Gobierno propone la creación de un instituto de educación en investigación criminal
La institución se especializará en ciencias jurídicas, criminalísticas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal y administración de justicia
Fiscalía General de la Republica (FGR), la cual se encuentra ubicada en Santa Elena, antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Foto EDH/ Lissette Monterrosa
El gobierno, por medio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República, el cual sería el encargado en la formación criminalística.
El expediente fue enviado a estudio de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, la cual está convocada a sesionar el próximo martes.
De acuerdo a uno de los considerandos, donde se justifica la ley, el fortalecimiento de la FGR «requiere de la formación continua, especializada y de excelencia de su talento humano, garantizando que los profesionales que la integran, cuenten con las más altas competencias técnicas, académicas y éticas para el ejercicio de sus funciones».
Añade que «la pluralidad de los fenómenos delictivos», la evolución constante de las ciencias forenses, criminalísticas y jurídicas, y las exigencias de un «sistema de justicia moderno, eficiente y transparente», demandan la creación de una institución educativa especializada.
Será una institución de educación superior de carácter público adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).
Su objetivo será: «formar profesionales de excelencia académica y técnica, altamente especializados en las ciencias jurídicas, criminalísticas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal y administración de justicia y otras, dotados de sólidos conocimientos teóricos y prácticos, competencias metodológicas, pensamiento crítico y valores éticos».
Su representante legal será el fiscal general, quien podrá delegar funciones administrativas y académicas.
De aprobarse la ley y entre en vigencia, el fiscal tendrá 30 días para emitir el reglamento y normativa interna que establecerá la estructura organizativa, los órganos de dirección, los procedimientos académicos y administrativos, los planes de estudio, los requisitos de ingreso y graduación, el régimen del personal docente y administrativo, según los requisitos de la Ley de Educación Superior y del Ministerio de Educación.
Atribuciones y funciones
El proyecto de ley enlista nueve atribuciones y funciones principales del Instituto. La primera tiene que ver con diseñar, desarrollar e impartir programas de formación inicial, capacitación continua, especialización, diplomados, maestrías, doctorados y demás modalidades educativas en las áreas de ciencias jurídicas, criminalísticas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal, administración de justicia y disciplinas afines.
Luego deberá promover la investigación científica, académica y aplicada en las materias relacionadas con su labor educativa.
Como institución del nivel superior, también deberá fomentar la publicación de obras académicas, revistas científicas, estudios, investigaciones y documentos técnicos «que contribuyan al desarrollo doctrinario y científico de las disciplinas relacionadas con la administración de justicia y las ciencias forenses».
Tendrá la faculta de establecer convenios de cooperación académica, científica y técnica con instituciones nacionales e internacionales de educación superior, organismos de justicia, centros de investigación y organismos especializados.
Además, dicho instituto estará a cargo de la certificación y acreditación de las competencias profesionales de los funcionarios de la FGR y de otros profesionales que participen en sus programas educativos.
Otra de sus atribuciones tiene que ver con el impulso de programas de formación en ética profesional, integridad, transparencia, protección de víctimas y grupos vulnerables, así como en principios democráticos y constitucionales. E intercambios académicos.
Recursos
El Instituto presentará su presupuesto anual y régimen de salarios a la Fiscalía «de acuerdo con sus necesidades y objetivos, para que esta lo apruebe y remita al Ministerio de Hacienda para su autorización correspondiente. La fiscalización del presupuesto será ejercida por la Corte de Cuentas de la República. Además, el Instituto deberá implementar mecanismos eficaces de control interno, auditoría independiente y supervisión continua», indica el documento.
Su patrimonio estará conformado por los recursos financieros necesarios para su funcionamiento, los cuales estarán dentro del presupuesto de la Fiscalía. También los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la FGR.
También podrá percibir ingresos generados por sus actividades y designados conforme a las disposiciones y controles de la Fiscalía; los ingresos provenientes de donaciones, herencias y legados a cualquier título otorgados por particulares en forma directa; los ingresos provenientes de la cooperación internacional o de cualquier país u otro tipo de organismos.
Así como los fondos provenientes de rentas, cánones, intereses, utilidades y frutos que obtenga de sus bienes muebles, inmuebles, o como producto de sus operaciones financieras. También podrá hacer contar con fondos y utilidades provenientes de las inversiones que efectúe en títulos valores y de los intereses por depósitos bancarios.
