Con dispensa de trámites solicitada por Nuevas Ideas, como cada mes, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la petición del Consejo de Ministro de otra prórroga al decreto del régimen de excepción. Votaron a favor Nuevas Ideas, PDC y PCN y en contra Vamos.
Esta es la prórroga número 45 al régimen de excepción, que se implementa desde el 27 de marzo de 2022 como medida de combate a las pandillas, con la suspensión de garantías constitucionales que se refieren al derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
La última prórroga vence el 1 de diciembre de 2025. Con esta nueva extensión, el régimen se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2025.
Pese a que el gobierno mantiene el discurso del la reducción de homicidios y la mejora de la seguridad en el territorio nacional, con la captura 90,200 personas, considera que la medida debe continuar vigente, «para continuar las actividades operativas de seguridad».
El oficialismo continúa con el régimen pese a las constantes denuncias de detenciones arbitrarias, abusos, persecución política y hasta 456 reos que fallecieron estando bajo custodia del Estado, en el marco del régimen de excepción, según los datos que registra la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Al menos 183 de los fallecidos estaban en el penal de Izalco.
El gobierno afirma que «persisten remanentes» de pandillas que no han sido desarticuladas. También señala que se requiere coordinación para evitar la incorporación de deportados en estas estructuras y el desplazamiento transfronterizo de sus miembros.
«Sin embargo, persisten remanentes activos de dichos grupos en el territorio nacional, de sus redes de apoyo y de prácticas criminales para su subsistencia y financiamiento que no han sido completamente desarticuladas, en ese sentido, es fundamental mantener la seguridad pública construida y erradicar en su totalidad estos grupos criminales; en consecuencia, es necesario continuar con la acción estatal contundente desarrollada y sustentada en el régimen de excepción», argumenta la nota del Consejo de Ministros.
Cabe señalar que también se han aprobado varias reformas de carácter penal que habilitan a la Fiscalía para hacer acusaciones judiciales masivas, se aplican jueces sin rostro y la detención provisional se extiende hasta dos años. Reformas que según organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos atentan contra el debido proceso.
