Los centros penales de Izalco, en Sonsonate, y «La Esperanza», conocido como Mariona, en San Salvador, son los recintos en los que las organizaciones de derechos humanos han documentado gran cantidad de muertes de detenidos desde que inició el régimen de excepción, en marzo de 2022.

Tras más de cuatro años de vigencia de esta medida, los datos recopilados por Socorro Jurídico Humanitario (SJH) revelan que, hasta el 4 de marzo, 498 reos han muerto bajo custodia del Estado.

Ante este panorama, organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ha externado su preocupación la ausencia de visitas o verificaciones de las condiciones de los detenidos bajo el régimen en estos dos centros penales.

Esto consta en la última memoria de labores publicada por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH). La institución no reporta oficialmente verificaciones en las cárceles de Izalco y Mariona entre abril de 2024 y mayo de 2025.

En este período, la institución que dirige Raquel Caballero de Guevara brindó 7,914 atenciones a personas usuarias vinculadas a denuncias de familiares de privados de libertad. Según informó la PDDH, «el acceso a la salud, la educación, la integridad física y moral, así como la protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben estar garantizados en todo momento».

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Sin embargo, en el periodo analizado, auxiliares de la institución que vela por derechos humanos no brindaron ninguna verificación en los centros penitenciarios de Mariona e Izalco, dos de los centros penales que acumulan más denuncias de familiares de reos.

Es grave que se hable de cárceles «modelo» sin verificar

La directora del programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Leonor Arteaga Rubio, señaló que «es muy grave» que se hable de que las cárceles son un modelo «sin haber verificado de manera deliberada las prisiones donde se conoce por familiares e investigaciones de la sociedad civil que se cometen torturas de manera sistemática».

Arteaga advirtió que la PDDH surgió precisamente en un momento en el que el país se estaba recuperando de «atrocidades muy similares» como las que se observan actualmente en las cárceles.

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Sin embargo, considera que, a pesar del papel actual de la PDDH en el contexto del régimen de excepción, es importante que la población siga demandando que esta institución cumpla su rol de defender derechos.

«Y sobre todo su rol de verificar la situación de las personas en las cárceles, esto es más importante que nunca, ya que en El Salvador es el único país de este hemisferio donde la visita familiar, la visita de abogados está completamente prohibida. Las familias no saben nada de quienes están detenidos y con esto se configuran desapariciones», indicó.

En su memoria de labores, la PDDH informó que entre 2024 y 2025 realizaron un total de 419 supervisiones en instituciones responsables de privados de libertad y los lugares con más inspecciones fueron bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) con 281 visitas.

En segundo lugar, con 99 inspecciones, están los centros de resguardo o centros de detención de menores de edad. Los que menos verificaciones reportaron fueron precisamente los centros penitenciarios, ya que la PDDH reportó únicamente siete visitas; de estas cinco fueron en San Vicente y dos en Santa Ana. Y por último se encuentran los hospitales que reportaron solamente tres casos.

La directora de DPLF adelantó que lanzarán, junto a otras organizaciones, un informe elaborado por un grupo de expertos independientes que analizaron si han ocurrido crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción.

«Entre esos crímenes están las torturas muy graves que ocurren en las prisiones y que deberían ser objeto de una gran persecución de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos», subrayó Arteaga.

El último informe anual de SJH publicado el mes pasado reveló que un 60% del total de muertes de reos, documentadas por esta organización durante el régimen de excepción, se encontraban recluidos en los centros penitenciarios de Izalco, en Sonsonate y Mariona, en San Salvador.

Las estadísticas reportadas por Socorro Jurídico demuestran que en los primeros dos penales acumularon, hasta diciembre del año pasado, un total de 281 reos fallecidos, es decir, el 60% de todos los documentados. Le siguen el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana con 49 muertes; y el Centro Penal de Quezaltepeque, en La Libertad con 34. En esta última cárcel se encuentran principalmente la mayoría de reos con enfermedades crónicas.

Otro dato que la PDDH informó en su última memoria de labores fueron las denuncias recibidas en la institución por presuntas violaciones a derechos humanos. La Policía Nacional Civil (PNC) fue la entidad estatal que acumula más denuncias y que más veces fue señalada por la población.

«El centro de máxima tortura: Izalco»

Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, fue consultada sobre la falta de verificaciones en Izalco y Mariona por parte de la PDDH.

A pesar que entre el 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, según la PDDH no hubo verificaciones en estas dos cárceles, desde SJH consideran que en Mariona sí han realizado verificaciones en otros años pero estos informes no son independientes.

«Entran ahí y sería mentir lo que dicen en Mariona, por ejemplo dónde está el expresidente Saca sí conocemos por testimonios de gente que estuvo ahí que son pabellones donde sí hay respeto a derechos humanos, hay ciertos pabellones que son guiados en lugares donde van a salir bien evaluados, en cambio en Izalco el problema es que ahí todo es un caos, en el caso de la gente procesada», afirmó Escobar.

Además, reiteró que en Izalco tienen denuncias «más graves». Ejemplifica con los reportes de presuntas fosas clandestinas al interior de esta cárcel y otras violaciones a derechos humanos. «Es más complejo mentir si se va a esos otros centros penitenciarios, por eso no dudo que esa sea la razón», aseveró la directora de SJH.

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«Como organización, condenamos el hecho que solamente se vaya a unos penales y en sectores específicos donde sí hay buen trato y respeto a derechos humanos y no donde en verdad hay violaciones. El centro de máxima tortura y muerte es Izalco, ¿por qué ahí no van?», añadió Escobar.

Por su parte, Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), considera que esta situación podría tratarse de una estrategia de mantener el silencio sobre lo que ocurre en estas cárceles.

«Creemos que es una estrategia siempre de seguir ocultando información porque este gobierno ha jurado no reconocer las fallas del régimen, las violaciones de derechos humanos del régimen, porque reconocer es aceptar que ha cometido crímenes de lesa humanidad», afirmó.

Según Ramírez es curioso que la PDDH no verifique la situación en Izalco que es el lugar donde más muertos se reportan. «Es una estrategia de no permitir que se conozca la verdad de lo que pasa dentro de las cárceles y sobre todo dentro de Izalco, donde a nosotros casi con mucha frecuencia nos reportan fallecimientos», aseguró.

SE PIDIÓ POSTURA A LA PDDH

El Diario de Hoy solicitó a la encargada de prensa de la institución la postura de la PDDH con respecto a la ausencia de verificaciones en los penales de Izalco y Mariona. También se preguntó si ha habido verificaciones que no fueron publicadas en la memoria de labores de 2024-2025. Al cierre de la nota no hubo respuesta.