La medida fue una directriz del MINEDUCYT, pero fue calificada como un distractor por algunos especialistas.
La medida fue una directriz del MINEDUCYT, pero fue calificada como un distractor por algunos especialistas.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología prohibió, a partir del 2 de octubre, el uso del lenguaje inclusivo en los centros educativos del país bajo el argumento de consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa.
La orden se divulgó del memorándum N.º 22-2025 firmado por la ministra, Karla Trigueros. El documento ejemplificó algunas palabras que ya no podrán utilizarse, como «amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs y nosotrxs».
Además de «cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia. De esta manera, se garantiza el buen uso de nuestro idioma y se evita injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado», señala el documento.
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El tema del lenguaje inclusivo ha sido motivo de debates y consultas desde hace varios años, como lo demuestra el registro de la Real Academia de la Lengua. «Son muy variadas las estrategias que defiende el llamado «lenguaje inclusivo» para evitar el normal uso del masculino con valor genérico. Algunas no son gramaticalmente incorrectas, sino simplemente innecesarias. Otras son ajenas al sistema lingüístico», publicó en X en octubre de 2019.
Posteriormente, expuso que el lenguaje inclusivo «supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer».
Por su parte, el historiador Carlos Gregorio López consideró que la medida es una maniobra política. «Esto es un distractor, es un elemento muy usado por este gobierno. A mí me llamó la atención que esa medida surgió casi inmediatamente después de la reunión de Trump con su secretario de Defensa, el discurso es exactamente el mismo, son discursos de intolerancia, de exclusión», señaló.
En su opinión, estas disposiciones «tienden a esconder qué es lo que está haciendo el ministerio de educación en realidad y hay una tendencia al control realmente espantosa».
Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, opinó que «el gobierno siempre ha utilizado diferentes distractores para coyunturas». Señaló que la medida se da en un contexto en el que «se está discutiendo la asignación presupuestaria para el siguiente año» y que el Ejecutivo «siempre manipula esta información».
«Dicen que han aumentado en educación, cuando en los últimos años hemos visto el deterioro significativo de las condiciones educativas del país, el cierre de más de 70 escuelas, el despido de varios maestros, etc.», aseguró.
En tanto, María Inés Dávila, integrante del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, afirmó que la decisión «no contribuye a la convivencia en este país y hay otros problemas mucho más importantes que como población se están enfrentando sin que el gobierno tome las medidas pertinentes».
Dávila apuntó que «hay una reducción en el presupuesto del rubro educativo, seguramente la estrategia es que nos pongamos a hablar sobre la situación de eliminar el lenguaje inclusivo, cuando las decisiones que se toman para el funcionamiento del sistema educativo son las que han venido afectando a lo largo del gobierno de Bukele».
Andrea Hernández, de la Fuerza Estudiantil Salvadoreña de la UES, coincidió en que la medida busca desviar la atención pública.
La medida también fue cuestionada por ciudadanos a través de redes sociales, partiendo de que este jueves se viralizaron imágenes y videos de niños con dificultades para acceder a su centro escolar por la crecida de un río.
Para el diputado Francisco Lira, de ARENA, llama la atención que horas después de que se hiciera viral el video de estudiantes tratando de cruzar un río para llegar a clases, el gobierno decida cambiar el foco del debate «hacia un tema que ni es urgente ni resuelve los problemas estructurales del sistema educativo».
La ministra ordenó prohibir las palabras que pudieran ser «inclusivas» en cuanto al tema de género en materiales y libros que deriven de la dependencia gubernamental y también aplica para comunicaciones formales.
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