La Asamblea Legislativa aprobó, con 58 votos a favor durante la sesión plenaria número 111, un dictamen impulsado por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial para avanzar en el proceso de legalización de propiedades de 18 familias de la comunidad Michapa, en el departamento de Cuscatlán.

La medida permitirá iniciar el procedimiento para transferir en propiedad los inmuebles donde residen habitantes de los sectores 1 y 2 de dicha comunidad, quienes durante más de 20 años han esperado obtener certeza jurídica sobre sus viviendas, según se mencionó en el pleno.

El dictamen contempla una reforma a la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía Declarados en Desuso y Desafectados como Uso Público.

Según lo expuesto en la comisión legislativa, la modificación permitirá que esos terrenos sean transferidos a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) a familias de escasos recursos económicos que durante años han permanecido asentadas en la zona.

Los terrenos se ubican en dos tramos colindantes de la carretera Panamericana. Uno de los sectores está localizado en las cercanías de San Martín, mientras que el segundo se encuentra en el desvío hacia San Rafael Cedros, en el municipio de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán Sur.

Como parte del proceso, el pasado 18 de febrero de 2026 se realizó una inspección técnica en el área con participación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Vivienda, Fonavipo y la Dirección de Legalización de la Propiedad.

Tras la evaluación, las instituciones concluyeron que los terrenos ya no cumplen una función de uso público, por lo que recomendaron continuar con el procedimiento de desafectación y declaratoria en desuso, requisito indispensable para concretar posteriormente la transferencia de las propiedades.

Con ello, la comunidad Michapa se convertiría en la número 16 beneficiada con procesos de legalización impulsados desde la Asamblea Legislativa, de acuerdo con diputados de Nuevas Ideas.

La diputada del oficialismo, Janneth Molina, aseguró que la aprobación representa una respuesta a familias que durante años buscaron apoyo sin obtener resultados.

“No solo vamos a aprobar un decreto más, sino que vamos a entregar seguridad jurídica a estas familias que estuvieron por más de 20 años esperando que alguien los escuchara”, expresó la parlamentaria durante la discusión del dictamen.

Molina afirmó que habitantes de la comunidad habían acudido anteriormente a la Asamblea Legislativa y presentado documentación sobre su situación, pero señaló que las iniciativas no recibieron seguimiento en legislaturas pasadas.

«Cuando se acercaron a mi persona para comentarme la situación jurídica de su comunidad me dijeron que ya habían estado acá en esta Asamblea Legislativa e incluso dieron una conferencia de prensa donde antiguos diputados les dijeron que sí les iban a ayudar y hasta les recibieron la documentación, la cual solamente se las recibían para hacer un show de una manera horrible, así fueron utilizados y más de una vez también se presentó esta pieza, la cual no se le dio ningún seguimiento, solo fue archivada», mencionó Molina.

“Este día se entrega esa seguridad que estuvieron esperando por más de 20 años”, manifestó la diputada, quien además destacó que la bancada oficialista impulsa procesos similares en otras comunidades del país.

La legisladora añadió que este tipo de decretos busca garantizar estabilidad patrimonial a las familias y permitir que las propiedades puedan heredarse legalmente a futuras generaciones.

Tras la aprobación del dictamen, el proceso continuará con las etapas correspondientes para concretar la entrega de escrituras a los habitantes beneficiados.

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