El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente «conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos», indica un comunicado.

En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado mexicano en mención.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el cartel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.

La relación del gobernador de Sinaloa con el narcotráfico, según EE.UU.

En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y recibir a cambio «millones de dólares» de los beneficios del cartel.

La Justicia de EE.UU. alega que Rocha Moya logró la elección como gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran «secuestrando e intimidando a sus rivales», y ha permitido que estos «operen con impunidad» bajo la promesa de protegerlos.

«Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», publicó Rocha en un mensaje en sus redes sociales tras conocer la acusación.

El mandatario sinaloense afirmó que esta imputación es un «ataque» a su persona, al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum), a sus «emblemáticos liderazgos» y a los mexicanos que «representamos esa causa».

Rocha, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se dirigió a los ciudadanos de Sinaloa, a quienes afirmó que «con el valor y la dignidad que nos caracteriza demostraremos la falta de sustento de esta calumnia».

En un comunicado, la embajada estadounidense en México subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga «jurisdicción».

México dice que EE.UU. no ha presentado pruebas

Por su parte, la Cancillería de México afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. en el país por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, ya que, aseguró, no se presentaron «pruebas» por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas».

La Cancillería informó que este martes recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.

«Por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer», sostuvo.

Precisó que la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos para proceder con detenciones provisionales con fines de extradición.

¿Quiénes son los exfuncionarios acusados?

Los antiguos cargos del gobierno del Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.

A la lista se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua.

A Valenzuela Millán, de 35 años, se le acusa además de presuntamente participar en los secuestros de un informante de la Agencia Antinarcóticos (DEA) y un familiar de este, que fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, por lo que afronta una sentencia obligatoria de cadena perpetua.