CIDH reitera llamado a evitar uso permanente del régimen de excepción
Recientemente la Comisión emitió una resolución sobre crimen organizado y derechos humanos, en cuyas recomendaciones incluye que los estados de excepción no se empleen con fines políticos
Comisionados de la CIDH en la presentación de la resolución sobre crimen organizado. Foto: Cortesía
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió recientemente a los países que adopten estrategias de seguridad que incorporen el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado y no usar de manera prolongada los estados de excepción.
Pide «reafirmar en la institucionalidad la característica de excepcionalidad de estados de emergencia» y evitar el uso de los estados de excepción como un instrumento permanente en la lucha contra el crimen.
La CIDH en la resolución 1/26 sobre «Crimen Organizado y derechos humanos en las Américas», presentada esta semana en el marco del 195 período de sesiones de la CIDH y aprobada por unanimidad, enfatizó que no existe incompatibilidad entre el respeto y la garantía de los derechos humanos y la efectividad de las acciones de seguridad que implementen los gobiernos de América Latina y el Caribe.
El Salvador cumplirá el próximo 27 de marzo cuatro años bajo un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales de derecho a la defensa técnica y la persona sea informada de los motivos de su detención; amplía de 72 horas a 15 días la detención administrativa y suspende la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
Dos de las recomendaciones realizadas por la CIDH en el reciente informe destacan el uso de los estados de excepción en la región. En la primera recomiendan que estos deben tener un carácter excepcional y limitado. «A fin de evitar su uso como instrumento permanente o generalizado en la lucha contra el crimen organizado, acorde con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales», sostiene en el documento.
La #CIDH presenta la resolución Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas, un instrumento clave que alerta sobre el profundo impacto de este fenómeno en la región y establece lineamientos para que los Estados adopten políticas de… pic.twitter.com/KxXdnS4qIJ
El régimen de excepción se aprobó por el oficialismo para contener una ola de violencia que causó 87 homicidios a finales de marzo de 2022. Desde entonces, los homicidios han ido a la baja, pero también aumentaron las denuncias de capturas arbitrarias, torturas y abusos en las cárceles, algo sobre lo que nunca se ha pronunciado la Dirección General de Centros Penales.
La segunda recomendación de la CIDH es sobre el respeto a los derechos humanos durante el régimen de excepción.
«En casos de situaciones de excepción compatibles con los estándares interamericanos, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos que no hayan sido suspendidos legítimamente cuando se hayan declarado estados de excepción o estados de emergencia en el contexto de la lucha contra el crimen organizado», dice la resolución.
Esta semana, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó ante la CIDH un informe que expone que en el país se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Los expertos afirmaron que existen bases «razonables» para creer que bajo el régimen de excepción hay encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otros hechos.
Además, en el informe coinciden con la recomendación de la CIDH, ya que reconocen que El Salvador «tiene el deber ineludible de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, pero dicha responsabilidad no puede ejercerse perpetrando crímenes internacionales».
Durante la presentación del informe, el segundo vicepresidente de la CIDH, el comisionado José Luis Caballero, afirmó que por lo general los gobiernos apuestan por una seguridad pública eficaz o deciden respetar los derechos humanos.
«La mirada de la Comisión quiere tener estos ejes articulados. Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad pública y seguridad ciudadana de manera muy eficaz y tienen la obligación de garantizarla eficazmente con perspectiva de derechos humanos», señaló Caballero.
Por su parte, la primera vicepresidenta de la CIDH, comisionada Andrea Pochak, también se pronunció esta semana sobre el tema y dijo que la región atraviesa un momento «delicado» en materia de crimen organizado.
Sin embargo, consideró que las políticas que se están implementando para responder a este flagelo son «inefectivas». «Por el contrario se recurren a estas soluciones mágicas, respuestas de emergencia, estados de excepción que no solamente vulneran derechos fundamentales y afectan particularmente a poblaciones en vulnerabilidad, sino que no afectan el flagelo de la violencia y del crimen organizado», afirmó.
Llamados de la CIDH a El Salvador
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el régimen de excepción en El Salvador, desde su implementación el 27 de marzo de 2022.
La primera ocasión que se pronunció fue en noviembre de ese año, cuando el régimen acumulaba ya siete meses. En esa ocasión expresaron su preocupación por las prórrogas de suspensión de derechos contenidas bajo el decreto del régimen y las consecuentes restricciones a los derechos humanos.
En 2023, luego de cumplirse el primer año de vigencia, la CIDH alertó al Estado salvadoreño «que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando es aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común».
Un año más tarde, la Comisión realizó un informe sobre estado de excepción y derechos humanos en El Salvador y recomendó al gobierno que observara las obligaciones internacionales asumidas, que establecen requisitos y límites, «para adoptar dicho mecanismo excepcional de suspensión de los derechos y garantías protegidos por la Convención, que no puede convertirse en parte integrante de su política de seguridad ciudadana permanente».
San Salvador, 31 de mayo del 2024
Familiares victimas del régimen de excepción marcharon desde el redondel Don RÚa hasta el ministerio de justicia y seguridad para pedir al ministro Gustavo Villatoro y al director de centros penales, Osiris Luna, que respeten las cartas de libertad de sus parientes y los dejen en libertad, ya que se ha demostrado que son personas inocentes desde hace más de un año pero continúan detenidos.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Por último, el año pasado la CIDH reiteró su preocupación sobre las disposiciones del régimen de excepción y otras medidas que el gobierno ha usado en la lucha contra la criminalidad organizada y que estas «estén siendo aplicadas a situaciones que no guardan relación con los motivos alegados por el Estado para su implementación», es decir, el combate a las pandillas.
Cuestionan uso de marco punitivo contra organizaciones
Organizaciones de la sociedad civil regionales participaron en una audiencia pública, siempre en el marco del 195 período de sesiones de la CIDH, en el que analizaron el impacto de las políticas de combate al crimen organizado en los derechos humanos.
Abraham Ábrego, de Cristosal, afirmó que las restricciones y la persecución basada en narrativas impulsadas por los gobiernos tienden a colocar a la sociedad civil «en un lugar sospechoso o de terrorismo».
«En muchos países las leyes penales han permitido criminalizar a quienes se manifiestan bajo figuras definidas ampliamente como desorden público, delitos contra el orden constitucional y sedición», aseguró.
Por su parte, Juliana Miranda, representante de la sociedad civil solicitó a la CIDH que monitoreen el uso de estados de excepción en los países de la región y que adviertan a los Estados «que no respetan los límites previstos por el artículo 27 de la Convención Americana o que son utilizados para restringir indebidamente derechos de la población».
