Las Asociaciones Comunales y Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO) tendrán que realizar trámites más burocráticos para obtener su personería jurídica o legalización, advierte Cristosal en el marco de la reforma al Código Municipal y la nueva Ley de Registro de Personas Jurídicas propuestas por el gobierno y que ya tienen dictamen favorable de la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa.

Estas iniciativas establecen que las asociaciones, además de tramitar su registro ante los Concejos Municipales correspondientes, deberán solicitar su inscripción en el Centro Nacional de Registros (CNR), dependencia del Órgano Ejecutivo para obtener su legalización.

Según Cristosal, las reformas imponen nuevas obligaciones a las ADESCO que deberán inscribirse ante el CNR para poder operar, «sin que se establezca un plazo razonable de adecuación» para las organizaciones. «Esto deja a las ADESCOS en una situación de vulnerabilidad, ya que, si no logran adaptarse a los cambios, podrían quedar impedidas de realizar operaciones financieras ni actuar ante ninguna institución», agrega.

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Además, las personas que quieran constituir una nueva asociación comunal deberán seguir un proceso «altamente burocrático» ante funcionarios municipales para formalizar la escritura de constitución.

Luego, el Concejo Municipal deberá validar y reconocer dicho acto, y posteriormente será necesaria la inscripción en el registro administrado por el CNR. Cristosal señala que en cada etapa de estos procesos intervienen distintas autoridades «con amplias facultades para ejercer control», lo que podrá obstaculizar la creación de nuevas ADESCO.

«Estas modificaciones al Código Municipal implican que el ejercicio del derecho de asociación queda condicionado a la autorización estatal, tras realizar un proceso burocrático para constituir una ADESCO», detalla en un análisis a las reformas.

Destaca que las municipalidades quedarán como entes tramitadores, pues el reconocimiento legal quedará en última instancia en el CNR, por medio de un Registro de Asociaciones Comunales (RAC).

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«También restringe la libertad de asociación, al establecer procedimientos burocráticos que pueden utilizarse para obstaculizar o boicotear el trabajo de asociaciones legalmente establecidas», destaca Cristosal.

«La principal preocupación radica en que si los directivos de organizaciones sociales emiten alguna opinión pública que no sea del agrado de las autoridades, podrían tomarse represalias al cancelar las asociaciones comunales de las cuales forman parte», expone en documento.

La reforma está pendiente de aprobarse en el pleno.