Allá por 1997 o 1998, un allegado a la Cooperativa de la Reforma Agraria El Espino se acercó a mi oficina, para entonces la dirección de Fespad, y me pidió que asumiera la defensa de la Cooperativa acusada de usurpación. Me pidió que lo hiciera a título personal, no como Fespad. Le expliqué que mi experiencia en Derecho Penal se remontaba a mis primeros años de Facultad en 1965 y 1966. «Esto va más allá del derecho penal», respondió. Tenía razón. 

Acepté el caso después de consultar el expediente judicial y hablar claramente con la directiva de la cooperativa: la acción penal en su contra era sólida, basada en títulos de propiedad debidamente inscritos y en el hecho material de que la cooperativa efectivamente ocupaba y usufructuaba los terrenos reclamados, de manera que la sanción era inevitable, tarde o temprano tendrían que desocupar esos terrenos, de modo que, para evitar peores consecuencias, debía buscarse un arreglo. Aclarar ese asunto era importante porque antes, algunos colegas -no sé quiénes, habían cobrado ofreciendo ganar el caso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

En octubre de 1986 la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, compuesta entonces por tres magistrados, había declarado inadmisible la pretensión de revertir lo actuado por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) de conformidad con la Ley Básica de la Reforma Agraria (LBRA) de marzo de 1980. Se declaró inadmisible por el voto disidente del Dr. Marcos Gabriel Villacorta y del magistrado de la Sala de lo Penal, Dr. José Manuel Cárdenas. Este último, llamado a zanjar la discordia, se adhirió al voto disidente. Las razones eran simples: la demanda se presentó muy fuera de tiempo y, además, en virtud de la LBRA, el asunto correspondía a la jurisdicción civil, no al contencioso administrativo.  

Dos años después, en abril de 1988, la Asamblea Legislativa interpretó auténticamente por segunda vez el Art. 3 de la LBRA. En esa interpretación facultó al Ministerio de Obras Públicas para calificar la naturaleza urbana o no urbana de los inmuebles intervenidos. Así, con la calificación del M. de Obras Públicas, en nuestro caso se devolvió a sus antiguos propietarios el área comprendida en lo que se apodaba «el lomo de aguja» por ser la mejor porción de la finca, la situada entre la Avenida Jerusalén y la colonia San Benito.

No sé cómo ocurrieron los cambios de propiedad en ese ínterin, pero al momento en que tomé el caso la parte acusadora era: Grupo Dueñas, Grupo Poma y Alcaldía de Antiguo Cuscatlán; el delito, usurpación; el usurpador: Cooperativa de la Reforma Agraria El Espino. La acción penal, como ya dicho, era sólida, la sanción penal inevitable: era urgente buscar un entendimiento. Ayudó que el antiguo procedimiento penal era lento y que el juez a cargo era conocido por su probidad, así no había preocupación por un des-arreglo judicial… Ese juez, a quien conocí entonces, era el hoy exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Lic. Sidney Blanco.

Buscando a las contrapartes, la señora Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, que sigue siendo la misma, no solo no atendió la solicitud de audiencia: todo su personal estuvo tan ocupado que no llegué ni a la sala de espera. El Gerente General de Grupo Poma, conocido desde los lejanos tiempos colegiales, me escuchó amistosamente y me indicó que ellos no se oponían a un arreglo pero que toda gestión estaba a cargo del Grupo Dueñas.

Era una mañana de sábado cuando me entrevisté por primera vez con el Administrador General de Grupo Dueñas. Debo decir que desde ese momento él mostró su buena compostura (caballerosidad dirían algunos), su buen juicio y su empatía ajena a toda prepotencia. La conversación giró inicialmente, por su parte, en torno a la solidez de la acción penal y a la inevitable devolución de las tierras usurpadas; por mi parte, en la historia de la comunidad habitante en la finca, compuesta por antiguos colonos y trabajadores de la misma, en el desamparo habitacional y económico en que quedarían esas familias y en lo grave que sería un desalojo forzoso, tanto para esas familias como para las autoridades públicas y para la imagen de los acusadores.  

Un proceso de negociación cuesta arriba es lento y difícil. Las conversaciones se sucedieron en el tiempo. De cada una, así como de mis actuaciones judiciales, informaba con detalle a la Cooperativa. No fue posible evitar una orden de captura contra cinco directivos, pero un recurso de exhibición personal levantó la de cuatro de ellos. Nunca supe por qué, encontrándose en iguales circunstancias, no se levantó la del quinto… Sin embargo, poco a poco, fue abriéndose espacio al entendimiento: se segregaría una porción marginal de terreno para que la comunidad se asentara en ella a cambio de lo cual la cooperativa abandonaría el «lomo de aguja». El entendimiento avanzó bastante. Llegué a ver el plano de ubicación debidamente parcelado, faltaban aún los servicios de agua potable, energía eléctrica y drenajes.

Así las cosas, una mañana llegué a reunión con la Cooperativa. Me sorprendió encontrar a la Directiva en pleno esperándome, tanto como el ambiente de velorio que se respiraba. Pregunté a qué se debía eso, me respondieron: «Es que el presidente (Armando Calderón) ya va a salir y no quiere dejar asuntos grandes pendientes y nos han hecho una propuesta de arreglo». «Pero eso es para alegrarse», contesté, y con dificultad quien presidía me explicó: «Es que nos han puesto como condición que usted se retire, que ya no siga con nosotros». A buen entendedor pocas palabras. «Ustedes decidan lo que mejor les convenga», les dije, «por mí no se preocupen». Ese fue mi último contacto con la Cooperativa.

Este país es muy chiquito y el resto lo supe de oídas. Como no puedo confirmar nada, no lo agrego a este relato; lo cierto es que las amputaciones de El Espino comenzaron con la del «lomo de aguja». El presidente entrante donó un terreno a una universidad, luego otro a una fundación; en otras presidencias se construyó el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el del SICA; siguió la Escuela Militar sustituida por un estadio, y ahora se anuncia una amputación mayúscula: instalación del Centro Internacional de Ferias y Convenciones… 

Aparte del ultraje ecológico, ¿pueden ustedes imaginar el hiper congestionamiento que habrá en esa zona -ya ahora congestionada- cuándo coincidan feria y partido al mismo tiempo? ¿Puede concebirse peor ordenamiento territorial? Difícilmente.

¡No sigan espinando El Espino! 

Abogado