La migración laboral o circular es entendida como un mecanismo de movilidad humana en el que trabajadores viajan temporalmente a otro país, con autorización y bajo un contrato definido, para luego regresar a su lugar de origen. Se le ha denominado un modelo del “triple win” o “triple victoria”: gana el país receptor que cubre su demanda de mano de obra, gana el país de origen que recibe remesas y nuevos conocimientos, y gana el trabajador que accede a ingresos y habilidades que de otra manera le serían imposibles.

Para El Salvador, la movilidad laboral se ha convertido en una bandera de promoción internacional, sobre todo en los últimos cinco años, donde el Ministerio de Trabajo ha tomado protagonismo en la búsqueda de acuerdos bilaterales y programas de contratación en países como Estados Unidos, Canadá y España.

Sin embargo, no podemos perder de vista las limitaciones. Los datos oficiales muestran que, aunque miles de personas han logrado acceder a programas de empleo temporal, estas cifras siguen siendo mínimas frente a la magnitud de la demanda nacional. Se estima que más de 300,000 salvadoreños buscan oportunidades laborales fuera del país cada año, mientras que los programas de movilidad apenas han beneficiado a unas pocas decenas de miles en la última década. Es un impacto positivo, sí, pero aún inalcanzable para la mayoría.

Además, persisten historias de prácticas abusivas en la contratación laboral. En Guatemala y México se han documentado casos de cobros ilegales, engaños en las ofertas de trabajo y condiciones laborales precarias que contradicen el espíritu de la movilidad ordenada. Estos riesgos deben alertarnos para que El Salvador fortalezca sus mecanismos de control y acompañamiento.

El rol del Ministerio de Trabajo debe ser protagónico en al menos cuatro niveles estratégicos:

1. Ampliar el horizonte de oportunidades.  No limitarse a Norteamérica, sino negociar acuerdos con Europa, Asia y países de Sudamérica que demandan mano de obra en diversos sectores.

2. Promoción territorial:  Llevar la información a todos los rincones del país, incluso a las comunidades más apartadas, para identificar y preparar a quienes buscan empleo en el exterior.

3. Acompañamiento ético de los procesos de contratación:  Asegurar que cada trabajadora y trabajador tenga garantizados sus derechos laborales y sociales en destino.

4. Gestión del retorno:  Facilitar la incorporación laboral, productiva, empresarial y financiera de los retornados, aprovechando sus experiencias, capacidades y recursos.

Con una estrategia clara de alianzas entre el Estado, organismos internacionales y ONG con experiencia, es posible acercarnos a la portabilidad universal de los derechos laborales, como lo promueve la OIT. Este enfoque permitiría que las y los migrantes puedan conservar sus beneficios sociales, jubilaciones y aportes aun cuando cambien de país.

Si bien la migración laboral y circular representa un paso adelante hacia la migración ordenada, debemos ser realistas: la capacidad instalada aún no responde a la magnitud del problema. La verdadera solución está en transformar nuestros municipios en espacios de oportunidades y seguridad integral: social, financiera y civil. Solo así podremos garantizar que la migración sea una opción y no una obligación desesperada.

El Salvador tiene ante sí la posibilidad de convertir la movilidad laboral en una política de Estado, basada en la ética y la dignidad humana.

El desafío es grande, pero el futuro de miles de familias depende de cómo enfrentemos este reto hoy. En este contexto surge la necesidad de construir un modelo ético de contratación, sin engaños, sin abusos y sin explotación. Este principio busca establecer reclutamientos éticos que garanticen transparencia en los procesos, respeto a los derechos humanos y condiciones laborales dignas. 

Director de Asociación Agenda Migrante El Salvador