A 79 días de las elecciones presidenciales de 2019, la sociedad salvadoreña está pendiente del rol que pueda jugar la autoridad electoral en garantizar que este evento sea transparente, confiable y supere los problemas generados en los comicios de 2015 y 2018.
Para entender esta situación, El Diario de Hoy conversó con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de Fusades, quien hizo un balance de los preparativos electorales y llamó a la población a confiar en el proceso y salir a votar el próximo 3 de febrero.
¿Cómo ve los preparativos para las elecciones de 2019?
Desde el acuerdo de paz de 1992, son doce elecciones entre legislativas, municipales y presidenciales que ha organizado nuestro Tribunal Supremo Electoral y no hemos tenido en estos procesos electorales dudas de la transparencia en la celebración de las elecciones.
A partir de 2015, por las reformas electorales y sentencias de la Sala de lo Constitucional que llevaron a nuevas reglas, se complejizó un poco el procesamiento y transmisión de datos y el conteo de votos, pero son factores que si bien tenemos que resolver y sin duda complican la gobernanza electoral, tampoco nos pueden indicar que estamos mal preparados para la elección.
¿Está actuando bien el TSE?
El TSE está cumpliendo su Plan General de Elecciones y lo que sí debemos demandarle es que pueda cumplir con la integración de las Juntas Receptoras de Votos, pues es la segunda ocasión en que el Tribunal tiene que integrarlas con gente no vinculada formal y materialmente a partidos políticos.
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Otro reto importante es la regulación del financiamiento. Finalmente, la gente debe estar clara que en 2019 podremos elegir un nuevo presidente, y que tenemos una tradición de elecciones desde la firma de la paz donde a diferencia de lo que sucedía antes con los golpes militares y fraude, ahora podemos estar tranquilos que se elige a nuestro representante en la presidencia con limpieza. Hay que transitar al concepto que Kofi Annan dejó sobre integridad electoral donde ya no solo vemos la limpieza de la elección sino otros factores que tienen que ver con el trabajo de la autoridad electoral.
¿Qué garantías hay para superar los problemas de 2015 y 2018?
Los tipos de elección y sus problemas son distintos. El conteo de votos se hace más fácil en la presidencial, pues solo votamos por bandera. El tema del conteo debería ser más fácil para las JRV. El problema se puede dar principalmente en el procesamiento y transmisión de resultados. Por primera vez, el TSE ha dicho que administrará tecnológicamente el procesamiento y transmisión de resultados. En la presidencial anterior fue una empresa extranjera que prestó ese servicio y todos los salvadoreños con acceso a internet pudimos seguir en vivo la alimentación del sistema y con claridad vimos quién iba a la cabeza y quién ganó.
Ese es un aspecto que genera incertidumbre porque lo que ha dicho el TSE es que usará los escáneres donados por la cooperación internacional y se contratará gente local para adecuar el software para que el mismo tribunal haga este servicio. Esto tiene que explicarlo ampliamente para que no haya duda.
El TSE además tiene que motivar a la gente a votar. Una baja participación no depende del Tribunal, pero en la medida que muestra una solidez en sus declaraciones públicas y mientras anima a la gente a usar este derecho que la democracia nos da podemos motivar a los ciudadanos.
Lamentablemente hemos visto recientemente una disputa entre el magistrado presidente y otros sobre el acta que se usará para el registro de votos, lo cual genera dudas sobre cómo se van a contar y plasmar los votos en las actas. Esto es algo relevante para resolver y que no haya dudas de la limpieza de la elección.
El Tribunal deberá convocar a cerca de 25 mil personas para integrar las mesas electorales. ¿Tendrá tiempo para capacitar a estas personas?
Esto es relevante porque las JRV son jueces porque califican en el escrutinio preliminar si un voto es válido o no, y luego el TSE con una reforma aprobada recientemente podrá revisar con tres votos esta calificación de las JRV. En estas mesas tiene que haber según la Sala de lo Constitucional gente no vinculada a partidos y el filtro del TSE debe procurar que así sea y que sean capacitados para llenar de correcta el acta, puedan tener claros los criterios de nulidad de un voto.
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Por tanto, deben superarse al menos dos problemas en relación a 2015: una es que los partidos tienen que dar en tiempo los listados. En ese momento no los dieron y se tiene que recurrir al sorteo que la ley manda para que haya ciudadanos de cada distrito electoral para integrar las mesas y que vengan voluntarios que integren estas.
El otro problema es que estén suficientemente capacitados. En 2015 hubo poco centros de capacitación o no llegaba el capacitador o la gente, que no había sido convocada. Ojalá que haya una campaña próxima para animar a la gente a cumplir este deber cívico de integrar mesas y participar de la limpieza de la elección.
Sobre el financiamiento electoral, hay un reporte que indica que en octubre los partidos gastaron más de US$4 millones en campaña, sin saber de dónde proviene ese dinero. ¿Cuál es el riesgo de no conocer la fuente de estos fondos?
El tema de la relación del dinero y la política es interminable y se viene discutiendo en América Latina desde hace décadas porque desnaturaliza la función de la política cuando ingresa dinero sucio y permite que el crimen organizado o la corrupción utilice la democracia misma para tomarse el poder con ese dinero ilícito.
Los montos los podemos analizar si son altos o no en un país con tantas necesidades. Si sumamos esos US$4 millones y el costo de organizar la elección, resulta que irían ya casi US$30 millones en la organización de la elección. Eso podría escandalizar a un ciudadano que vive en situación de pobreza, pero hay que entender que la democracia tiene un costo y no se puede demonizar el dinero en la política, sino regularlo de manera razonable.
La tendencia hoy día es aplicar al financiamiento las normas de transparencia que se utilizan en todo sistema para evitar corrupción, pues el dinero ilícito en la política es similar a la corrupción en general. Por lo tanto, se exige más transparencia. Esto hacen organizaciones como Acción Ciudadana que sensibilizan a la gente para saber que el dinero en la política es necesario, sobre todo en campaña para dar a conocer propuestas, candidatos y mensajes y en tiempos ordinarios para educar cívicamente a la gente.
Lo importante es que el TSE dé la información y auditar a los partidos y fortaleza su unidad de auditoría, pidiendo sanciones drásticas a los partidos que no cumplen con estas obligaciones.
¿Qué otro rol puede jugar la sociedad civil en la pureza del sistema electoral?
La gobernanza electoral no solo atañe a la organización de elecciones y la justicia electoral oportuna. También tiene que ver con la relación de la autoridad electoral con otras instituciones del Estado, con la observación electoral y con el sector privado. En la medida que esta relación es oportuna, se cierran las puertas a problemas que puedan generarse en una elección.
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Por ejemplo, el TSE debe coordinar con las autoridades el tema de seguridad pública. El Tribunal debe facilitar ingreso de las misiones de observación electoral de organismos internacionales y la sociedad civil local.
Y es importante que la gente se involucre, votando, cuidando elecciones, discutiendo. Si los ciudadanos exigimos que los candidatos acudan a las instancias a explicar sustancia, podremos mejorar la participación en elecciones.
¿Podemos confiar en el TSE como árbitro imparcial?
Aquí hay dos lecturas. Recientemente, en nuestra Jornada de Estudios Electorales, una consejera del Instituto Nacional Electoral de México, Pamela San Martín, nos decía que un modelo desconcentrado donde hay una institución que organiza elecciones y otra que administra justicia la ventaja es que la autoridad electoral no es juez y parte, alguien más califica su trabajo. Eso aquí no aplica porque un mismo tribunal hace ambas, y ha habido un déficit de justicia electoral. Ha intentado mejorar el tiempo de resolución pero hay pocos abogados especialistas en derecho electoral en la unidad de resolución, además de falta de profesionalización del personal del TSE para que haga verdadera carrera administrativa.
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Por ejemplo, si un comercial violenta la ley electoral, este debería quitarse de inmediato. Lo que hemos tenido es que se deja pasar un mes cuando ya ha tenido un impacto en la ciudadanía. Es un riesgo llegar con débil justicia electoral a 2019.
Los resultados en América Latina son estrechos porque hay lento crecimiento económico y hay un descontento con la democracia. Eso hace que la competencia por el poder político sea mayor y la diferencia entre primer y segundo lugar sea menor. La posibilidad de impugnar resultados es alta y cuando se impugnan estos vemos la necesidad de una justicia electoral efectiva. Ojalá el TSE fortalezca esta unidad jurisdiccional y no tengamos problemas el próximo año.
¿Qué hay sobre la posibilidad de ir a elecciones sin Sala de lo Constitucional?
Es un riesgo muy grande por el tipo de sistema. En otras latitudes la Constitución da a los tribunales electorales la última palabra en materia electoral. En El Salvador, la Constitución le da al Tribunal la máxima autoridad en su materia, salvo cuando hay violación de derechos fundamentales, los cuales son atribución de la Sala. Si se diera problemas de violación a derechos constitucionales, quedaríamos desamparados. Un caso concreto fue en 2015, cuando la Sala ante las inconsistencias de las actas, ordenó repetir el conteo de San Salvador. Cuando se hace el recuento surgen 20,000 votos no registrados y todo por una sentencia de la Sala.
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Sí hay un riesgo grande y los partidos políticos deberían ser conscientes de ello, sobre todo los que tienen mayores probabilidades de pasar a segunda vuelta si es que hay.
Lo importante es que seamos conscientes de esa situación y ojalá pronto esta situación que nos lleva a una penosa situación a nivel mundial de incumplir el estado de derecho se resuelva.