Acción Ciudadana monitoreó el presupuesto de varias instituciones, como Fiscalía y el Órgano Judicial. Foto EDH/Archivo
La organización social Acción Ciudadana mostró su preocupación porque siete de las instituciones de control del país no cuentan con un presupuesto para este año que a su criterio refleje el compromiso de fortalecerlas para el cumplimiento de sus funciones, relacionadas al control, la justicia y al combate de la corrupción.
Aunque reconoció que cinco de las siete instituciones analizadas obtuvieron incrementos en sus presupuestos para el 2026, respecto al año pasado, estos son mínimos y muestran “un estancamiento” en los montos destinados a dichas instituciones contrario a otras entidades del Estado que tuvieron un incremento presupuestario, como Defensa Nacional y Seguridad Pública.
El análisis fue realizado en el marco del monitoreo denominado “Asignación presupuestaria a las instituciones de control 2026”.
Las instituciones monitoreadas son el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Procuraduría General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Corte de Cuentas de la República (CCR), Fiscalía General de la República (FGR) y Órgano Judicial.
Dichas instituciones tienen la función de supervisar el uso de los recursos públicos, prevenir abusos de poder y garantizar derechos fundamentales; pero juntas sólo reciben el 5.3% del presupuesto general del Estado.
“Esto sugiere que fortalecer las instituciones que fiscalizan el poder no es una prioridad”, indicó Acción Ciudadana.
Acción Ciudadana presenta el monitoreo "Asignación presupuestaria a las instituciones de control 2026".
Entre los hallazgos que destaca Acción Ciudadana es la eliminación de la asignación constitucional del 6% para el Órgano Judicial y, además, muestra su preocupación porque la nueva asignación presupuestaria estará bajo la discrecionalidad del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
“Existe el riesgo de que la asignación de recursos pueda realizarse como premio/castigo según las resoluciones judiciales y discrecionalidad de esas instituciones”, indica una parte de los hallazgos.
La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, con 57 votos, —durante la plenaria 88 y 89 realizadas a mediados de diciembre de 2025— una reforma al artículo 172 de la Constitución de la República para eliminar el 6 % del Presupuesto General del Estado que se asignaba anualmente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el cumplimiento de sus funciones.
El inciso cuarto de dicho artículo establecía un monto no inferior al 6 % de los ingresos corrientes del Presupuesto General para esta institución.
Con la reforma -presentada por Nuevas Ideas- el presupuesto del Órgano Judicial dejará de estar sujeto a ese porcentaje fijo y pasará a asignarse de la misma forma que el resto de instituciones públicas.
“Es decir con base en sus necesidades reales, planes operativos y disponibilidad fiscal del Estado, evaluadas anualmente durante la discusión del presupuesto nacional”, consignó la Asamblea en un comunicado en ese entonces.
El informe de Acción Ciudadana señaló que la tendencia de los titulares de la mayoría de los entes de control fue no solicitar más fondos sino que se limitaron a los techos presupuestarios que determinó el Ministerio de Hacienda.
Lo anterior evidencia -según el informe- que las instituciones obviaron solicitar una cantidad de recursos más en consonancia con sus necesidades reales y que algunos titulares, como del IAIP y el TEG, no son invitados a la comisión legislativa respectiva para explicar su proyecto de presupuesto.
“En instituciones como la PDDH y el Órgano Judicial se percibe una reducción de plazas en el presupuesto aprobado. Esta situación podría incidir en la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía y debilitar el control que ejercen”, agregó otra parte del informe.
E indicó que el presupuesto 2026 propicia que las instituciones de control carezcan de recursos suficientes para controlar al poder.
“El principal riesgo es la consolidación de un sistema de impunidad estructural donde la fiscalización se vuelve selectiva y los recursos públicos se gestionen sin contrapesos efectivos”, indicó.
Presupuestos de las instituciones monitoreadas:
➤ IAIP
2025: $1,899,377
2026: $1,902,399
➤ TEG
2025: $2,399,358
2026: $2,403,234
➤ PDDH
2025: $10,765,707
2026: $8,838,756
➤ PGR
2025: $34,411,037
2026: $35,035,969
➤ CCR
2025: $50,448,939
2026: $55,820,585
➤ FGR
2025: $88,568,541
2026: $91,664,660
➤ Órgano Judicial
2025: $492,325,380
2026: $369,244,035
Fuente: Acción Ciudadana
Acción Ciudadana señaló que la rigidez presupuestaria obliga a destinar la mayor parte del presupuesto de cada institución al rubro de remuneraciones, lo que deja márgenes mínimos para la transformación digital y la inversión en activos fijos.
“En síntesis, el presupuesto 2026 no fortalece el sistema de control del estado, al contrario, en algunas instituciones de las evaluadas lo debilita. El resultado es un mayor riesgo de corrupción, opacidad e impunidad estructural”, finalizó Acción Ciudadana a través de un video donde mostró los resultados del monitoreo.
