El sector del transporte público de pasajeros, clave en la economía nacional porque mueve hasta un 70% de los salvadoreños en el país, se encuentra en una “crisis”, según detalló el vocero de la Mesa Nacional de Transporte, Lucio Vásquez, debido al incremento que ha experimentado el precio del diésel en el último mes, algo que, de acuerdo con el empresario, es insostenible para el sector.

El pasado martes, los transportistas de pasajeros señalaron que necesitan una intervención del gobierno en el sentido de que establezca un precio tope para el diésel en hasta $2.50 por galón. Esto, según Vásquez, le otorgaría a los empresarios la liquidez inmediata para poder seguir operando, ya que actualmente la situación económica generalizada dentro del sector amenaza con impedir las operaciones de las unidades de transporte.

Lo anterior, según el vocero de la Mesa, es porque los empresarios han tenido que reducir costos en áreas como el mantenimiento preventivo de las unidades, mientras que el mantenimiento correctivo implica un gasto bastante alto. De acuerdo con Vásquez, el no tener dinero para reparar empujaría al sector a detener sus operaciones. “Cuando uno ya no tiene dinero, ¿qué es lo que sucede? ya no puede seguir operando el negocio”, subraya.

Vásquez, quien estuvo en la entrevista matutina Frente a Frente, explicó que desde la Mesa Nacional de Transporte están proponiendo, además del precio tope del diésel, que el gobierno exonere al rubro de los impuestos que incluye el combustible en el país y, de esa manera, permitirles que continúen operando. Otra de las propuestas es que se les permita ajustar la tarifa a los costos de operación que enfrentan actualmente los transportistas.

“Yo puedo asegurar que en los últimos 20 años todo ha subido de precio, menos el transporte colectivo”, señala el empresario, quien considera que debido a los niveles actuales de inflación, es justo que ese sector también pueda nivelar la tarifa que cobran a los pasajeros que usan las unidades a diario.

Sin embargo, la limitación para hacer este ajuste es que las tarifas se encuentran congeladas desde hace unos 22 años, todo a cambio de un subsidio que el gobierno entrega, o debería entregar a los transportistas. De acuerdo con Vásquez, a la fecha hay un retraso en el pago de ese subsidio de entre 4 y 6 meses, lo que equivale hasta unos $15 millones que el gobierno adeuda. No obstante, confirmó que las autoridades de tránsito se comprometieron ayer a saldar ese monto adeudado y, de esa manera, inyectar algo de liquidez a las empresas de transporte público.

Según el empresario, que el gobierno se ponga al día con ese pago les ayudará a saldar algunas deudas con sus proveedores e, incluso, para pagar los impuestos al mismo gobierno.

El subsidio debería ser dirigido a la población

Algo que señaló Vásquez es que el sector se encuentra en una crisis debido a que la rentabilidad se ha desplomado para los empresarios, ya que el subsidio y las tarifas que cobran no son suficientes para mantener una línea de transporte.

Debido a esto, afirmó que muchos empresarios en el país han terminado por vender sus unidades y “deshacerse” del negocio, ya que una venta de ese tipo es económicamente más beneficiosa para ellos. “Si a mí me ofrecen comprar mis unidades, sin dudarlo las vendo”, afirmó durante la entrevista.

Por ello, considera que la imposibilidad de ajustar tarifas a cambio del subsidio es uno de los principales factores que juegan en contra del sector y, ante esto, añadió que los empresarios preferirían que el subsidio sea focalizado en la población y que deje de entregarse a los transportistas, y que ellos tengan la capacidad de nivelar el precio del pasaje según el comportamiento de sus gastos de operación, ya que esto les permitiría funcionar de manera normal y sin necesidad, incluso, de congelar los precios del diésel.

Con respecto a lo anterior, apuntó que debería ser el Ministerio de Economía la institución encargada de estudiar las formas de hacer llegar ese subsidio a los usuarios del transporte público.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de tránsito para que regulen y verifiquen la presencia de transporte público “pirata”, es decir, que no cuenta con los permisos necesarios para transportar pasajeros, pues ese tipo de unidades cobran incluso $1 o $1.50 por pasaje y le restan competitividad a las rutas legalmente registradas.