Micki Witthoeft (centro-derecha), la madre de Ashli Babbitt, quien fue asesinada por la Policía del Capitolio el 6 de enero de 2021, asiste a una marcha conmemorativa del 6 de enero que marca cinco años desde el ataque el 06 de enero de 2026 en Washington, DC. Hoy se cumple el quinto aniversario del ataque al Edificio del Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021 por parte de los seguidores de Donald Trump, que afirmaban que las elecciones presidenciales habían sido robadas. Foto EDH/AFP
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes ante una corte federal de apelaciones que se anulen las condenas contra cuatro líderes de una milicia ultraderechista por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y que el caso sea desestimado de forma definitiva.
En un escrito presentado por el Departamento de Justicia ante un tribunal de Washington, el Ejecutivo de Trump insiste en que las condenas deben ser anuladas y devueltas al tribunal inferior con la orden de cerrar el proceso «con perjuicio», lo que impediría su reapertura en el futuro.
El documento se refiere a los acusados ya condenados por su papel en los hechos ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, quienes además recibieron polémicas conmutaciones de sus sentencias en 2025 por parte de Trump cuando regresó a la Casa Blanca.
El escrito judicial se refiere a los cuatro condenados: Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, identificados por las autoridades estadounidenses como figuras clave dentro de la estructura organizativa del grupo, conocido como los ‘Proud Boys’ (Chicos orgullosos), procesado por el asalto al Capitolio.
Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump impulsó beneficios para los condenados por el asalto al Capitolio, incluyendo el otorgamiento de perdones y conmutaciones a cerca de 1.500 personas vinculadas a los hechos del 6 de enero de 2021, lo que permitió la liberación o reducción de condenas de la mayoría de los implicados.
De acuerdo con una investigación de la Radio Pública Nacional (NPR), el Gobierno de Trump intentó eliminar registros de los sucesos del 6 de enero de 2021.
Según el medio, que ha sufrido recortes de fondos gubernamentales dentro de la cruzada de la Administración contra la prensa, el Departamento de Justicia habría eliminado de los documentos relativos al asalto términos como «disturbios» o «motín» de los documentos, y despedido a decenas de fiscales que participaron en los procesos.
En el quinto aniversario del ataque el enero pasado, el propio Trump se refirió a los participantes como «grandes patriotas» que fueron «asaltados por el Gobierno» y evitó calificarlos como «insurrectos», termino utilizado por la oposición demócrata.
Según el grupo de derechos civiles CREW, más de una treintena de atacantes indultados han sido detenidos nuevamente por otros cargos criminales que van desde abuso sexual a menores, posesión de pornografía infantil, posesión ilegal de armas, desorden y allanamiento de morada hasta amenazas contra la vida de figuras públicas, en este caso del líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
