En los últimos días, el debate internacional sobre la situación de derechos humanos en El Salvador ha vuelto a aparecer en distintos foros, luego de que el Grupo Internacional de Expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en el marco del Estado de Excepción (GIPES) presentara un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante las Naciones Unidas. Dicho informe plantea cuestionamientos sobre la aplicación del régimen de excepción en el país. Más allá de las distintas interpretaciones que puedan haber sobre ese informe, es necesario analizar el tema con serenidad y con una mirada equilibrada.
El Salvador vive una transformación profunda en materia de seguridad pública y cualquier análisis responsable debe reconocer una realidad que para millones de salvadoreños es evidente: la implementación del régimen de excepción ha significado la salvación de miles y miles de vidas humanas. Durante décadas, el país sufrió uno de los niveles de violencia más altos del mundo. Las pandillas controlaban barrios completos, imponían extorsiones, reclutaban jóvenes, asesinaban con brutalidad y obligaban a miles de familias a vivir bajo un régimen de terror.
Muchas comunidades estaban sometidas a verdaderas estructuras paralelas de poder donde la ley del Estado simplemente no existía. En ese contexto, la decisión del Estado de adoptar medidas extraordinarias para enfrentar a estas estructuras criminales representó un punto de inflexión histórico. Desde la implementación del régimen de excepción, las cifras de homicidios han disminuido drásticamente y muchas comunidades han recuperado una tranquilidad que durante años parecía imposible. Cuando se habla de seguridad pública, no se habla únicamente de estadísticas.
Se habla de vidas humanas que no fueron arrebatadas por la violencia, de niños que ahora pueden caminar hacia la escuela sin miedo, de familias que pueden volver a reunirse en parques o iglesias sin temor a quedar atrapadas en un territorio controlado por el crimen. Este aspecto debe reconocerse con honestidad. La protección de la vida es uno de los principios fundamentales de cualquier sociedad. De hecho, la Biblia lo establece con claridad en Romanos 13:3-4: «Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo… porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo».
Este pasaje recuerda que el Estado tiene una responsabilidad legítima: proteger a la sociedad y castigar a quienes hacen el mal. En ese sentido, la lucha contra las estructuras criminales que durante años sembraron violencia en El Salvador forma parte de esa responsabilidad de proteger a la población.
Sin embargo, junto a este logro en materia de seguridad también existe un desafío que debe atenderse con responsabilidad jurídica y humana. Según datos oficiales, aproximadamente 89,000 personas han sido detenidas desde el inicio del régimen de excepción, muchas de las cuales son efectivamente miembros o colaboradores de estructuras criminales que durante años participaron en delitos graves contra la población: homicidios, violaciones, extorsiones, desapariciones y múltiples formas de violencia que marcaron profundamente a la sociedad salvadoreña. Pero también es cierto que en procesos de gran escala pueden producirse errores. Las propias autoridades han reconocido que más de 8,000 personas han sido liberadas después de verificarse que no tenían vínculos con estructuras criminales.
Este dato demuestra que el sistema tiene la capacidad de corregir errores y revisar casos cuando corresponde. Al mismo tiempo, indica que el proceso de revisión debe continuar fortaleciéndose para garantizar que ninguna persona inocente permanezca detenida injustamente. La justicia verdadera siempre debe sostener dos principios al mismo tiempo: castigar al culpable y proteger al inocente. La Biblia también aborda este principio de manera directa. En Éxodo 23:7, dentro de las normas de justicia dadas al pueblo de Israel, se establece: «De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no justificaré al impío».
Este texto contiene una enseñanza profunda sobre la justicia: Dios no absuelve al culpable, pero tampoco permite que el inocente sea tratado como culpable. La justicia verdadera requiere equilibrio, verdad y prudencia. Ante ese escenario propongo que se considere la creación de una Comisión Nacional de Revisión de Casos, cuya finalidad sea analizar técnicamente aquellas detenciones en las que existan dudas razonables o solicitudes de revisión.
Esta comisión podría estar integrada por juristas, defensores públicos, académicos, representantes del sistema judicial y observadores que trabajen con criterios estrictamente jurídicos. Su tarea sería revisar expedientes, analizar pruebas, verificar arraigos familiares o laborales y determinar si existen fundamentos suficientes para mantener un proceso penal o si corresponde otorgar la libertad.
Un mecanismo de este tipo permitiría revisar los casos de personas que llevan largos períodos detenidas sin haber enfrentado aún un juicio o sin haber podido ejercer plenamente su derecho a la defensa. La revisión técnica de estos expedientes no debilitaría la política de seguridad; por el contrario, fortalecería su legitimidad institucional.
La experiencia internacional demuestra que las políticas de seguridad más sólidas son aquellas que combinan firmeza frente al crimen con garantías claras de justicia. Además, la creación de una comisión permitiría dar seguimiento ordenado a los casos que requieran revisión, evitando que posibles errores se prolonguen innecesariamente en el tiempo. Otro principio bíblico refuerza esta idea de justicia equilibrada. En Deuteronomio 16:20 se establece: «La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.»
Este pasaje enfatiza que la justicia no debe aplicarse de manera parcial o improvisada, sino con constancia, integridad y compromiso con la verdad. Aplicado al contexto actual de El Salvador, este principio invita a continuar fortaleciendo las instituciones para que la seguridad alcanzada se consolide dentro de un marco cada vez más sólido de justicia. El país ha logrado avances importantes en la reducción de la violencia y en la recuperación del control territorial. Miles de salvadoreños pueden hoy vivir con mayor tranquilidad, algo que durante muchos años parecía inalcanzable.
Pero junto a ese logro también existe la oportunidad de demostrar que seguridad y justicia pueden caminar juntas. Revisar los casos de personas detenidas que puedan ser inocentes no significa debilitar la lucha contra el crimen. Significa fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que cada persona sea juzgada conforme a la verdad y a la ley. En última instancia, el objetivo debe ser claro: mantener la paz que hoy experimenta el país, mientras se asegura que ningún inocente permanezca privado de libertad por un delito que jamás cometió.
Ahora bien, El Salvador ha dado pasos firmes para recuperar la seguridad y salvar miles de vidas, y ese logro merece ser reconocido. Pero la verdadera fortaleza de una nación también se demuestra cuando su sistema de justicia tiene la sensibilidad y la valentía de revisar los casos en los que puede haberse cometido un error.
Porque una cosa debe quedar clara: ningún inocente debería permanecer en prisión por un delito que jamás cometió. Cada caso revisado con justicia no debilita al Estado; al contrario, lo honra y lo fortalece. La Escritura nos recuerda en Proverbios 31:8: «Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos».
Una nación verdaderamente justa es aquella donde el culpable responde por sus delitos, pero el inocente vuelve a casa con dignidad.
Abogado y teólogo
