Según noticia publicada el sábado 22 de noviembre en este rotativo, “La Procuraduría General de la República (PGR) habría logrado que más de 4,700 personas que enfrentan procesos judiciales en el marco del régimen de excepción los continúen en libertad, esto con las solicitudes de revisión de medidas que ha impulsado con su cuerpo de defensores públicos. Así lo explicó René Escobar, titular de la PGR…” Hay que saber el beneficio de continuar el procesamiento en libertad se concede a personas de cuyos expedientes resulta que no hay razón para que se encuentren en detención. El Procurador agrega que la PGR “tendrá un presupuesto de $35 millones en 2026 de los cuales $24.4 son para remuneraciones y prevé la continuidad de sus programas de atención”.

Estas son buenas noticias porque, actualmente, conseguir que un “detenido bajo el régimen” obtenga medidas alternativas a la prisión es cosa muy, muy difícil. Sin embargo, por buenas que sean estas noticias hay que ver sus limitaciones. Como el Procurador no indica en cuanto tiempo se alcanzó ese logro, tomaremos el plazo que se utiliza normalmente para presentar estadísticas, presupuestos, informes, etc., es decir un año.

A razón de 2.700 casos por año la PGR tomaría cinco años para lograr que 23.500 “personas que enfrentan procesos judiciales en el marco del régimen de excepción los continúen en libertad”. Si los casos se atienden comenzando por los más antiguos, o sea los capturados en 2022, estos habrán permanecido no menos de tres a cuatro años en prisión antes de que les digan “usted puede seguir su proceso judicial en libertad.” Ojo: no se les está decretando plena libertad, solo autorizándoles a estar fuera de la cárcel mientras se siguen sus procesos judiciales. Estas personas siguen en zozobra ante una eventual condena.

Este paso en dirección correcta es corto y lento por la gran cantidad de casos que lleva cada defensor público, pero hay forma de aligerarlo. El Procurador declaró que “que la PGR tendrá un presupuesto de $35 millones en 2026 de los cuales $24.4 son para remuneraciones y prevé la continuidad de sus programas de atención”. Ese .4 (punto 4) significa 400 mil dólares. Contratando por un mes a 333 abogados con $1.200 de honorarios cada uno resulta: 333 por $1.200 igual $399.200. Así es que con el .4 alcanza (punto 4 = $400 mil).

Examinando 5 expedientes por día, 5 días por semana, 333 abogados podrían revisar 33 mil 300 expedientes en un mes (5x5x4x333=33.000). La tarea de esos abogados sería simple: identificar y separar los expedientes de cuya información resulte que se trata de “personas que enfrentan procesos judiciales en el marco del régimen de excepción (que califican para que) los continúen en libertad.” Su tarea no sería complicada: nada de elaborar sesudos escritos de defensa, nada de investigación doctrinaria, ni elaboración de jurisprudencia, ni siquiera estadísticas.

Con esa información, luego de verificarla, el cuerpo de defensores públicos de la PGR podría presentar en breve tiempo las correspondientes solicitudes de revisión de medidas, como informa el Procurador, y así, talvez, lograr en poco tiempo que miles de personas continúen sus procesos en libertad aliviando la vida de cientos, miles, de familias. Desde luego, esto posibilidad supone la colaboración del Órgano Judicial -Tribunales contra el crimen organizado- facilitando la consulta de expedientes y, como todo, la anuencia del Supremo Gobierno de la República.

El Procurador dijo que la PGR “prevé la continuidad de sus programas de atención”. ¿Qué programa de atención puede ser mejor que (intentar) devolver la libertad -aunque sea condicional- a más de 30 mil personas “que enfrentan procesos judiciales en el marco del régimen de excepción” que bien podrían continuarlos en libertad? ¿Qué mejor programa de atención que llevar tranquilidad -aunque sea condicional- a más de 30 mil familias que se reunirían luego de 3, 4 o 5 años de separación?

Y para no dejar dudas: No se propone aquí dejar en libertad condicional a ningún delincuente ni a ningún sospechoso. La propuesta alcanza únicamente, como declara el Procurador, para “que personas que enfrentan procesos judiciales en el marco del régimen de excepción los continúen en libertad”, lo que significa que sobre esas personas no hay indicios de delincuencia ni peligrosidad.

Esta idea puede ser criticada por no ir a la raíz del problema: la violación de cabo a rabo en cada caso del debido proceso, o porque no señala que el procesamiento en libertad debe ser la regla y no la excepción como ocurre actualmente, y por otras muchas razones. Las críticas tendrían razón. Esta es una propuesta minimalista, humanitaria, que intenta llevar un poco de alivio a miles de familias y que, indirectamente, cuestiona la voluntad del Estado de reparar, aunque sea parcialmente esos errores.

Abogado