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Ruralidad: condiciones de más pobreza y menos oportunidades

Las condiciones de vivienda de los hogares rurales son precarias. Sólo un 60% cuenta con paredes de concreto o mixto.

Por: Rafael Lemus

Las condiciones en la zona rural son claramente más precarias y desventajosas. Esta población ve reducidas sus oportunidades de progreso.

 ¿Cómo viven los salvadoreños en las zonas rurales?

 Hablamos de una zona rural atrasada. Pero, ¿qué tanto lo está con respecto a su contraparte urbana?

La percepción que se tiene en general es que las zonas rurales tienen menor nivel de bienestar o son más pobres comparadas con grupos que residen en zonas urbanas. No obstante, la medición de pobreza monetaria para 2023 determina magnitudes bastante similares, de 28.3% y 26.5% para hogares rurales y urbanos, respectivamente.

 Los expertos han logrado desarrollar dos metodologías para estimar la pobreza en poblaciones.

 El primero es el de la pobreza monetaria, que se define por un corte entre pobres y no pobres. Lo hace a través de la línea de pobreza, que establece una relación entre ingresos por hogar y el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

 Una familia es pobre cuando sus ingresos no le permiten adquirir el doble de la CBA. En esta metodología, se distinguen dos subcategorías de pobreza: La relativa (incapacidad de adquirir dos CBA) y extrema (insuficiencia para comprar una sola). La pobreza monetaria es la suma de ambas subcategorías.

 De forma implícita, una CBA es únicamente cobertura de alimentos. Dos de estas se constituyen por la comida y por el resto de bienes necesarios, como vestuario, medicinas, vivienda, transporte, comunicaciones y otros.

 Estimar la pobreza monetaria es menos complejo relativamente. El esfuerzo implica determinar solamente el ingreso por hogar y el precio de la canasta básica. Sin embargo, no constituye una medida integral sobre el bienestar de un hogar: se puede ser capaz de adquirir dos CBA y, también, residir en una vivienda con piso de tierra, paredes de adobe, sin acceso a agua potable y no saber leer.

 La segunda metodología, la de la pobreza multidimensional, procura contar con una medición integral de las condiciones de vida o bienestar del hogar. Para nuestro país, se define como pobre a un hogar que tiene 7 o más privaciones de un total de 20 variables, las cuales están agrupadas por su naturaleza en educación, condiciones de vivienda, trabajo y seguridad, salud y servicios básicos, y calidad de hábitat.

En El Salvador, a pesar de sus diferencias, la más reciente estimación a nivel nacional de ambas metodologías (2023) no refleja una disparidad significativa. Son, por tanto, consistentes: la pobreza monetaria fue de 27.2% y la multidimensional de 25.1%. Pero en tendencia comparado con 2019 la primera se incrementa en 4.4 puntos y la multidimensional se reduce en 3.1 puntos. El consenso internacional es que la mejor foto de pobreza es la multidimensional, pero es la que menos se utiliza en general. Para diseñar políticas y resultados basados en evidencia debería ser la carta de navegación.

No obstante, la pobreza multidimensional rural es sustancialmente superior con respecto a la urbana, 40% de hogares contra 16%. El resultado es consistente con la percepción y lógica de la mayor precariedad de la población rural comparada con la urbana.

 A nivel nacional se reporta los resultados más precarios en indicadores, como: atención primaria en educación y perfil educativo de adultos, hacinamiento y material no apropiado en paredes y pisos de las viviendas, subempleo e inseguridad laboral, falta de acceso a seguridad social, falta de acceso a agua potable y saneamiento, y escasez de espacios públicos de esparcimiento.

 Comparto un cuadro adjunto comparativo rural y urbano de variables que corresponden a las categorías de la medición multidimensional, aunque no todas forman parte de la metodología, el gobierno no publica cifras de pobreza rural y urbana bajo este método. Y dedicó unas líneas al componente de educación, condición de vivienda y servicios básicos, todos relevantes en una política pública sustentada en evidencia.

 Los estudiantes rurales completan, en promedio, 5.6 grados. En las zonas urbanas, la media es de 8.3 grados. Con este panorama, el joven en el campo contempla como sus únicas oportunidades el migrar u obtener un empleo formal con salario mínimo, pero tiene una gran desventaja para obtenerlo frente a su contraparte urbana.

 La mejor inversión en educación, según los expertos, es en la infancia, en la cual se desarrollan las habilidades del conocimiento. Constituye la base que permitirá apilar las demás capas en el futuro. Uno que no es alentador para los niños en la zona rural.  El dato para 2023 es que el 29% de los infantes de entre 6 y 9 años en la zona rural no había aprobado ningún grado de escolaridad. Son 126,000 niños en esta condición sólo en ese grupo etario. El gobierno tiene un enorme desafío en la atención primaria. Un fracaso en este tema significa desigualdad de largo plazo.

 La suerte de los adultos es peor: entre las personas mayores de 50 años, un 39% no había aprobado ningún grado escolar. El porcentaje en las urbes es de 17%. Este fenómeno estructural es herencia de los gobiernos militares, porque son los niños que iniciaron clases de primer grado antes de 1973.

 Las nuevas tecnologías tienen muchos beneficios, pero generan una ampliación de brechas de conocimiento. Nuestro caso apunta a ello. En 2023, sólo un 14% de los hogares rurales disponían de acceso a internet. En el grupo urbano, fue el 51%.

 Las condiciones de vivienda de los hogares rurales son precarias. Sólo un 60% cuenta con paredes de concreto o mixto (4 de cada 10 son de otros materiales, como adobe, lámina y desechos). El 24% tiene pisos de tierra y el hacinamiento se experimenta en 1 de cada 2 viviendas. Las condiciones de las viviendas en la zona urbana reflejan el progreso en términos relativos, de la industria, comercio y servicios que se gestó en las últimas 7 décadas. En otras palabras, la pobreza rural tiene raíz estructural asociado a la dinámica económica.

 Los servicios básicos son menos accesibles para los hogares rurales. Un 41% de las personas que se enfermaron no consultaron a un médico y un 30% no cuenta con sistema de cañería propio para acceso de agua potable. Solo el 2% de los hogares posee inodoro conectado a alcantarilla.

 Los sectores de agua potable y saneamiento están calificados como áreas de inversión para beneficio de los hogares, pero los gobiernos en nuestro país se han acostumbrado dejarlos relegados.

¿Cómo progresar reduciendo la pobreza que tiene mayoritariamente rostro rural?

 El país no tendrá estabilidad económica y social sin mayor progreso relativo en lo rural. La solución pasa por una economía que crezca fuerte y estable. 

 El gobierno ahora puede tener las mejores intenciones del mundo, pero no tiene estabilidad fiscal. Supervisado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), está empeñado en recortar gastos e incrementar ingresos, para bajar el nivel endeudamiento que está en ruta insostenible. Tiene, por tanto, un espacio limitado para atender las condiciones de los pobres. 

 El ajuste fiscal en ejecución conduce a menores servicios de salud y educación, la cirugía mayor se ha concretado en esos sectores. El gobierno procura hacer más y mejor con menos recursos, un resultado adverso lo pagarán los pobres.  La estabilidad fiscal también está amarrada a la reforma de pensiones. El escenario realista de estos ajustes es que sin medidas compensatorias –que no se aprecian- las condiciones de educación, salud, trabajo y seguridad social de los pobres se seguirán deteriorándose.

En su plan el gobierno y el FMI apuestan que podrán ejecutar el ajuste, crecer lento y no afectar la situación de pobreza. El tiempo dará resultados. Por lo visto hasta el momento los pobres tienen más riesgo de ver deterioradas sus condiciones.

Economista de La Lupa, Observatorio El Salvador en formación

Rafael Lemus
Rafael Lemus