Estados Unidos acusó formalmente este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos en el tribunal federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de las dos avionetas en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal en EE.UU.
La acusación, disponible en línea, trascendió momentos antes de una conferencia de prensa del fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes habían pedido al presidente Donald Trump que presentara los cargos y elevara la presión contra La Habana.
La Fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo, el 24 de febrero de 1996, de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, un grupo que auxiliaba a los balseros que intentaban escapar de la isla con destino a Florida.
La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados en el derribo de las avionetas: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.
El Gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran «terroristas», pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.
En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que le situaría en la cúspide de la cadena de mando de la decisión de derribar las aeronaves.
La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente Trump contra el Gobierno castrista.
Por ahora, las autoridades estadounidenses no han aclarado cómo ejecutarían una operación para capturar a Raúl Castro ni cuántos años de cárcel implicaría una máxima condena contra el exmandatario.
Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, elevado sus amenazas de «tomar el control» del país y ampliado las sanciones contra el liderazgo cubano y el conglomerado empresarial militar Gaesa.
Estas acciones, sumadas a la captura en enero en Caracas del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado fundamental de Cuba, han profundizado la crisis económica y humanitaria que sufre la isla, desabastecida de crudo y con graves problemas energéticos.
El régimen de Cuba tacha de «acción política» sin base jurídica la acusación contra Castro
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la acusación presentada en EE.UU. contra su predecesor, Raúl Castro, es «una acción política», sin ninguna base jurídica, «que sólo busca engrosar» el argumentario «para justificar el desatino de una agresión militar».
A su juicio, la «pretendida acusación» tan sólo evidencia «la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo».
«La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general de ejército Raúl Castro», afirmó Díaz-Canel, quien calificó la decisión en EE.UU. de «ridículo intento de menoscabar su talla de héroe».
Con respecto al controvertido incidente del derribo de dos avionetas, con el resultado de cuatro muertes, hace 30 año, hechos por los que se acusa ahora a Castro de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves, Díaz-Canel expuso la versión oficial en la isla de lo acontecido.
«EE.UU. miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate en 1996», una acción del ejército cubano al frente del cual estaba Castro, como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
El régimen cubano, afirmó, actuó entonces «en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones» del espacio aéreo de la isla por «connotados terroristas». Esto contradice otras versiones que apuntan a que el derribo tuvo lugar en aguas internacionales.
Díaz-Canel añadió que las autoridades estadounidenses fueron alertadas «en más de una decena de ocasiones» de estos hechos (y de otras acciones previas de los Hermanos al Rescate), pero que se hizo «caso omiso de las advertencias» y se permitieron las violaciones.
«No se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico», agregó Díaz-Canel.
También reaccionó en las redes sociales el primer ministro, Manuel Marrero, quien tachó de «falaz» la acusación de Washington contra Castro, y afirmó que la imputación es «una agresión contra Cuba» que «ayer, como hoy, tiene absoluto derecho a defenderse».
A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, publicó un mensaje de condena a la acusación de EE.UU. calificándola de «ilegítima e ilegal» y sostuvo que «es un acto que descansa en la mentira y oculta verdades históricas» con el que «se pretende reforzar la narrativa fraudulenta para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano».