El Gobierno destinará $2,540.2 millones para abonar a la deuda pública (interna y externa) dentro del presupuesto presentado para 2026, según detalla el proyecto divulgado en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda.

El monto representa aproximadamente un 24% de los $10,555.6 millones que conforman el gasto total proyectado para ese periodo.

Es decir, por cada 100 dólares del presupuesto, 24 se destinarán al pago de deuda.

Del total del presupuesto, $1,507.460 millones se utilizarán para cubrir el servicio de deuda externa, correspondiente a 171 préstamos, equivalentes a poco más de la mitad del total de la deuda pública (61% aproximadamente).

Un dato preocupante es que la mayor parte del monto proyectado para el ejercicio fiscal 2026 que se abonará a deuda externa se concentrará en el pago de intereses, $1,081,849.995, mientras que $425,610,750 se usarán para amortización de capital.

Esto significa que la mayoría de los recursos destinados a la deuda externa no reducirán el saldo pendiente, sino que únicamente cubrirán intereses acumulados, dejando una porción menor para disminuir el crédito real.

Entre los préstamos figuran financiamientos recientes, como el de la construcción del viaducto de Los Chorros, así como otros heredados de gobiernos anteriores y contratados a plazos superiores a quince años, que aún siguen vigentes.

La deuda pública externa total, es decir, el monto que el Estado de El Salvador adeuda a acreedores internacionales, desde organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), hasta inversionistas privados y tenedores de eurobonos, asciende a $13,967.3 millones hasta agosto de 2025, lo que equivale al 38.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

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De esa cantidad, el 24% tiene vencimientos de entre uno y cinco años, y el 35% entre once y veinte años.

Lo que quiere decir que aunque se abone, si la mayoría del monto se destina a amortizar intereses, la deuda externa no experimentará un descenso considerable en el próximo año.

Además, dentro del presupuesto general, el Gobierno anunció que $929.3 millones serán para cubrir el endeudamiento interno (bonos de conversión y consolidación GOES-BCR, Letras del Tesoro, Cetes y otros).

De este total, $422.376 millones se utilizarán para pago de intereses y $503,786.6 millones para abono a capital.

Deuda pública en aumento

El porcentaje del presupuesto 2026 destinado para el pago de la deuda pública, según los datos de Hacienda, supera al de este año, pues para 2025 se destinaron $2,000 millones (19%) y para el año que viene será 24%, lo que refleja un crecimiento sostenido de los compromisos financieros del país.

El resto del presupuesto se financiará principalmente con ingresos tributarios, que cubren los gastos corrientes en áreas como educación, salud y seguridad.

Sin embargo, dado que los ingresos por impuestos no alcanzan para cubrir todos los compromisos, el Gobierno recurre a financiamiento interno y externo.

Este patrón evidencia que una parte considerable de los fondos públicos se destina año con año al pago de compromisos financieros, un aspecto clave para comprender cómo se distribuyen los recursos del Estado.

Otro dato relevante es que la deuda pública total continúa en aumento. A agosto de 2025, el monto de la deuda de corto, mediano y largo plazo, sumadas las obligaciones del sistema de pensiones, ascendía a $31,932.7 millones, equivalente al 87.2% del PIB.

Para entender la cifra, hay que hacer una relación matemática simple. El PIB, que es la suma de lo que produce la economía salvadoreña, llegó en agosto a los $36,602.1 millones, de los cuales la deuda pública, es decir, lo que el Estado debe tanto a inversionistas como a organismos multilaterales, abarcaba los $31,932.7 millones.

Esto indica que, por cada dólar que los salvadoreños producen en el país, 87 centavos están comprometidos para pagar créditos, por lo que deja poco espacio para invertir en educación y salud, por ejemplo.

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Esto es una señal de alerta, porque entre más alta sea la deuda, más difícil será pagarla sin afectar el crecimiento económico y las inversiones públicas.

Varios organismos internacionales han señalado que la tendencia es que el endeudamiento seguirá creciendo y los números lo reafirman, pues en ocho meses de 2025 la deuda superó todo el monto de 2024.

Deuda flotante también sube

A las cifras destinadas a compromisos financieros se suma la deuda flotante, que corresponde a obligaciones de corto plazo que el Gobierno debe cubrir de manera inmediata.

Incluye facturas de proveedores, préstamos temporales, anticipos ya utilizados, salarios pendientes e intereses próximos a vencer, entre otras.

A diferencia de la deuda pública total —que se pacta a plazos de cinco, diez o hasta 20 años—, la deuda flotante suele tener vencimientos menores a un año. Se trata del dinero que el Estado utiliza para financiar necesidades inmediatas cuando los ingresos no son suficientes para cubrir todos los gastos.

En el articulado de la Ley del Presupuesto «se autoriza al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda a emitir deuda flotante o de corto plazo, conforme al artículo 227 de la Constitución, para cubrir deficiencias temporales de caja por un monto que no exceda el 20% de los ingresos corrientes».

Este porcentaje se ha mantenido en los últimos tres presupuestos, aunque el de 2026, al tener el presupuesto un incremento de $892.6 millones respecto a 2025, también aumenta la suma destinada a cubrir la deuda flotante.

Según explicó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, durante la presentación del presupuesto, los ingresos corrientes se estiman en $8,950 millones.

Si el límite del 20% se aplica a esta cifra, implica que se proyecta utilizar $1,790 millones para cubrir deuda flotante en 2026, según datos del Portal de Transparencia.

El incremento de la deuda flotante es del 4%, lo que indica que, aunque habrá más obligaciones inmediatas, no se trata de un aumento alarmante.

Sin embargo, el dato refleja que el Gobierno sigue dependiendo del financiamiento de corto plazo para cubrir pagos inmediatos —como proveedores, salarios e intereses próximos a vencer—, aunque sin mostrar aún signos de una crisis de liquidez.