A pesar del despilfarro millonario para anular la democracia, el pueblo salvadoreño alcanzó la etapa de identificar a sus aliados del 2026 en adelante. Una tarea de sus organizaciones civiles, dentro y fuera del país, y su diplomacia ciudadana.

Quienes aparentan obedecer la ley pero en realidad irrespetan nuestras normativas y el Derecho Internacional no son nuestros socios. Criminales de guerra; violadores a los derechos humanos internacionalmente señalados; los cómplices de la ruina de nuestra naturaleza ya de por sí degradada; los carceleros y expulsores de nuestros migrantes honrados y trabajadores, tampoco.

No es ruleta rusa: el tirano Vladimir Putin -con orden de captura desde La Haya por la agresión contra Ucrania que lleva cuatro años- y el Partido Comunista de China -que desoye el ruego de la población de no devastar el volcán de San Salvador, indiferencia coherente con la masacre de 1989 contra estudiantes en Tiananmen y el genocidio actual contra los uigures- no son nuestros aliados.

Debemos admitirlo: los nexos históricos EE. UU.-El Salvador, labrados desde la caída del Muro de Berlín y las negociaciones de paz entre 1989 y 1992, se han desdibujado. El contrato del CECOT es uno de los retrocesos dolorosos. Los civiles enviados al CECOT -cientos de venezolanos y el salvadoreño Kilmar Abrego, a quienes nunca les probaron crimen alguno- han recorrido el trayecto desde la tortura y la demonización hasta el amparo de la justicia. Este 12 de febrero, un tribunal federal del Distrito de Columbia ordenó al gobierno que los civiles entregados a Nicolás Maduro por Nayib Bukele deben regresar a EE. UU. Tres días después, un tribunal de Maryland resolvió que Abrego no puede ser más encarcelado y deportado por ICE.

Sobre la ofensiva arancelaria del presidente Trump: es legítimo que cada economía busque equilibrar o rectificar su comercio exterior si su gobierno lo considera asimétrico o deficitario. Sin embargo, entre Europa/Asia-Pacífico y Centroamérica existen no sólo océanos de por medio. Aquellas potencias, más Canadá y México, comprenden casi el 70 % del comercio exterior estadounidense. Centroamérica no define ningún precio global o mercancía clave, EE. UU. goza un crónico superávit con nosotros, exportamos productos que no se producen en EE. UU. como café, ciertas legumbres y frutas. No obstante, la Administración Trump nos arrebató el arancel cero consagrado en el CAFTA y para devolverlo nos sometió a aranceles “recíprocos” que fueron más bien un contrato de adhesión a condiciones unilaterales de la Casa Blanca.

La sentencia de la Corte Suprema de este 20 de febrero tiene muchas lecciones, entre ellas que el presidente Trump actuó desde aquel “Día de la Liberación”, hace 10 meses, fuera de la Constitución pues carece del poder para establecer aranceles bajo la regulación de emergencia que invocó. Todo lo actuado no tiene valor jurídico. Un proceso inconstitucional no genera “nuevas legalidades” en EE. UU. ni en El Salvador. Los congresistas republicanos callaron aun a sabiendas de que la fijación de impuestos y aranceles es potestad legislativa.

Queda para la historia las palabras –“antipatriotas”, “desleales”, “una desgracia”- que el mandatario lanzó contra los seis magistrados que suscribieron la sentencia, dos nombrados por el propio Trump. Yo sigo perplejo tras oírle: «Puedo destruir el comercio, puedo destruir un país. Incluso se me permite imponer un embargo destructivo a un país extranjero. Puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar un dólar”. Inmediatamente -apelando a otras regulaciones- decretó un arancel universal del 10 %, que horas después elevó a 15 %, cuyo fundamento seguramente será cuestionado en tribunales.

Las resoluciones judiciales, varios gobernadores estatales y las voces sensatas desde el Congreso, son nuestros aliados. El contrapeso entre votantes e instituciones ha establecido significativos giros en recientes elecciones locales, pero el veredicto nacional lo dará en noviembre. Será de confiar que a partir de enero una mayoría demócrata en una o ambas Cámaras honre al soberano y retornen a EE. UU., paulatinamente, a la comunidad internacional con todas sus consecuencias.

Cada ciclo de sondeos reafirma la imparable desconfianza hacia el mandatario en torno al 60 % (AP-NORC reportó 62%) concurrente a la condena a agencias como ICE que vulneran el Debido Proceso y las libertades civiles. Además, Rasmussen, encuestadora del entorno republicano, reveló que la mayoría cree que el gobierno oculta hechos y protagonistas de los archivos Epstein en los que el nombre Donald Trump es repetitivo.

Dijo en Davos, Suiza, el Primer Ministro de Canadá que todos tenemos “la capacidad de construir un nuevo orden que integre nuestros valores, como el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados”, y concluyó: “El poder de los menos poderosos comienza con la honestidad”. De este nuevo orden debe ser parte el pueblo salvadoreño para encontrarnos -en la justicia y la verdad- con nuestros genuinos socios.

Especialista salvadoreño en Relaciones Internacionales, integración regional y migraciones