Los acontecimientos que vivimos nos permiten observar un profundo desprecio por la historia: en algunos casos se la desconoce, en otros se la rechaza, y se llega incluso al extremo de descalificarla, adulterarla o negarla. Vemos imágenes de extravagancia que, con el tiempo, resultarán altamente perjudiciales y tóxicas para todos. Se desprecia el pasado, olvidando que en el siglo XX sobrevivimos a totalitarismos, conflictos internos, guerras y a muchos mesías que arruinaron a sus pueblos prometiendo un «nuevo orden».

El orden tiene como base el Estado de derecho, la democracia liberal y el respeto a los derechos individuales. Cometemos el error de reducir la democracia al simple ejercicio del sufragio cada cierto tiempo, cuando esa es solo una parte —y no la más completa— de su expresión. La salud de una democracia se mide por la libertad de expresión sin miedo y por la certeza de que la discrepancia no estará acompañada de represión. «No administremos el fracaso». Hago un llamado a recuperar el debate público.

Para que una sociedad crezca, requiere mentes despiertas y pensamiento crítico, que florecen en un ambiente donde la diversidad de opiniones es un motor de crecimiento y no una amenaza al orden establecido. Un silencio impuesto jamás será sinónimo de estabilidad; es, en realidad, una forma de estancamiento social. El mayor activo para progresar es abrazar la pluralidad como una de nuestras mayores fortalezas.

Llegado el 2026, tengo la sensación, al mirar el pasado, de que la historia se ha convertido en un espejo incómodo de nuestra realidad: distintas personas tropezando con la misma piedra. Lecciones no aprendidas.

A nuestro alrededor —en la región y en el continente—, al contrastar la realidad con el pasado, cuesta reconocerla. Y no porque sea nueva, sino porque, tanto en democracias en desarrollo como en aquellas consideradas plenas, resurgen fenómenos que creíamos superados, ahora bajo nuevos nombres y narrativas distintas. No hay nada que inventar: existe un orden jurídico que debemos preservar. De lo contrario, caminaremos hacia la profundidad de la jungla, donde cada uno hace lo que le place, todos contra todos, promoviendo el «sálvese quien pueda», la ley de la selva y conflictos interminables.

Veo el camino hacia una crisis más profunda y peligrosa. Hay un espacio enorme entre lo que se dice y lo que se hace. La verdad se tergiversa, se manipula, se miente, y lo más sorprendente es que una gran parte de la sociedad convive con ello como si nada. «Un error cometido más de una vez es una decisión. Un error cometido más de dos veces es un hábito. Y un error cometido más de tres veces se convierte en el problema.»

Pregunto: ¿es verdad que todas las opiniones son respetables? Muchos me dicen que sí. Pero no. Lo respetable es el derecho a exponer una opinión sin inquisición ni persecución. La respetabilidad de una opinión depende de su contenido. Puede haber opiniones estúpidas, blasfemas, injustas, racistas o sofistas. No es que deba respetarla solo porque es tu opinión. No. Se respeta o no se respeta. Debemos ejercitar el debate y el sentido crítico. Así como antes se decía que «todo el mundo es bueno», ahora se afirma que «todas las opiniones son buenas». No lo son. Para tomarlas en serio, deben estar acompañadas de argumentación. De lo contrario, hay que hacer con ellas lo que decía un filósofo:

«La verdad, sí. Tu verdad, no. La verdad, vamos juntos a buscarla; la tuya, guárdatela.»

Estamos normalizando la tendencia al agravio y concebimos la política y el debate como un campo de batalla donde todo vale. En la vida es necesario tener límites. La burla y el insulto, acompañados de la amenaza, no son liderazgo; tampoco autoridad. Permitir que el insulto sea el lenguaje cotidiano de quienes participan en la discusión pública o detentan poder nos hace perder a todos y marca el inicio del deterioro institucional. (Adversario, sí. Enemigo, jamás). Retomar el debate para restaurar la justicia no es debilidad política; es un acto de valentía. No temamos sacudir la conciencia jurídica.

ESTO NO ES TODO. En el ámbito jurídico, observo una crisis de identidad.

La libertad de expresión no es producto de la democracia; es condición para su existencia. Sin libertad de expresión no hay democracia. Esta, junto con la discusión abierta, nos permite llegar a mejores decisiones. Cuando se castiga al que opina, nos alejamos cada día más de la democracia y nos acercamos a la toma de malas decisiones.

Se aplican medidas cautelares que parecen más un trámite administrativo que una verdadera cautela selectiva. Se abren procesos, se prorrogan, se suspenden; se celebran audiencias sin audiencia; las resoluciones, al leerlas, no dicen nada y parecen más una salida fácil que decisiones fundadas. «Prima el empirismo.» No es posible que, porque a un individuo se le ocurra, ordene por decreto que el atardecer sea en la madrugada, que cerrando hospitales se terminen las enfermedades o que cerrando cementerios desaparezcan los muertos, «les guste o no les guste».

El debido proceso es un derecho fundamental: garantiza una defensa justa y el derecho a ser escuchado. Sin su aplicación práctica, no existe justicia real. Su vulneración implica el riesgo de condenar inocentes, permitir abusos de poder e ignorar derechos fundamentales. Gracias a él tenemos derecho a una defensa justa, a ser oídos por un tribunal o autoridad competente, a un juicio equitativo, a la presunción de inocencia y a no ser tratados como culpables sin sentencia firme. Implica contar con un juez imparcial, designado por una autoridad neutral; ser informado de los cargos y que la prueba sea legítima y conforme a la ley.

La legalidad es la base de todo Estado de derecho. Personas, autoridades y gobiernos deben actuar conforme a la ley; nadie está por encima de ella. Cuando la ley no existe o se deja de lado, quien detenta poder —persona, autoridad o juez— hace lo que quiere, sin límite alguno, generando caos. El principio de legalidad lo evita, estableciendo que solo puede hacerse lo que la ley permite y sancionando lo que prohíbe. Es una protección frente a los abusos del poder. Nadie puede ser castigado sin una ley previa. Esto es certeza jurídica para toda la sociedad: no pueden existir inventos de un día para otro. Para que exista confianza entre las personas y el Estado, debe haber causas justificadas para actuar. Nadie puede detener a otro por simples sospechas; deben existir reglas claras.

En 2025 se reformó nuestra Constitución en diez artículos; ocho de ellos con dispensa de trámite, sin estudio ni discusión. ¿Legitimidad?

Tengo un rechazo y un desacuerdo legítimos frente a este accionar institucional. Mi vida, como hombre mayor que llega a la vejez, me ha permitido ver muchas tomas de atajos sin responsabilidad. Defender la democracia y la libertad no es un delito. Luchar por mejorar el país no debe significar aplastar a quien piensa distinto.

«Las personas inteligentes aprenden de todo. Las personas normales, de sus experiencias. Los necios lo sufren en carne propia.»

La historia no duerme. Y nos vigila.

General (r) de la Fuerza Armada de El Salvador