Con el objetivo de dinamizar la inversión y ampliar la capacidad del Estado (según la versión del oficialismo) para ejecutar proyectos estratégicos, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa continuó el estudio de una iniciativa orientada a crear la Ley de Alianzas Público Privadas (APP).

La propuesta busca modernizar el marco jurídico vigente, atraer inversión privada y permitir contratos de hasta 50 años para el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios públicos, bajo un esquema que, según las autoridades, prioriza la eficiencia, transparencia y calidad.

Durante la sesión, los legisladores escucharon la opinión técnica del presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala, quien señaló que uno de los principales objetivos del nuevo marco es reducir la burocracia y agilizar la concreción de proyectos.

“El mecanismo no constituye una privatización bajo ningún esquema”, enfatizó el funcionario, al tiempo que explicó que las APP son herramientas que permiten atraer inversión mediante procesos técnicos, evaluaciones especializadas y estudios detallados.

Sin embargo, la iniciativa también plantea concentrar funciones clave en una sola entidad —la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas—, lo que generaría una centralización de decisiones en proyectos de alto impacto económico.

A esto se suma otro punto de discusión: la propuesta derogaría la actual Ley especial de asocios público privados y eliminaría la exclusión de este tipo de alianzas en la prestación de servicios como salud, educación pública y recursos hídricos. Aunque diputados del oficialismo han descartado que esto implique privatización, el tema ha generado inquietudes en distintos sectores.

Para Ayala, por el contrario, el objetivo es agilizar los procesos y no se busca privatizar. Advirtió que actualmente estos procesos suelen verse ralentizados cuando las competencias están dispersas en distintas instituciones del Estado. Por ello, la iniciativa plantea concentrar las facultades en una sola entidad: la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas, que tendría a su cargo la coordinación, el análisis y la custodia de la información.

No obstante, aclaró que esta centralización no excluye las atribuciones de otras instituciones. En ese sentido, subrayó que entidades como la Fiscalía General de la República mantendrán sus competencias en la protección de los bienes del Estado, conforme a la Constitución.

Solicitan más voces

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, reiteró su propuesta de invitar a un listado de 14 entidades, entre ellas universidades, gremiales, organizaciones sociales y sindicatos, con el argumento de ampliar el debate. Sin embargo su propuesta no recibió los votos de la Comisión.

Por su parte, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, consideró que este modelo permitiría abrir nuevas áreas de inversión y mejorar servicios clave para la población, como educación, salud, infraestructura vial y portuaria, además de brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas.

El legislador también destacó que sectores como la construcción podrían fortalecerse con este tipo de iniciativas, al tiempo que señaló que el país atraviesa un momento favorable para el crecimiento económico, impulsado por mejoras en materia de seguridad.

En ese contexto, enfatizó que corresponde al Estado generar marcos normativos que faciliten la inversión y promuevan la participación conjunta entre instituciones públicas y empresas privadas. Asimismo, hizo referencia a proyectos recientes de infraestructura y al papel que han desempeñado entidades como el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Municipales, FOVIAL, CEL y el sector privado en la reconstrucción y desarrollo del país.

Como parte del proceso de análisis, la comisión acordó recibir en la próxima sesión al ministro de Hacienda, Jerson Posada, para ampliar la discusión técnica de la propuesta.

Contenido de la propuesta

El anteproyecto de ley contempla la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda con autonomía técnica, encargada de coordinar, evaluar y supervisar los proyectos desarrollados bajo este modelo.

La normativa establece cuatro modalidades de contratos, diferenciadas según su naturaleza económica y el origen de los bienes involucrados. En cuanto al financiamiento, se incluyen proyectos autosostenibles, financiados exclusivamente con tarifas de los usuarios, y proyectos cofinanciados, que contemplan aportes o garantías del Estado.

Respecto a los bienes, se plantean contratos con activos del Estado, en los que el gobierno aporta los recursos necesarios, y contratos con bienes del agente privado, donde el inversionista utiliza recursos propios que pueden o no transferirse al Estado al finalizar el plazo.

Además, se define el rol del Ministerio de Hacienda como una pieza clave en la evaluación de los riesgos fiscales y la sostenibilidad financiera de los proyectos, mediante la emisión de dictámenes que respalden su viabilidad antes de su eventual aprobación legislativa.

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