Cuatro recomendaciones sobre libertad de expresión y acceso a la información frente al crimen organizado fueron emitidas el pasado 28 de febrero de 2026 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente resolución. 

En esta, los comisionados recomendaron a los países de la región que garanticen la protección de la libertad de expresión y de los periodistas que realicen investigaciones vinculadas con el crimen organizado y la corrupción.  

Otra de las recomendaciones realizada por la CIDH está vinculada al acceso a la información pública e instaron a los Estados para que publiquen de manera oficiosa “sobre crimen organizado y respuestas estatales como contrataciones, beneficiarios finales, financiamiento político, resoluciones judiciales, entre otras”.

En el caso de El Salvador, los datos sobre los procesos del régimen de excepción que se ventilan en Tribunales contra el Crimen Organizado se encuentran reservados y, por lo tanto, no se puede tener acceso a información sobre las audiencias ni procesos judiciales de los más de 91,000 capturados. 

En el país muchos proyectos y procesos de contrataciones no tienen pública su información.

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Acción Ciudadana informó el pasado 12 de marzo los hallazgos del monitoreo “Transparencia activa en proyectos de infraestructura pública 2025”, el cual analizó la disponibilidad de información sobre 23 proyectos, y al menos una docena está bajo reserva. 

Uno de los proyectos que permanece bajo reserva es la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), cuya información se mantiene bajo reserva desde 2022. 

En febrero de 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) amplió el plazo de reserva por siete años “toda la información relativa a la planificación, diseño, ejecución, supervisión, adquisiciones y gestiones para la construcción y equipamiento de la infraestructura de centros penitenciarios en el país”.

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Además, tampoco se conoce cómo se financian los partidos políticos. De acuerdo a informes de la organización Acción Ciudadana, Nuevas Ideas, el partido oficialista, no ha brindado información sobre sus donantes de las pasadas elecciones. 

La CIDH también recomendó a los Estados que  aseguren el acceso y la difusión pública vinculada con el crimen organizado que esté en poder de los gobiernos. Pidieron también que estos se abstengan de “aplicar, en cualquier circunstancia, sanciones a las personas periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público”.