Ver a personas privadas de libertad, vistiendo uniforme amarillo y vigiladas por custodios, trabajando en obras públicas es cada vez más frecuente en el país. También aparecen frecuentemente en noticias periodísticas y en redes sociales gubernamentales. En las últimas se usan para mostrar la «mano dura» del régimen, que no solo ha encarcelado a delincuentes, sino que los pone a trabajar, obligándolos a resarcir a la sociedad por los delitos cometidos. El fenómeno se ha vuelto cotidiano, pero muy poco se sabe sobre cómo funciona y cómo beneficia a los involucrados, que no son solo los privados de libertad, también se beneficia el gobierno, pero seguramente también terceros, por ejemplo, las empresas contratadas para las obras.

En general, la reacción de la población es de satisfacción cuando no de morbosa complacencia. Mucho ha calado el discurso vengativo que fluye desde el gobierno en contra de los presidiarios. Se juzga a todos de mala manera y se aplaude cualquier medida que vaya en su contra, ya sea un duro régimen carcelario, la prohibición de visitas, la mala alimentación u obligar a los familiares a dotarlos del famoso «paquete» con insumos básicos. Solo unos pocos se cuestionan sobre la opacidad que rodea al sistema penal y sobre el deber del Estado de garantizar un mínimo de respeto a los derechos de los privados de libertad.

En principio, el trabajo penitenciario está considerado en la Constitución. El art. 27 establece que «El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos». La Ley Penitenciaria desarrolla con más detalle. El art. 106 establece que este deberá crear y fomentar hábitos laborales que favorezcan su rehabilitación y que con ese trabajo se dotará de recursos económicos a los internos. En principio este trabajo estaba limitado a los condenados, pero una reforma permite que los detenidos provisionalmente trabajen «a sus expensas o con particulares».

Ahora bien, el art. 109 establece taxativamente que ese trabajo «deberá ser siempre remunerado. La remuneración no podrá ser menor al salario mínimo establecido». Además, el trabajo penitenciario tiene efecto de redención de pena, en razón de «dos días de pena por un día de labor efectiva» (Art. 105-A). Sin embargo, penados por ciertos delitos, asociación ilícita, por ejemplo, están excluidos del trabajo penitenciario.

Pareciera entonces, que hay un marco legal regulatorio. Lo que no queda claro son las condiciones en que se implementa. Por ejemplo, ¿se cumple con el pago de salarios que establece la ley?, de ser así ¿quién y cómo se administra ese dinero? A menudo los presidiarios trabajan en proyectos de la DOM e incluso en otros contratados por empresas privadas. ¿Ese trabajo se refleja en las cuentas de esos proyectos? Muchos privados de libertad trabajaron en el Estadio Mágico González, previo al concierto de una cantante colombiana. ¿A quién se le cargaron esos costos, al erario público o a la empresa organizadora? El listado de preguntas podría alargarse y difícilmente se tendrá respuesta. Es bien sabido que la transparencia y la rendición de cuentas no son virtudes de este gobierno.

En diciembre pasado, el presidente aseguró que se había capturado a un 95% de los pandilleros. ¿De dónde saca el dato? Según él, los remanentes podrían estar inactivos, escondidos o huyendo. Es decir, ya no representan un peligro mayor. Sin embargo, se sigue prorrogando mecánicamente el estado de excepción. El diputado Caleb Navarro, que no se distingue por su brillantez de ideas, dijo que ellos aprobarán el régimen de excepción hasta que todos los pandilleros estén «condenados en el sistema judicial y que no vuelvan a ver la luz del día». Si le tomamos la palabra, tendremos estado de excepción perpetuo. Su memorable afirmación contiene tres elementos: capturar al etéreo 5% de pandilleros de que habla el presidente, enjuiciarlos y condenarlos a todosy garantizar que ninguno de ellos «vuelva a ver la luz del día». Por separado son difíciles de lograr, juntos sería imposible. Realmente brillante el diputado.

Estado de excepción y trabajo penitenciario serían dos de las acciones gubernamentales que apuntalan la popularidad presidencial. Habría que ser muy obtuso de mente para negar que a su modo reportan beneficios al país. El primero fue clave para reducir los índices de violencia. No por las capturas masivas, que bien podían hacerlas la PNC y el ejército — ya lo habían hecho —, sino por las reformas a los procesos judiciales. Todos sabemos, la cantidad de abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos. El presidente dice que son daños colaterales mínimos y a la población no le importa. El segundo da oscuros beneficios económicos al Estado y a «terceros» y da una morbosa satisfacción a todos los que resienten agravios delincuenciales reales o imaginados. Incluso podría beneficiar a los privados de libertad con reducción de penas, ojalá con algún ingreso económico, amén de «ver la luz del sol» mientras trabajan. No sé si esto alegrará al diputado Navarro que gusta más de la oscuridad.

Sin embargo, reconocer aciertos no exime del derecho y la responsabilidad de señalar vicios y errores. Al margen de los oscuros antecedentes del régimen de excepción, de sus bien documentados abusos, podríamos convenir en que fue efectivo, quizá necesario. Pero ya no hay razón objetiva para mantenerlo. Al menos no vinculada directamente con el tema seguridad, que las razones políticas son otra cosa. Que el trabajo penitenciario tiene elementos positivos, es obvio. Es más, debiera promoverse más. Pero de manera transparente; que sepamos cuántos reos participan, en qué proyectos, cuánto ganan. Y, ¿por qué no?, cuántos han salido de la cárcel antes porque trabajando se les redujo la pena. Lo que no debe aceptarse es la perpetuación del régimen de excepción, que a estas alturas, funciona más como instrumento de control social y de amenaza para la oposición política y para cualquier ciudadano al que se le violan sus derechos, pero no se atreve a denunciar y protestar porque puede terminar en la cárcel.

Historiador, Universidad de El Salvador