La Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) asegura que el modelo de telemedicina con la aplicación “Doctor SV”, lanzada recientemente por el gobierno, es un modelo excluyente y que traslada las obligaciones y costos hacia los usuarios, en particular a quienes están en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
En un comunicado de prensa compartido en redes sociales asegura que la aplicación “erige barreras infranqueables” para la mayoría, por ejemplo, la barrera tecnológica, ya que se quiere contar un teléfono inteligente e internet estable para acceder a la aplicación; además de las habilidades para usarla, lo que excluiría a adultos mayores, poblaciones rurales y en condición de pobreza.
En cuando a la barrera económica califica de “insultante” pedirle a una familia en situación de pobreza que posea un termómetro, tensiómetro y medidor de saturación de O2 para la teleconsulta.
“El Estado no provee, traslada su obligación y el costo a la familia. Este modelo no universaliza la salud; la convierte en un privilegio de clase, empezando por jóvenes urbanos con recursos, mientras abandona a quienes más necesitan el sistema público”, señala la Asociación.
Recordó que con la reforma de salud iniciada en 2009 se establecieron 578 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS-F) diseñados para la atención primaria, la prevención y la participación comunitaria; pero que el actual gobierno no hizo una mejora, “sino un metódico desmantelamiento cuyas consecuencias ya son medibles en vidas perdidas”.
Añade que existe en el país un retroceso en indicadores claves, como en la vacunación, por brotes de dengue, malaria, tifoidea, sarampión, parotiditis, diarrea por rotavirus y neumonías.
“Este retroceso no es accidental. Es el resultado de una estrategia calculada para debilitar el sistema público y crear una crisis de legitimidad para justificar el nuevo modelo: privatizador, medicalizado y ajeno a la salud como derecho”, enfatiza ALAMES.
Además, advierte que la telemedicina no significa salud “gratis”, pues el Estado, con fondos públicos, pagará los servicios y medicamentos a las farmacias privadas, laboratorios y centros de imágenes privados a donde refiera a los usuarios atendidos; lo que significaría costos más altos que si se comprara por el Estado el medicamento.
Otro aspecto preocupante es el almacenamiento de la información no solo personal y del dispositivo de los usuarios, sino también un expediente con la salud física y mental de las personas junto con su identificación por DUI.
#NoALaPrivatizaciónDeLaSalud | "Doctor SV es la culminación de un proceso de desmantelamiento que se aprovecha de un contexto de control social y de un férreo aparato comunicacional."
