Una cámara de apelaciones de El Salvador ratificó la condena de 30 años de prisión contra tres exaltos jefes militares (ya retirados) por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses en 1982, en plena guerra civil salvadoreña.

El fallo marca un antes y un después en la jurisprudencia nacional en el contexto de la guerra civil nacional, pues esta es la primera condena por un crimen de lesa humanidad que es apelado y ratificado por una cámara.

Sin embargo, la defensa aún puede acudir o no a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con un recurso de casación o revisión, para que se verifique si el fallo cumple con la correcta interpretación.

El asesinato de los periodistas

Con base en fuentes históricas y periodísticas de la época, se ha reconstruido el caso.

Cuatro periodistas neerlandeses y cinco guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) murieron el 17 de marzo de 1982 tras caer en una emboscada ejecutada por una patrulla del Batallón Atonal de la Fuerza Armada, cuando se dirigían hacia una zona bajo control guerrillero en Chalatenango. El ataque ocurrió en las colinas cercanas al desvío a Santa Rita, sobre la carretera que conecta San Salvador con ese departamento (Lemus y Najarro [2015]; La fotografía y la violencia; Universidad Don Bosco).

Uno de los periodistas asesinados era Koos Jacobus Andries Koster, quien dos años antes ya había elaborado un reportaje de las unidades de defensa civil y los escuadrones de la muerte en El Salvador, un trabajo por el que el gobierno lo tenía calificado como “favorable al FMLN”. 

También murieron Jan Cornelius Kluiper Joop, productor y redactor; Hans Lodewijk tere Laag, técnico de sonido y Johannes Jan Willemsen, camarógrafo, quienes tenían la misión de documentar la situación política y militar del país para la televisora IKON de su nación. El objetivo, según la revista Comunica (2024, UCA), el documental era “sobre las dos caras de la guerra en El Salvador; la primera parte mostraba la opinión de familias ricas de San Salvador, mientras la segunda, buscaba oír la voz de la población de Chalatenango y de las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”.

Kosner había sostenido unos días antes un encuentro con un guerrillero que le serviría de contacto con el FMLN, y le dio un papel con sus datos. Pero tras la reunión, este último fue perseguido por efectivos militares y, aunque logró escapar, se le cayeron varios papeles, entre estos la información del periodista. 

Está documentado que el 11 de marzo de 1982, agentes de la Policía de Hacienda, vestidos de civil, llegaron hasta el Hotel Alameda para llevar a los periodistas a un interrogatorio con el director de ese cuerpo de seguridad, Francisco Antonio Morán. 

Kosner hablaba español y fue a él a quien interrogaron. Negó que tuviera vínculos con los periodistas.

El 12 de marzo, el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) divulgó una fotografía de los cuatro periodistas junto a un comunicado titulado “Periodista extranjero contactó con subversivos”. 

Otros periodistas nacionales y extranjeros y contactos del FMLN insistieron a los neerlandeses que abandonaran el país, pues temían que los atacaran luego de ver la publicación. Sin embargo, ellos decidieron continuar con su trabajo.

El hecho

El 17 de marzo, cerca de las 5 de la tarde, los comunicadores se bajaron de un microbús que tenía la leyenda “PRENSA-TV” y que pertenecía al periodista neerlandés Ian Pierre Lucien Schmeitz. Esto fue en el kilómetro 75 de la carretera hacia Chalatenango.

Ahí los esperaban unos guerrilleros que los llevarían a un campamento. Sin embargo, tras avanzar muy poco (se calcula que unos 250 metros) a través de una vereda en las colinas, fueron atacados con fusiles M-16 y M-60 desde posiciones más elevadas en la montaña por unos 25 soldados. Solo un guerrillero logró sobrevivir.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad (1993), la operación fue planificada durante una reunión en el Cuartel de El Paraíso, con la participación de oficiales del Estado Mayor y de la Cuarta Brigada de Infantería, entre ellos el coronel Mario Reyes Mena, así como miembros del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “Atonal” (p. 73).

Mientras que la revista Comunica añade: “La masacre terminó a las 5:20 de la tarde. Peréz narró cómo este acontecimiento fue ordenado por el Estado Mayor en colaboración con el exministro de Defensa, general José Guillermo García, y el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán.

García, una constante en la guerra

García era el ministro de Defensa de esa época, el «hombre fuerte» que co-gobernaba con la junta cívico militar y durante cuyo periodo se cometieron varias de las peores atrocidades de la guerra.

La primera Junta Revolucionaria de Gobierno, que asumió el poder a la caída del general Carlos Humberto Romero el 15 de octubre de 1979, trató de formar un gobierno de unidad nacional, incluyendo a fuerzas de izquierda, pero rápidamente enfrentó un «contragolpe» que elevó a mandos ultraconservadores del ejército y cuya primera orden fue masacrar un desfile bufo universitario en San Salvador a finales de octubre. En enero, con la salida de los miembros más progresistas del gobierno, se forma otra junta con mlitares y militantes democristianos, que mantiene a García como ministro de Defensa.

Nacido el 25 de junio de 1933 en San Vicente, en 1957 García se graduó de la Escuela Militar y comenzó a ocupar varios cargos de la Fuerza Armada. Fue jefe de la Guardia Nacional en 1970, durante un periodo marcado por la represión política y la violencia de Estado. Fue nombrado ministro de Defensa del país durante el periodo de la primera Junta Revolucionaria de 1979 y continuó hasta 1982, cuando el presidente interino, Álvaro Magaña, decidió mantenerlo como tal hasta 1983, cuando por presión de altos mandos militares fue relevado. Sigfrido Ochoa Pérez se había revelado poco antes en Cabañas, a donde era el jefe del cuartel de Sensuntepeque, lo que derivó en que fuese paulatinamente perdiendo el poder. En 1989 emigró a Estados Unidos, de donde fue deportado dos décadas más tarde.

Crímenes

Durante ese periodo se cometieron, además del asesinato de los periodistas neerlandeses, una serie de  atrocidades y crímenes, cuya constante era que sus perpetradores obraban con total libertad, mientras la junta gobernante y García se limitaban a acusar a los «grupos terroristas» y «al comunismo» y el país había caído en una impunidad total.

Entre estos crímenes figuran el martirio del Arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el 24 de marzo de 1980.

El 17 de febrero, San Romero había enviado una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en la que le pidió, en nombre del pueblo salvadoreño, no enviar armas letales ni apoyar el entrenamiento militar a las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Y el 23 de marzo, un día antes de ser asesinado, se dirigió directamente a los soldados, a los guardias nacionales y a los policías a que obedecieran la ley de Dios y desobedecieran la voz de sus jefes. «En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo,…les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!”.

Para evitar que este magnicidio fuera investigado, un grupo de sujetos bien armados allanó la casa e intentó asesinar al juez Atilio Ramírez Amaya, quien había iniciado las indagaciones y debió salir al exilio. El caso quedó en la impunidad hasta hoy.

De la misma manera, fue evidente la ausencia de personal de seguridad que resguardara la concentración del sepelio de San Romero y que terminó en otra masacre y estampida, seis días después, frente a la Catedral.

Pocas semanas antes, el 22 de enero, una manifestación frente a Catedral fue dispersada a fuerza de disparos desde edificios cercanos. “Aunque no hay un registro certero del número de víctimas mortales, algunos documentos históricos estiman que murieron al menos 40 personas y hubo cientos de heridos” (Lemus y Najarro, 2015).

Masacres de El Sumpul y El Mozote

El 14 de mayo de 1980 se produjo la masacre del Sumpul, en Chalatenango. “Este evento brutal involucró a la Fuerza Armada de El Salvador y paramilitares, quienes atacaron a una población civil que intentaba cruzar la frontera con Honduras, resultando en la muerte de al menos 600 personas”, según Wikipedia.

Luego, entre el 8 y el 16 de diciembre de 1981, el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl del ejército salvadoreño, realizó la operación “Yunque y Martillo”, en la zona montañosa de Morazán, un área controlada por la guerrilla. 

Según reportaron periódicos salvadoreños, el Ejército había participado en la más larga operación de guerra de búsqueda y destrucción contra los grupos guerrilleros de izquierda que luchaban por derrocar a la Junta Militar de Gobierno. 

El 27 de enero de 1982, los periódicos estadounidenses The New York Times y The Washington Post reportaron la masacre de unas 700 personas en el caserío El Mozote, basándose en los datos proporcionados por sobrevivientes entrevistados en la zona, y describían la masacre como la de mayores proporciones ocurridas hasta ese momento en el conflicto armado.

«Este reportero vio los cráneos y huesos carbonizados de decenas de cuerpos enterrados bajo techos quemados, vigas y tejas rotas», escribió el periodista Raymond Bonner (New York Times, 1982).

Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre y entrevistada por Bonner, explicó que los militares regularmente tenían contingentes en la zona y por eso los pobladores no pensaron que ese día los iban a matar.

Las niñas fueron separadas de las mujeres, se las llevaron a las afueras de la pequeña aldea, donde fueron violadas y luego asesinadas. Los niños fueron llevados al convento junto a la ermita, ahí fueron asesinados, y el lugar después fue quemado. Otros residentes fueron fusilados en sus casas, las cuales después fueron quemadas.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad, fueron reconocidas 498 víctimas, incluyendo niños y ancianos.

Entre otros casos emblemáticos en los que hubo crímenes cometidos por los militares se enmarcan el de tres monjas y una seglar que fueron detenidas por oficiales de la Guardia Nacional a la salida del Aeropuerto Internacional de Comalapa, pasadas las 7 de la noche del 2 de diciembre de 1980.  Las cuatro mujeres fueron torturadas, violadas y luego ejecutadas de un disparo en la cabeza. Como en el caso de San Romero, se pretendió torcer y frustrar las investigaciones, pero la presión de Estados Unidos hizo que se llegara a los autores materiales: cinco guardias nacionales que posteriormente fueron llevados a juicio y condenados.

En las semanas previas habían sido asesinados los máximos dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón y otros, así como el entonces rector de la Universidad de El Salvador, Félix Ulloa padre.

La noche del 3 de enero de 1981 fue asesinado en el Hotel Presidente José Rodolfo Viera Lizama, presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y secretario general de la Unión Comunal Salvadoreña (UCS). En el mismo ataque fueron asesinados Michael Hammer y Mark David Pearlman, asesores estadounidenses del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL). El ataque ocurrió en el Restaurante Las Américas del Hotel Sheraton, con subametralladoras con silenciador.

Paralelamente a estos hechos, la guerrilla también dirigió un serie de asesinatos, secuestros y atentados dinamiteros.

Entre estos hechos figura el asesinato del asesor estadounidense Albert Schaufelberger, ocurrido el 25 de mayo de 1983, quien fue ejecutado de cuatro tiros en la cabeza por el comando urbano Clara Elizabeth Ramírez, que pertenecía a las Fuerzas Populares de Liberación FPL. El hecho ocurrió en un parqueo de la Universidad Centroamericana UCA. Schaufelberger formaba parte del grupo de 55 militares estadounidenses que entrenaban al Ejército de El Salvador en tácticas de lucha contra la guerrilla.

Deportado de Estados Unidos

Tras vivir en Estados Unidos de manera “tranquila” durante años y décadas, en 2002 García enfrentó un juicio civil en Estados Unidos junto con el también exministro de Defensa Carlos Eugenio Vides Casanova (director de la Guardia Nacional entre 1979-1983 y ministro de Defensa (1983-1989) por violaciones a derechos humanos durante la guerra. 

Hubo dos acciones que sentaron precedente para la época y la historia jurídica del país. Primero, el caso Ford vs. García, por las familias de cuatro Hermanas Maryknoll de Santo Domingo. La defensa de García ganó el caso, y las familias apelaron. Su apelación fue negada. En 2003, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a escuchar más alegatos sobre el caso (Wikipedia).

El segundo se trata del caso denominado  Ramagoza vs. Garcia, una demanda hecha por el Center for Justice and Accountability en nombre de los sobrevivientes de tortura durante la guerra civil de El Salvador y presentada por las víctimas Dr. Juan Romagoza, Carlos Mauricio y Neris González.

García perdió. Más tarde, como ya ocurrió antes con Casanova, a raíz de la segunda demanda, Estados Unidos decidió deportar a José Guillermo García a El Salvador el 15 de diciembre de 2015 por haber tenido conocimiento o participado en asesinatos y matanzas ocurridas en la década de 1980 en el país. Llegó a El Salvador el 8 de enero de 2016.

Desde que la Ley de amnistía en El Salvador fue declarada inconstitucional el 13 de julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y se detuvieron los esfuerzos de volver a ella en otra forma, situación que duró hasta 2019, José Guillermo García ha sido encausado por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Sin embargo, diversas organizaciones y representantes de las víctimas llevaron el caso de nuevo a juicio. En 14 de octubre, una jueza giró orden de captura para Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la 4a Brigada de Infantería; Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda; José Guillermo García, exministro de la Defensa Nacional; Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, y Mario Canizález Espinoza, sargento del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal.

De los cinco acusados ya habían fallecido Flores Lima y Canizález Espinoza. Mientras que para Reyes Mena, quien es señalado como el autor intelectual de la emboscada y asesinato de los cuatro periodistas, los abogados querellantes solicitaron al juzgado que realizara la petición de extradición desde Estados Unidos, donde vive actualmente el coronel retirado.

Un juzgado de Sentencia de Chalatenango condenó, el 3 de junio de 2025, a 60 años de cárcel a tres exmilitares por el asesinato de los periodistas. Sin embargo, el juzgado señaló que debido a que el caso fue procesado con una legislación antigua, se estipuló la pena máxima de ese entonces que son 30 años de prisión. Los condenados fueron el excoronel Mario Adalberto Reyes Mena; el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán; y el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García.

Esta sentencia fue apelada por la defensa, pero la misma fue ratificada el lunes 4 de mayo de 2026. El excoronel Mario Adalberto Reyes Mena estuvo ausente en este proceso, pero la Corte Suprema de Justicia inició un proceso de extradición desde Estados Unidos, a donde sigue radicando. Mientras que Morán Reyes y García fueron condenados a cumplir la pena “en el hospital de San Salvador si este tiene los medios económicos para sufragar los gastos, caso contrario deberá cumplirse en el centro penal que la Dirección General de Centros Penales designe o en su caso en un hospital nacional”, reportó Diario El Mundo.

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