Hay una discusión inacabada sobre la idea de igualdad en una sociedad republicana y democrática. Asumir la igualdad discursivamente es fácil; basta con mostrar cierta empatía y tolerancia hacia los otros, mis congéneres. Al leer algunos artículos de la Constitución (mejor dicho, de lo que queda de ella), la igualdad salta a la vista. El Art. 3 lo dice con meridiana claridad: “Todas las personas son iguales ante la ley”. Los siguientes diez artículos se explayan sobre la igualdad y los derechos. Uno los lee y se siente confortado, protegido y, sobre todo, valorado. Me gusta mucho el Art. 7 cuando dice que los salvadoreños “tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente sin armas para cualquier objeto lícito”, agregando: “No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita”. Una belleza. De la igualdad política republicana derivan derechos y deberes. Asumirlos plenamente constituye el núcleo de la ciudadanía responsable y plena que es, con la Constitución, el fundamento de la democracia.

Pero, del “deber ser” al “ser” hay un largo trecho. Un entendimiento superficial e interesado de la igualdad distorsiona el concepto; constreñir su análisis al marco legal lo empobrece. Contrastar la igualdad con la realidad cotidiana sin definir criterios, la castra. Asumir que todo el mundo la acepta y valora es ingenuo. En rigor histórico, entre nosotros, la idea de igualdad es reciente; es un constructo republicano problemático e inacabado. En la mal llamada “sociedad colonial”, sociedad de antiguo régimen, dicen otros, primó la desigualdad. Era una sociedad de desiguales que se asumían como tales.

En el antiguo régimen, el grupo tenía prioridad sobre el individuo; este se concebía y actuaba como parte de un todo: la corporación a la cual pertenecía, ya sea por nacimiento, residencia, profesión, religión o cualquier otro vínculo. Por su diversidad y su carácter concreto, estos grupos no eran ni se imaginaban iguales; de ahí la importancia de la legislación que hacía énfasis en los deberes, privilegios y prerrogativas correspondientes a cada uno. Si estos no estaban plasmados en un estatuto, se legitimaban por la costumbre. Desigualdad y jerarquía no causaban extrañeza ni rechazo, pues eran vistas como «naturales».

Es por esta razón que existía un doble marco legal: leyes para españoles y leyes para indios. La famosa idea de las “dos repúblicas”, concebida, según se dice para “proteger” a los aborígenes de los vicios y abusos de los españoles. Sin embargo, tal arquitectura legal, dejaba por fuera una parte importante de la sociedad: las castas — mestizos de múltiples mezclas —, quizá el componente más rico y variado del conjunto social. Estos vivían en una especie de limbo legal, colándose en cuanto intersticio social encontraban.

El constitucionalismo gaditano y la independencia derribaron ese constructo social. Un balance rápido de sus consecuencias, deja ver que los españoles (blancos) no sufrieron menoscabos, al contrario, ganaron libertades políticas y económicas. Los ladinos accedieron a derechos políticos y rápidamente escalaron posiciones de poder y ganaron ventajas económicas. Ganaron mucho cuando comenzaron las guerras republicanas, pues tenían experiencia militar. Por el contrario, los indígenas perdieron los “privilegios” coloniales y fueron cargados con obligaciones republicanas, por ejemplo, impuestos y servicio militar. La rebelión de los Nonualcos, liderados por Anastasio Aquino en 1833, fue la primera de muchas que se dieron a lo largo del siglo XIX. En cierto modo, eran una reacción a cambios que no los favorecían.

Según corría el tiempo, la urgencia liberal por el progreso aumentó los prejuicios raciales. Se vio al indígena como un ser amarrado al pasado, por ende, un obstáculo para el desarrollo. Los liberales finiseculares habían perdido los ideales igualitarios de los procesos independentistas. La idea inicial de igualdad fue superada por los intereses, las circunstancias y el racismo. Francisco Esteban Galindo insistió en que la educación era la única vía para incorporar plenamente a los indígenas a la sociedad: “Ella sí y solo ella podrá hacer del indio un ciudadano, despertando la vida que duerme en su corazón y en su cerebro”, escribía en 1887.

Otros no fueron tan indulgentes: “Los indios son pertinaces en su empeño de no mezclarse con el elemento blanco”, decía David J. Guzmán en el “Libro azul” (1916). Guzmán no ocultaba sus preferencias por los blancos y los mestizos; de estos decía: “son de una constitución fuerte y sana; activos, inteligentes, de perseverancia notable en todo lo que emprenden. Son los que ejercen las artes mecánicas, las industrias liberales y los oficios”. Más adelante agregaba: “forman la clase que más fraterniza con elementos blancos de nuestra sociedad”. Hacia la segunda mitad de la década de 1910, era obvio que la sociedad de iguales formalmente establecida era rebasada por las diferencias étnicas y económicas. Las brechas sociales tendían a ensancharse.

No tiene sentido pretender borrar las diferencias socioeconómicas, son una realidad objetiva. No debiéramos olvidar la naturaleza política de la idea de igualdad; por eso se expresa tan fuertemente en la Constitución, documento político por excelencia. Esa igualdad ante la ley debiera ser la plataforma desde la cual se deben construir recursos, instituciones, proyectos que favorezcan a aquellos menos favorecidos. La igualdad política sería el punto de partida para la integración social. Aquí, la educación juega un papel central. Las instituciones educativas favorecen la movilidad social y crean capacidades ciudadanas.

En teoría, hombres y mujeres educados, exigen sus derechos y cumplen sus deberes; es decir, participando en la política, que es más que procesos electorales. Pero no podemos obviar que, en un régimen republicano y democrático, las elecciones juegan un papel importante. El Salvador tiene una larga tradición de procesos electorales. Pero votar, no siempre significó elegir. En el siglo XIX, las elecciones eran un mecanismo más de disputa del poder, y no el más importante. A menudo, cuando se instalaban las mesas de votación, los resultados ya estaban determinados. Los procesos electorales se modernizaron en la segunda mitad del siglo XX, hitos importantes fue el voto femenino y la representación proporcional en la Asamblea Legislativa. Pero quienes detentaban el poder, no admitían la posibilidad de entregarlo a la oposición, ello explica los fraudes electorales de 1972 y 1977.

La igualdad política sin mecanismos reales de representación y sin una base social que la sustente es una mera formalidad. Hoy día los problemas son mayores, en la medida en que el poder político se ha concentrado a niveles preocupantes, como bien lo muestra el Informe sobre la democracia 2025 del V-Dem Institute, que ya no ubica al país como una democracia, sino como una “autocracia electoral”. El problema no es la realización de elecciones, sino las condiciones en que se hacen y los déficits de acceso a la información, el pensamiento crítico y el capital social necesarios para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus deberes de forma plena. Las desigualdades históricas persisten revestidas con ropajes modernos.

Retomando la idea inicial, la discusión sobre la igualdad siempre será inacabada porque su materialización es un proceso dinámico, no una realidad estática. Es fácil sentirse «confortado, protegido y valorado» al leer la Constitución; lo difícil, y lo verdaderamente político, es convertir ese horizonte en una realidad cotidiana que aminore la distancia entre el “deber ser” y el “ser”. La igualdad no es un regalo constitucional, sino una conquista histórica que debemos refrendar en el día a día. Y eso supone una actitud crítica ante el poder político, independientemente de quien lo detente.

Historiador, Universidad de El Salvador