53 periodistas salvadoreños tuvieron que irse al exilio entre enero y octubre de 2025. Así lo informa la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) en su último balance para este año, presentado este martes.

El dossier detalla que algunas de las causas por las que reporteros salvadoreños decidieron huir de El Salvador están las “persecuciones judiciales, vigilancia policial, campañas de odio y ciberacoso”. “Una ola represiva que azota al país desde mayo de 2025”, califica RSF.

Durante este año, profesionales de medios digitales como El Faro, Factum, Mala Yerba y de otros periódicos tuvieron que salir del país por temores a represalias contra su trabajo investigativo que denuncia la opaca transparencia del Gobierno e instituciones del Estado, presuntos actos de corrupción, violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción o también de abusos de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad.

Pese a las dificultades, muchos de ellos continúan su labor informativa fuera del país con ayuda de Reporteros sin Fronteras. Según se menciona en el informe, en 2025 la organización ha dado apoyo a 15 periodistas salvadoreños que se han visto forzados al exilio.

Los datos para 2025 sobre las situaciones de seguridad y de vulnerabilidad para el ejercicio del periodismo a nivel mundial reflejan que en este año, 67 periodistas han sido asesinados en diferentes circunstancias.

En el balance se menciona el caso del periodista salvadoreño Javier Hércules, quien fue asesinado en Honduras, donde residía desde hacía más de 10 años.

APES también decidió salir del país

También en octubre de 2025, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que en los últimos años ha mantenido una voz crítica hacia el Gobierno de Nayib Bukele y de defensa por la libertad de prensa, se vio forzada a abandonar el país tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, en mayo pasado por parte de la Asamblea Legislativa.

Esta obliga a organizaciones “que sean de carácter político” y que captan fondos de cooperantes internacionales a tributar el 30 % de las donaciones.

En un comunicado publicado en redes sociales, en octubre de este año, la APES se pronunció ante la entrada en vigencia de la Ley, en septiembre, y manifestó que “aceptar la ley es aceptar las condiciones como las que prohíbe a los denominados agentes extranjeros a realizar actividades con fines políticos que “puedan alterar el orden público o amenazar la estabilidad social y política” del país, situaciones de las que la APES expresó que no corresponden a su trabajo.