiciones de seguridad y certeza jurídica necesarias para atraer inversiones privadas en proyectos estratégicos.

«Resulta necesario actualizar el marco jurídico sectorial para facilitar el desarrollo de Alianzas Público-Privadas, bajo los principios de transparencia, eficiencia económica, gestión eficiente, libre competencia, rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo», afirmó el funcionario.

La propuesta contempla la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAPP), una entidad autónoma que sería adscrita al Ministerio de Hacienda y que tendría la responsabilidad de evaluar y aprobar proyectos, declarar de interés público las iniciativas privadas y coordinar su ejecución.

Además, las ofertas presentadas para cada proyecto serían evaluadas por una comisión integrada por la institución contratante y la DAPP. Los contratos resultantes deberán establecer aspectos clave como la duración de la alianza, la distribución de riesgos, tarifas, garantías y obligaciones de las partes involucradas.

Según explicó Trigueros, el CNR tendría la misión de garantizar la seguridad jurídica de las propiedades, empresas y garantías financieras relacionadas con las obras desarrolladas bajo este esquema, mientras que la DAPP y el Ministerio de Hacienda asumirían la supervisión técnica y fiscal de los proyectos.

El titular del CNR detalló que la participación de la institución se fundamentará en cuatro áreas principales. La primera corresponde al Registro de Comercio, donde se constituirían las Sociedades de Propósito Especial (SPE) encargadas de ejecutar los proyectos y se registrarían las garantías que respalden su financiamiento.

Asimismo, destacó la posibilidad de establecer garantías mobiliarias mediante la inscripción de garantías prendarias, lo que facilitaría el acceso a financiamiento para las iniciativas contempladas en la ley.

Otra de las funciones señaladas por el funcionario es la garantía de la seguridad jurídica sobre los terrenos y derechos de paso necesarios para la ejecución de las obras, con el propósito de prevenir conflictos legales que puedan retrasar o afectar el desarrollo de los proyectos.

Finalmente, Trigueros destacó el papel del Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual en el registro de marcas, patentes, software y derechos de autor que puedan generarse durante la ejecución de las alianzas público-privadas.

La comisión legislativa continuará el estudio de la propuesta antes de emitir el dictamen correspondiente para su discusión en el pleno legislativo.

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