Hay un patrón recurrente en la historia política salvadoreña del periodo republicano: cada vez que un gobernante pretende prolongar su estadía en la presidencia da una nueva constitución o reforma la vigente. Esa práctica perversa explica, al menos en parte, porqué hemos tenido tantas constituciones (14, según el estudio del “Equipo Ad hoc para el estudio y propuesta de reformas a la Constitución, 2021”). El extenso documento de casi 400 páginas ensaya una serie de propuestas de reforma a la actual constitución de 1983. Sin embargo, el actual gobierno que se caracteriza por un pragmatismo cuasi obsceno; se saltó las formas y decidió que la manera más expedita era reformar el artículo 248 que normaba la manera de reformar la Constitución. Como quien dice, el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. Es así, como pasamos de la reelección a la reelección indefinida.

Una acción tan controversial, que trastoca los fundamentos del orden constitucional puede generar graves reacciones en contra. Es plausible pensar que un gobernante no se arriesgará a hacerlo, si no está seguro de que los dados ruedan a su favor. La evidencia histórica sugiere, al menos tres condiciones: tener pleno control de los órganos legislativo y judicial. En segundo lugar, tener asegurado el apoyo del ejército; y tercero, pero no menos importante, gozar de simpatías populares. Esa cosa vaporosa que hoy día llamamos “opinión pública”. Tal combinación de factores no es frecuente, pero se da. En nuestra historia hay varios casos; analizaré un par.

La tentación de perpetuarse era un problema común en el siglo XIX. Tan así era que las constituciones de 1864, 1871, 1872, 1880, 1883 y 1885 fueron, al menos en parte, producto de ello. A los casos anteriores habría que agregar las reformas constitucionales ad hoc. Esas tendencias generaron un patrón paralelo que marcó la vida política del periodo: era prácticamente imposible sacar del poder por la vía electoral a un presidente que ya había reformado la constitución a su favor, o había creado una nueva. En consecuencia, la única vía posible era la revolución violenta. 

La presidencia de Gerardo Barrios es representativa de tales prácticas, las cuales se prolongarán hasta 1886. Barrios había sido un actor político importante desde la década de 1840. Su base de poder económico y político era el oriente, el gran departamento de San Miguel que se extendía desde el Lempa hasta el golfo. El caudillo era la cabeza visible de una poderosa red de poder que combinaba la política, los negocios y las relaciones sociales. Había ejercido el poder de manera interina en varias ocasiones. Así llegó al poder en 1858, pero pensó que ya era tiempo de afianzarse en él. Usó los meses que estuvo en la presidencia “por depósito” para debilitar a sus opositores y poner en puestos clave a sus aliados. Al mismo tiempo impulsaba una agresiva agenda de trabajo concebida para mostrar cambios inmediatos y efectivos. Esto con miras a ganarse la “voluntad popular”. Trasladó la capital de Cojutepeque a San Salvador, creo tres escuelas normales y reorganizó las milicias. 

Resultó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se negaron a trasladarse a San Salvador, adujeron razones que no agradaron a Barrios; los mandó a arrestar y fueron “conducidos por cordillera”, como se decía entonces. También rindió honores de Estado a los restos del caudillo Francisco Morazán, cuyos restos habían llegado al país unos años antes, desde Costa Rica. Ambos hechos, perfilaban su estilo de gobierno: sometimiento absoluto de los otros poderes al ejecutivo, y una obsesión unionista, que al final, le costó el poder y la vida.

Ya afianzado en el poder, convocó a elecciones presidenciales, las cuales ganó con facilidad. Dedicó los primeros años de su periodo a consolidar su red de poder. Una asamblea totalmente a su favor, le dio un mecanismo expedito de gobierno: le concedió 23 “Facultades extraordinarias” que le daban manos libres para actuar en muy diversos asuntos con la sola condición de informar un año después. Le fueron renovadas por varios años. Esto le permitió gobernar por encima de la constitución. La misma asamblea extendió a seis años el periodo de gobierno. Incluso, hubo un sobalevas que sugirió la “presidencia vitalicia”; Barrios no podía ser menos que el indio Carrera, decía.

Barrios tenía poder y era popular, quizá hubiera podido gobernar más años sin problemas. Pero sucumbió a otra tentación: la reunificación de Centroamérica, el sueño unionista morazánico, que lo llevó fatalmente a enfrentarse a Guatemala. Se embarcó en una guerra con varios frentes, uno de ellos la fuerte oposición interna, y no podía ganar. Salió al exilio en 1863; terco como era, intentó retomar el poder, vía revolución en 1865; fracasó y terminó fusilado.

Tendencias parecidas a las de Barrios encontramos en Francisco Dueñas. Fue declarado presidente por las fuerzas rebeldes y con apoyo de Rafael Carrera, cuando Barrios aún se aferraba al poder. Luego ganó las elecciones presidenciales; dio una nueva constitución en 1864. Gobernó de 1863 a 1871; hizo una meritoria labor que no se le reconoce, simplemente por fobias ideológicas. Pero no resistió la tentación de reelegirse. Hubo que recurrir a las armas para sacarlo en 1871. Sin embargo, su sucesor, Santiago González, que enarbolaba la bandera de la alternancia presidencial, también debió ser sacado por la fuerza en 1876. También González se hizo una constitución a su medida.

Quizá el caso más interesante sea el de Rafael Zaldívar (1876-1885). Fue nombrado presidente por una “Junta de notables” reunida en Chalchuapa y amparada por las fuerzas militares de Justo Rufino Barrios. Era un liberal progresista, masón y de pensamiento secularizante. Para no perder la tradición: autoritario como el que más. Era un político muy hábil que sabía negociar; sus opositores cedían creyendo que habían obtenido algo. Para permanecer 9 años en el poder hizo decretar la constitución de 1880, y la reformó en 1883. Se jactaba de ganar las elecciones “con el voto unánime”. Así lo decía el Diario Oficial del 27 de diciembre de 1883: “el señor Dr. Rafael Zaldívar, actual presidente de la República, ha sido elegido por el unánime, entusiasta y numerosísimo voto de sus conciudadanos… De todos los departamentos recibimos noticias acerca de la gran animación que ha reinado en los comicios, atestiguando el perfeccionamiento de nuestras costumbres políticas”. La hipérbole es notoria, pero había algo de cierto. Zaldívar obtuvo 62,324 votos, contra 351 de la oposición. Vale decir que la oposición llevó 26 candidatos. Había dos posibilidades: Zaldívar gozaba de una popularidad inmensa, o tenía pleno control del proceso. Era lo último. ¡En este país suceden cosas!

El paciente lector ya habrá adivinado el fin de la historia. Zaldívar fue derrocado por otra revolución: la de 1885; una amplia y compleja alianza política liderada por otro liberal, Francisco Menéndez. La historia no se repite, pero hay procesos que comparten rasgos y circunstancias. Independientemente de la forma que llegaba al poder, en el siglo XIX, un gobernante que pretendía perpetuarse en la presidencia necesitaba como mínimo: anular la separación de poderes, reformar la constitución o de ser posible hacerse una a la medida, tener apoyo del ejército y cierto grado de popularidad. Teniendo eso podía ir a elecciones con plena confianza y obtener victorias apabullantes. ¿Qué tan diferente es en el siglo XXI? Eso es otro tema.

Historiador, Universidad de El Salvador