Roswal Gregorio Solórzano Hernández cuenta con un numeroso historial de casos en los archivos de la Corte Suprema de Justicia y fue procesado por la FGR.
Sindicalista condenado por abandono de trabajo busca dirigir la PDDH
Roswal Gregorio Solórzano Hernández, sindicalista del Órgano Judicial, aspira a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Su trayectoria está marcada por sanciones administrativas y procesos judiciales que lo han vinculado con protestas y bloqueos en centros judiciales.
En 2021, fue sancionado por abandono de trabajo mientras se desempeñaba como notificador del Juzgado Décimo Segundo de Paz. Solórzano atribuyó la medida a represalias, pues en ese período había promovido demandas contra la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional del periodo 2009-2018.
La Fiscalía General de la República (FGR) también lo procesó en 2020, junto a otros sindicalistas, por desórdenes públicos, obstrucción al tránsito y apología del delito. Según la acusación, lideró protestas en la Alameda Juan Pablo II que bloquearon el acceso al Instituto de Medicina Legal y a edificios judiciales, además de difundir un mensaje en redes sociales en el que llamó a una “insurrección popular” contra la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional.
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Ese mismo mes, Solórzano y otros sindicalistas cerraron por la fuerza el Centro Judicial Isidro Menéndez y el Centro Integrado de Derecho Privado y Social, interrumpiendo audiencias y diligencias. Los bloqueos se repitieron el 29 de junio de 2020 y contaron con el respaldo de sindicatos como SITTOJ, SINEJUS y SEJES 30 de Junio.
Tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el 1 de mayo de 2021, celebró públicamente la medida y días después acompañó la llegada de los magistrados impuestos por la Asamblea Legislativa.
La Ley Orgánica de la PDDH establece que quien dirija la institución debe ser salvadoreño, mayor de 35 años, de reconocida trayectoria en derechos humanos, con moralidad y competencia notorias, y en pleno goce de sus derechos ciudadanos.
Este marco legal inhabilita de ser electo como procurador a quienes sean funcionarios de elección popular, ministros o viceministros de Estado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, los integrantes de partidos políticos que desempeñen cargos en los órganos de dirección, los militares de profesión que estén o hayan estado de alta.
“El cargo de procurador es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión, con la participación activa en partidos políticos; con el desempeño de cargos directivos en organizaciones sindicales o empresariales y con la calidad de Ministro de cualquier culto religioso”, especifica la ley.
Supuesto abogado
Solórzano labora en la Corte Suprema de Justicia. Tiene una plaza de colaborador jurídico y también se ha desempeñado como notificador, citador y ordenanza. En su hoja de vida consigna que de forma adicional se desempeña como secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), con el que ha promovido varios bloqueos. Esto contrasta con la inhabilitación de la ley de la PDDH.
Según menciona el documento, obtuvo su título de Ciencias Jurídicas en 2014. El Diario de Hoy consultó con la Sección de Investigación Profesional del Órgano Judicial y esta informó que Solórzano no está en la base de abogados autorizados.
“En el país, la situación de la PDDH, siempre ha sido precaria en términos de presupuesto, así como también en carencias de personal que asuma labores de defensa técnica”, menciona la carta de interés en el cargo.
En su escrito menciona que si se le considera para el nombramiento, su compromiso es impulsar una serie de cambios al interior de la PDDH motivados por la capacidad técnica para el cargo, aunque no menciona cuáles, aún así, podrá tener la oportunidad de enumerarlos cuando la Comisión Política de la Asamblea Legislativa lo programe.
Como referencia adjuntó al exmagistrado del Tribunal del Servicio Civil, Juan José Zaldaña Linares.
