El proyecto de llevar internet a 5,000 escuelas públicas, financiado con más de $91 millones provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno de Corea y cooperación no reembolsable de la Unión Europea, enfrenta serios cuestionamientos por parte de las empresas contratistas involucradas.
Varias de ellas han denunciado el incumplimiento de pagos por parte de la UDP Telefónica Multiservicios – Etesal Banda Ancha para Sitios Públicos, encargada de ejecutar la obra, lo que les ha generado una crisis financiera con deudas millonarias y riesgo de quiebra en el sector.
De acuerdo a información proporcionada a El Diario de Hoy, dentro del proyecto hay empresas clasificadas por tamaño, las cuales están atravesando una crisis financiera a la que han sido arrastrados por el impago, que ya lleva más de cuatro meses.
«Esta organización que se ha llamado UDP contrató a varias empresas dentro de las que estamos nosotros y a nosotros en particular nos deben cantidades de seis dígitos medianos, es decir, en el orden de los $500,000», expuso una fuente vinculada a una de las empresas afectadas, quien habló bajo reserva de identidad.
Dentro del proyecto hay ocho empresas que han brindado su servicio como contratistas para la conectividad de las escuelas, exponen.
El «Programa de Conectividad Digital Social» es impulsado por la Secretaría de Innovación; de acuerdo con la comunicación oficial el programa tiene el objetivo de reducir la brecha digital del país al mejorar el acceso a la banda ancha e internet y desarrollar habilidades digitales en la población.
Las fuentes dieron acceso a El Diario de Hoy a dos contratos del proyecto, los cuales confirman que el proyecto se desarrolló en dos fases, para el caso la Fase I se firmó para un plazo de cuatro meses (febrero a junio de 2024). Por ejemplo, una de las empresas tendría a su cargo más de 400 escuelas de las 1,611 contempladas en esta primera etapa.
$91 millones
De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el «Programa de Conectividad digital social» que contempla el suministro, instalación y configuración de internet a 5,000 escuelas públicas tiene una asignación por más de $91 millones
El contrato de «compra de bienes y contratación de servicios» se firmó entre el representante y apoderado de Telefónica Multiservicios S.A.de C.V. a su vez representante de la UDP con el representante de la empresa contratista.
Uno de los documentos establece que el contratista se compromete a ejecutar la Fase I del proyecto bajo la modalidad «llave en mano», que implica la entrega de la obra completamente terminada, incluyendo diseño, suministro de materiales, instalación, pruebas y puesta en marcha.
Las condiciones de pago se establecen con un anticipo del 20% del valor del contrato, pagos parciales por ejecución de fases, y el pago final una vez que se recibe la totalidad de la obra a satisfacción del contratante.
En la Fase II, que comprende aproximadamente 3,000 escuelas, poco más de 200 fueron ejecutadas por esta empresa, el contrato es firmado para los servicios de instalación del «Proyecto Red de Transporte Escuelas FASE II».
Este establece que el proveedor deberá realizar la instalación de equipos, racks, fibra óptica y pruebas de velocidad y filtrado, así como entregar reportes y actas de aceptación.
Esta vez el contrato es firmado por el representante de la empresa proveedora y por la parte de la UDP firma como representante Edwin Patricio Nuñez Alguera, presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y emisario nacional del partido Nuevas Ideas, según se describe en su página web y sus redes sociales.
El valor para la ejecución de esta fase, según contrato, fue por un monto superior a un millón de dólares.
Asimismo las condiciones de pago se establecen de forma periódica en base a la presentación de avances semanales, efectuados a 30 días calendario. «No recibimos anticipo para iniciar la Fase II», declaron.
Según información proporcionada, el mega proyecto de conectividad de las escuelas inició en 2023 con una fase cero en la que fueron intervenidas 419 escuelas, las cuales fueron entregadas en octubre del mismo año.
«Cerramos el periodo de la Fase I con un déficit de pago de alrededor de $500,000 a $600,000 solo en la primera etapa», expuso uno de los entrevistados.
Imagen de referencia-EDH/Archivo
Un proyecto con tropiezos desde el inicio
Al menos dos de las empresas consultadas por este medio, confirmaron que el plan, adjudicado en 2023, arrancó con retrasos en la planificación y deficiencias técnicas señaladas desde el inicio.
«El fenómeno que ha pasado acá es que el BID demandó bastante corto tiempo (para ejecutar el proyecto), al ver esto hicimos reuniones para hacer notar que el proyecto estaba mal planificado», expuso uno de los empresarios.
Al menos cuatro de los empresarios con quienes este medio pudo confirmar esta información, señalaron que tras finalizar la Fase I hubo un déficit de pago por arriba del medio millón de dólares en cada caso, situación que los llevó a considerar no entrar en la segunda fase, no obstante se vieron obligados a continuar en el proyecto bajo condiciones de presión.
«Prácticamente fue un secuestro. Nos dijeron: si no entran a la siguiente fase, no les pagamos la deuda anterior si no hasta que el proyecto haya finalizado», declaró un empresario afectado.
Otro de los empresarios expresó: «Fue un argumento de negociación coaccionado. Si nos pagaron (la deuda de la fase I) tiempo después. Suscribimos nuevos contratos pensando en que todo iba a marchar de una mejor manera, pero volvimos a caer, como quien dice, en la trampa», declaró.
Millones adeudados y empresas al borde del colapso
Actualmente, contratistas reportan que en algunos casos el impago supera los $1.2 millones, desde hace más de cuatro meses. A esto se suma la obligación de cubrir impuestos y planillas, sin contar con los recursos acordados.
«Estoy viendo cómo endeudar mi casa para pagar las cotizaciones sociales. Nos han llevado a una espiral de deuda insostenible», confesó uno de los afectados, quien asegura que el financiamiento para la ejecución de las obras debió conseguirlo a través de factoraje y créditos privados, elevando aún más sus costos.
Otro de los empresarios señala que los periodos de pago estaban estipulados en el contrato quincenales, no obstante no se hicieron bajo el argumento de que «el Gobierno no les ha pagado a ellos (UDP)».
La situación se repite en las ocho empresas de telecomunicaciones y construcción de redes ópticas, que forman parte de las fases en ejecución, aseguran las fuentes.
Los empresarios reconocen deudas superiores a medio millón de dólares y sostienen que ya han recibido notificaciones de acreedores y presiones de entidades financieras.
Las contratistas afirman que la UDP justifica los retrasos señalando que el gobierno aún no ha liberado los fondos, pero cuestionan esa explicación:
«Eso debió haberse previsto en la relación entre la UDP y el Estado. No pueden forzarnos a nosotros a convertirnos en socios, entre comillas, de la UDP, asumiendo costos financieros que nunca estuvieron contemplados en los contratos», explicó otro empresario.
El incumplimiento también tiene un efecto tributario pues al emitir facturas fiscales, las empresas deben pagar el IVA al Estado aun cuando no han recibido el dinero, mientras «ellos sí utilizan esos créditos fiscales a su favor», cuestionan.
Implicaciones legales y políticas
Aunque varias compañías han considerado presentar demandas por incumplimiento de contrato, prevalece el temor a represalias y a que los procesos judiciales no avancen.
«¿Qué garantías tenemos cuando los representantes de estas empresas están vinculados a círculos de poder?», cuestionó un contratista.
Más allá del impago, las denuncias también apuntan a falta de planificación, deficiencias técnicas y decisiones apresuradas en el diseño de las redes. En algunos casos, el cableado utilizado no cumplió estándares mínimos, que fueron señaladas en tiempo, pero que generaron atrasos, por ejemplo, por fallas como cables dañados por roedores.
«Les dijimos que usaran cable antirroedores, parte de los atrasos fue porque las ardillas estaban rompiendo los cables», añadió uno de los entrevistados.
Un proyecto millonario bajo la lupa
El proyecto de conectividad escolar fue anunciado en 2020 como un paso clave hacia la modernización del sistema educativo. Sin embargo, este no solo enfrenta ineficacias denunciadas por docentes, sino que estaría dejado en evidencia los riesgos de gestión financiera y contractual.
«Es un proyecto que se presenta como transformador, pero que está maquillado. La deuda la pagan todos los salvadoreños, mientras las pequeñas y medianas empresas que lo ejecutaron están siendo empujadas a la quiebra», advirtió una fuente que conoce de primera mano la situación de una de las empresas.
Por su parte maestros y gremiales de docentes, como Bases Magisteriales y Simeduco, han señalado deficiencias con el servicio de internet en las escuelas, esto pese a que el 22 de mayo pasado, durante el lanzamiento del programa «Dos escuelas por día», el presidente Nayib Bukele dijo que el 80% de las escuelas ya tenían internet de alta velocidad.
A esa misma fecha, docentes señalaron que el servicio no está disponible en varias escuelas, en otras solo se había colocado el cableado, y en otros centros educativos la conexión era deficiente.
Por su parte, los contratistas señalan que el trabajo asignado, en algunos casos más de 300 escuelas, en otros más de 400, ha sido finalizado en tiempo y en forma, pese a los retrasos a causa de la mala planificación del proyecto.
De acuerdo a información publicada en sitio web del BID, entidad que figura como administrador de la contribución financiera, los fondos asignados para el «Programa de Conectividad digital social», en el que se contempla el acceso a internet en las escuelas públicas, es financiado con $35 millones provenientes del Gobierno de Corea, el préstamo tiene el código 5341/KI-ES y fue aprobado en abril de 2022, y se firmó el 4 de abril de ese mismo año.
En 2022 el BID también otorgó $50 millones provenientes de capital ordinario y destinados para el mismo programa el cual se registra con el identificador BID 5340/OC-ES. En tanto, el 28 de marzo de 2023 se firma el contrato por parte del Gobierno de El Salvador y el BID un préstamo no reembolsable por $6,431,162 el cual proviene de la Unión Europea.
Por ahora, los contratistas esperan respuestas concretas de las autoridades y el cumplimiento de los pagos atrasados.
«Lo que esperamos es que se cumpla con el compromiso, nos hemos metido en un hoyo y un espiral de deuda bien complicada por tal de apalancarles ese proyecto novedoso, hemos tratado de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, que es lo que sabemos hacer, pero las condiciones no se han dado y vemos nuevamente cómo se está gestionando hoy por hoy los proyectos desde el gobierno», opina uno de los afectados.
Solicitud de información Para el desarrollo de esta nota se buscó postura a través de la agencia de comunicaciones de Movistar El Salvador y llamando al número de teléfono de uno de uno de los gerentes vinculado al proyecto entre el 17 y el 19 de septiembre. En el primer caso se respondió que se trataba de «una alianza entre varias instituciones» y que no había «un vocero de la marca que pueda brindar declaraciones». En el segundo caso, la persona consultada respondió que el número estaba equivocado.
También se solicito postura a la Secretaría de Innovación a través de mensajes vía Whatsapp dirigidos al departamento de Comunicaciones. La solicitud se hizo entre el 17 y el 19 de septiembre, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Se consultó además a Etesal llamando al teléfono 2507 6600 donde se dijo que se trasladaría la consulta al área correspondiente y pidieron que se dejara un número de contacto y correo electrónico para corresponder, pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.
¿Qué es una UDP (Unión de personas) Es un tipo de asociación de personas que se celebra con el objetivo de obtener calidad de contribuyente y operar con registro fiscal propio ante la Hacienda Pública.
