San Salvador, 7 de diciembre de 2022
Detenidos por el régimen de excepción son liberados en el penalito durante la noche del 8 de diciembre. Las personas en el lugar comentaron que en noches anteriores los custodios han sacado a los detenidos para que saluden a sus familiares y luego los vuelven a ingresar al lugar para volverlos a capturar y con un cargo aun más fuerte.
Foto EDH/ Francisco Rubio...
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó este 10 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que expone que en el país se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Afirmaron que existen bases «razonables» para creer que bajo el régimen de excepción hay encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otros hechos.
«La investigación indica que estos hechos obedecen a una política conocida y promovida por los más altos mandos del gobierno», menciona el informe presentado este día en el 195 período de sesiones de la CIDH.
Los expertos sostienen que las cifras recopiladas durante el régimen de excepción «son contundentes», entre las que destacan 540 casos de desaparición forzada y al menos 403 muertes en cárceles, hasta agosto de 2025.
Además, en el informe reconocen que El Salvador «tiene el deber ineludible de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, pero dicha responsabilidad no puede ejercerse perpetrando crímenes internacionales».
Los expertos basan sus afirmaciones en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), con el que sostienen que los casos documentados indican la posible existencia de una política de actuación policial y militar.
«En ese contexto, y conforme a los estándares aplicados por la CPI, los hechos documentados apuntan a la comisión de crímenes internacionales contra la población civil, entre ellos encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional», aseguró Susana SáCouto.
Sin embargo, Adriana Mira, vicecanciller y representante del Estado salvadoreño en la audiencia ante la CIDH, dijo que en el país no existen situaciones como las denunciadas por las organizaciones.
«En El Salvador no hay detenciones arbitrarias, no hay desapariciones forzadas y nada que se le asemeje, por el contrario hay un esfuerzo articulado de todas las instituciones del Estado para actuar en contra de la violencia y la criminalidad», afirmó la funcionaria.
